Los caminos de la policía comunitaria
A 10 años de iniciado el proceso de formación de policías comunitarias en el estado de Guerrero, decidieron hacerse presentes en espacios universitarios y de debate para mostrar su experiencia con una franqueza digna de encomio.
En las mesas realizadas en la UNAM analizaron las etapas por las que han pasado y que los han llevado a constituir un auténtico sistema de procuración y administración de justicia comunitaria. En realidad estamos hablando de un proceso de reconstitución de los pueblos indígenas y de su gobierno en el entendido siempre presente de que asumimos la cultura como algo dinámico y no como foto fija de hace 513 años.
Gracias al esfuerzo de sistematización expresado por este singular liderazgo indígena, sabemos que decidieron apellidarse "comunitarios" para que se pueda juzgar a las personas que irrumpen en su territorio y delinquen independientemente de que sean o no indígenas; por ello, la coordinadora regional de autoridades indígenas ahora termina con "comunitarias".
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunita-rias (CRAC), que, bien nos aclaran, administra justicia, porque para vigilar caminos y detener delincuentes tienen a la policía comunitaria, al explicarnos sus nuevas estructuras destaca su carácter colegiado, con seis comisarios que se vigilan unos a otros para evitar que a cualquiera "le crezcan las uñas" y, si llega a pasar, de inmediato lo mandan al proceso de reducación, singular manera de llamar a lo que el Estado nunca ha logrado, que es la readaptación social.
Si uno los ve con los lentes de la experiencia zapatista encuentra que, al igual que ellos, los comunitarios constituyen hoy por hoy un auténtico desafío al Estado, el cual se justifica en la propia ineficacia estatal y en su histórica falta de legitimidad al haber excluido de su Constitución a los pueblos indígenas. Pero no sólo eso, algo que debemos reflexionar con cuidado es el hecho de que en ambas experiencias, si bien con notorias diferencias, existe el elemento armado de por medio como mecanismo de autodefensa que les permite entrar al terreno de la reorganización y reconstitución como pueblos. ¿Cuantas lecciones podría sacar de ello un Estado auténticamente democrático?
Detengámonos más aún, acerquemos el lente. Estos movimientos pacíficos tienen cual sombra protectora en el primer caso al EZLN, con las juntas de buen gobierno, y en el de la CRAC a la policía comunitaria, con armas tan simbólicas como las de los zapatistas, pero que permiten respaldar una labor de impartición de justicia y gobierno. No hay en el país un análisis más crudo de la ineficacia del Estado que éste, sobre todo porque no se queda a nivel de la denuncia, sino que pusieron manos a la obra y son pueblos que se organizan y en efecto sustituyen al Estado, pero no lo suplantan, porque se mueven con lógica de pueblos.
Los comunitarios asumen que juzgan delitos graves y además de paso dejan asentado que su proceso de reducación sí contribuye a restablecer tejido social mientras que "los ministerios públicos tienden a ver a los detenidos como fuente inmediata de ingresos".
Con lógica implacable nos explican cómo el paso por la procuración de justicia estatal los llevaba a un círculo vicioso, pues los presuntos delincuentes tendrían que endeudarse o vender sus bienes para salir de la cárcel y luego reincidían para recuperar lo perdido. Aquí es de anotar que persiste la valoración de que dar dinero para salir es sinónimo de corrupción y, sin embargo, en algunos casos ello puede implicar pagar una fianza, lo cual está en la ley. Pero no quedan ahí las semejanzas con la apertura zapatista: tenemos el caso de la redición del mandar obedeciendo, desde la experiencia guerrerense nos explican que la CRAC está sujeta a la asamblea de los pueblos y no son los pueblos los que están sujetos a la CRAC.
Un asunto claroscuro: llama la atención el reconocimiento que hacen de la relación menos mala que tuvieron con el gobernador Angel Aguirre Rivero, en cuyo gobierno recibieron algunas armas y compraron otras con sus recursos. A este periodo correspondería un relativo acercamiento con el 48 destacamento militar de la zona, que "les dio capacitación en dos ocasiones" a los policías comunitarios, lo cual, explican, los ayudaba que los grupos de poder local los vieran con "los grandes" (mesa UNAM, 22 de septiembre 2005). Esta situación contrasta con la polarización que se ha tenido posteriormente..
En las tensiones y altibajos que se observan en la relación con el gobierno estatal y el ejército encontramos que ha prevalecido la negativa a colocar el reconocimiento en términos de ejercicio de derechos, ante lo cual la CRAC no se amedrenta, pues simplemente pide respeto. Así que mi impresión es que aún viviremos una etapa de tránsito por el filo de la legalidad, pero siempre construyendo escenarios de legitimidad para el futuro.