Lo acusan de desapariciones durante la dictadura
Separan del cargo al jefe de la Gendarmería Nacional argentina
Buenos Aires, 26 de septiembre. El gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner separó de su cargo al jefe de la Gendarmería Nacional, Pedro Pasteris, al determinarse su posible responsabilidad en secuestros y desapariciones sucedidas durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en la zona fronteriza con Brasil, donde estaba destinado entonces.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, confirmó hoy esta decisión después de un fin de semana en que salieron a relucir nuevos datos sobre el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la finca La Polaca en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, donde habrían sido trasladados varios secuestrados en la frontera común con Brasil y algunos de ellos en la Operación Cóndor.
Pasteris fue director nacional de la Gendarmería desde noviembre de 2004, pero entre 1980-1983 estuvo a cargo de la Sección Puentes de Paso de los Libres. Se sostiene que no podía ignorar lo que hacían los gendarmes que detenían a las víctimas previamente "marcadas" por personas secuestradas y llevadas al lugar para reconocer a sus compañeros de militancia.
Son nueve los casos que investiga la justicia de Corrientes y todos están desaparecidos.
La sospecha en este caso -que deberá ser comprobada- impactó en el gobierno, ya que Pasteris había tenido hasta ahora una "conducta irreprochable" en su actual cargo, según dijo el ministro.
En 2004 Kirchner removió a 12 de los 16 comandantes de la Gendarmería y nombró a Pasteris jefe de esa institución de seguridad.
Por esos años de terror, muchos detenidos eran llevados a zonas fronterizas para reconocer a compañeros que intentaran salir o entrar. Desde una ventana oculta debían señalar si reconocían a alguien y lo detenían. En caso de que nunca señalaran a nadie desaparecían al "marcador".
Los abogados de Paso de los Libres, Eduardo Molina Giacchetti y Jorge Olivera, querellantes en la causa que investiga el centro clandestino La Polaca dijeron que trabajan sobre los oficiales de inteligencia del ejército que operaron en el lugar; "vamos a avanzar. No se puede soslayar la responsabilidad de ningún jefe".
La confesión, primero escrita en forma de anónimo, de un ex agente de inteligencia Carlos Waern, fue lo que dio la pista a la tarea comenzada hace 20 años por el abogado Molina Giacchetti, quien finalmente pudo descubrir dónde estaba ubicada la finca La Polaca, alquilada por el ejército y convertida en una cárcel clandestina, donde podría haber muchos más desaparecidos, incluso uruguayos y brasileños.
También se estima que algunos desaparecidos pudieron haber pasado por La Polaca pero fueron asesinados en otro lugar y que podría haber cuerpos enterrados en algunos sitios cercanos. El mayor adelanto logrado es que se haya confirmado la existencia de La Polaca, que no figuraba en ninguno de los informes anteriores sobre los crímenes de la dictadura.
Por estas horas el general Martín Balza, ex jefe del ejército y actual embajador en Colombia, salió a desmentir cualquier implicación en esos hechos. Balza, quien fue el militar que se encargó (en 1995) del mea culpa del ejército y de repudiar los crímenes de lesa humanidad cometidos, estuvo por los años 80 en Paso de los Libres. Balza aclaró hoy que en el lugar había tres dependencias del ejército, "que no tenían relación entre sí. Yo estaba en el Grupo de Artillería 3, que tenía tareas de acción cívica. No tenía vinculación sobre el puente, ni sobre el Area 243. En esa época estaban también actuando en el puente Gendarmería, Prefectura, Policía, y miembros de las demás fuerzas". Añadió que su unidad "no secuestró a nadie, y si mi hubiera enterado, lo hubiera denunciado (...) he colaborado con la justicia y lo seguiré haciendo".
En julio pasado en Montevideo, Balza reconoció la existencia de la Operación o Plan Cóndor durante las dictaduras del Cono Sur, destinada "a golpear los bolsones de resistencia contra esos gobiernos en toda la región" como informó este periódico en su momento.
También La Jornada informó sobre los nuevos datos que revelaban archivos descubiertos en una aduana en Paso de los Libres, que funcionó como centro de detención e identificación de militantes de izquierda en los años 70.
Según las declaraciones de Waern, del ex Servicio de Inteligencia del Ejército por ese centro clandestino de detención habrían pasado más de 200 militantes y dirigentes de la organización guerrillera peronista Montoneros, cuando él era guardia en el lugar. Este hombre relató también los tipos de torturas que se aplicaban y las ejecuciones que se realizaron en el lugar, y reveló que "uno de los responsables del llamado operativo murciélago (detección de militantes en la frontera) era el reconocido torturador Julio Simón o Turco Julián, perteneciente al Destacamento de Inteligencia Nº 123 a cargo del Coronel Javier Francisco Molina, quien está procesado junto a otros militares en la causa conocida como 'contraofensiva montonera', que investiga la desaparición de unos 20 militantes de esa organización.