Eso les pasa por ser religiosamente incorrectos
Al hostigamiento que padecen cerca de 70 familias de indígenas huicholes y evangélicas en Jalisco, tienen que agregar la incomprensión y hasta franca apatía con que su caso es tratado por autoridades estatales y federales. Aunque el tema ha recibido alguna atención de la prensa escrita, no ha levantado protestas en los medios políticos y civiles, que usualmente se solidarizan con quienes sufren vulneración de sus derechos humanos.
Hace poco más de un mes, en el norte de Jalisco, en la comunidad Agua Fría, municipio de Mezquitic, la mayoría católica tradicional hizo valer sus convicciones y prácticas comunitarias contra la minoría evangélica. Después de varios amagos de violencia y sanciones que dificultaban la vida cotidiana de los indígenas protestantes, éstos no tuvieron más remedio que salvar su integridad buscando refugio con sus correligionarios en el estado vecino: Nayarit. Los exiliados sostienen que su situación se debe a diferencias de tipo religioso que derivaron en conflicto en otros órdenes de la comunidad, como el de tenencia de la tierra.
Por su parte, los perseguidores argumentan que todo se debe a que la minoría disidente se niega a cumplir con tareas comunitarias y cooperaciones para algunas festividades. Nada más que da la casualidad que varias de esas tareas y las fiestas están ligadas a una identidad católica. Es decir, son prácticas que desde la óptica mayoritaria aparecen como naturales e incuestionables, pero que desde el otro ángulo son vistas como ajenas a una nueva identidad elegida y, por tanto, se tiene el derecho de renunciar a ellas.
Ante el problema la reacción de las autoridades jaliscienses ha sido lenta y torpe. El secretario de Desarrollo Humano de la entidad, Rafael Ríos Martínez, hizo declaraciones que reflejan su desconocimiento de la naturaleza del conflicto, el cual minimizó y, además, regateó a los perseguidos la causa de su éxodo. El funcionario dijo que "se tiene bien monitoreada" la situación de la comunidad donde tuvo lugar el problema. Pero la obligación de las autoridades no es andar monitoreando el caso, sino hacer que se cumplan las leyes que garantizan en nuestro país la libertad de cultos y los derechos que de ella se derivan. Lo cierto es que los huicholes religiosamente incorrectos siguen desarraigados de su comunidad de origen, mientras los funcionarios se deleitan en usar neologismos (yo monitoreo, tu monitoreas...) para tratar de explicar su pasividad, que es complicidad con los agresores.
En la monitoreada hermenéutica del secretario de Desarrollo Humano, el problema aludido tiene que ver "con tenencia de tierra y cuestiones comunales; para nosotros no es un problema de tipo exclusivamente religioso". Tal vez para él un tópico exclusivamente religioso sea que las diferencias entre huicholes tradicionales y evangélicos se circunscribieran a cuestiones meramente espirituales, como discurrir sobre la naturaleza de los ángeles y arcángeles, la posición idónea para hacer oraciones, el valor de las indulgencias, los alcances de las limpias que practican los chamanes, leer la Biblia con o sin libros deuterocanónicos y otros temas similares. El funcionario olvida, por no decir ignora, que en las sociedades tradicionales la diferenciación entre lo religioso y lo secular es muy tenue y en muchos casos inexistente. En ellas las creencias religiosas aglutinan las otras actividades de la comunidad y les dan sentido. Por lo mismo quienes dejan de compartir las creencias religiosas tradicionales pronto confrontan otras prácticas que parecieran no tener relación alguna con lo religioso, pero que en realidad son expresiones políticas, económicas y culturales perneadas, conformadas, por una creencia religiosa en particular, la católica, a la cual se le han agregado elementos de otras creencias indígenas.
Además de negarles que el motivo desencadenante de su situación sea religioso, Ríos Martínez prácticamente culpó de su desgracia a la minoría perseguida: "El problema principal es no cumplir con los propios compromisos que adquieren cada uno de los habitantes, ya que tienen un régimen especial en su tenencia de tierra, y como una segunda razón es el aspecto religioso, en virtud de que por este aspecto no cumplen con las obligaciones comunales" (El Universal, 16/8/05). Como no cumplieron, todo lo demás es consecuencia natural de su negativa. El funcionario pareciera decir a los afectados: "Crean lo que gusten, pero no lo expresen socialmente, mediante conductas que contradigan los valores ancestrales y tradicionales; ustedes no tienen derecho a cambiar de creencias, y si las cambian asuman las consecuencias que su rebeldía les ocasione".
Por último, el secretario Rafael Ríos hizo exhortos para que los huicholes vivan en armonía y fomenten la tolerancia entre ellos. Esos serían componentes de un buen sermón, pero a las autoridades gubernamentales les corresponde proteger los derechos de los agraviados y no tanto arengas morales que dejan todo a la conciencia de los agresores.