Su carácter, inconstitucional, según la Convención sobre Derechos de los Niños
México, único país de AL con sistemas tutelares
En los centros de reclusión, ningún joven de clases media y alta, señala asesor del Unicef
Pese a que la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) confirma el carácter "flagrantemente inconstitucional" de los sistemas tutelares, México es el único país de América Latina donde aún persisten los tribunales tutelares para menores, destacó Emilio García Méndez, asesor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para Latinoamérica, al observar que en estos espacios, donde los adolescentes son privados de su libertad, no se encuentran jóvenes de clases media y alta.
Por su parte, la representante del Unicef en México, Yoriko Yasukawa, consideró que la reforma al artículo 18 constitucional es un paso esencial que se ha dado en el país para lograr el cambio que se requiere, a fin de construir un sistema de justicia penal juvenil adecuado. Enfatizó que el adolescente no se convierte en adulto al cometer un delito, pues "sigue siendo adolescente y sigue teniendo potencial para ser un buen ser humano", por lo que "nuestros temores y odios frente a un hecho criminal no nos excusa de esa responsabilidad".
Frente a la polémica sobre la reducción de la edad penal, el investigador Luis González Placencia manifestó que es "falso" pensar que con llevar a mayor número de adolescentes al sistema penal de adultos se logrará un castigo. Esto, en la idea de que en el otro sistema (el tutelar) no se hace. Explicó que esta suposición es errónea, porque las mismas instituciones de adultos (como la Procuraduría General de la República) son las que captan a los menores que delinquen y, por otra parte, los jóvenes son institucionalizados, lo que significa que reciben una sanción.
Al participar en los Diálogos sobre la Justicia Penal para Adolescentes, organizados por dicho organismo de atención a la infancia y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), los especialistas Luis González Placencia y Emilio García Méndez expusieron sobre las implicaciones de la aprobación de la reforma al artículo 18 de la Carta Magna -mediante la que se busca homologar la edad penal en 18 años en todo el país y crear un sistema de justicia para los adolescentes, con jueces y ministerios públicos especializados-, así como de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y de las contradicciones que existen en el ámbito jurídico.
García Méndez apuntó que, por un lado, México adoptó y luego transformó dicha convención en legislación nacional pero, por otro, el modelo tutelar sigue vigente, pese a que éste sistema y la CDN tienen naturaleza antagónica, con lo cual se crea una "situación de esquizofrenia jurídica".
Explicó que en la región latinoamericana, los sistemas tutelares derogados constitucionalmente aún son la "base real" en la que se opera. Mencionó que cuando se hace un recorrido por dichos sistemas, particularmente en estos espacios donde los adolescentes son privados de su libertad, la representación de las clases media y alta, por lo menos en 10 países, no debe llegar a "0.001 por ciento", por lo que manifestó que un sistema de responsabilidad penal juvenil debe contribuir también a que "no siga existiendo la impunidad absoluta en los delitos cometidos por menores" de los estratos sociales medios y altos.
González Placencia expresó que las reformas al artículo 18 constitucional, aunque no son las que se hubieran querido, representan un paso importante para los menores que cometen algún delito, porque incorporan garantías y les permiten defenderse y generar límites frente al poder que tiene el Estado de sancionarlos.