México solicitará la captura con fines de extradición del dueño de CNI-Canal 40
Localizan a Javier Moreno Valle en EU
El gobierno mexicano solicitará a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Javier Moreno Valle, dueño y presidente de Corporación de Noticias e Información-Canal 40, a fin de que enfrente la orden de aprehensión librada en su contra por una presunta defraudación fiscal de más de 3 millones de pesos. Lo anterior, luego de que el empresario fue ubicado en Houston, Texas, por agentes de Interpol, quienes lo mantienen bajo vigilancia para evitar que se evada de nueva cuenta.
Moreno Valle fue acusado en México como presunto responsable del delito de defraudación fiscal por un monto de 3 millones 206 mil 429 pesos, por la omisión del pago hacendario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2003 y por haber falsificado documentos a fin de alterar los libros contables de la televisora.
El pasado 30 de junio, dos días después de que había sido librada la orden de captura, La Jornada reveló que el inculpado había sido visto en territorio estadunidense desde febrero pasado. Según fuentes cercanas a Moreno Valle, desde entonces ha permanecido escondido en diversos condados de Texas.
La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría general de la República informó ayer que solicitará a Estados Unidos por conducto de la cancillería la detención provisional con fines de extradición del empresario, y en caso de que esta petición sea aceptada, el gobierno mexicano contará con 60 días para hacerlo de manera formal.
La deportación del empresario sería imposible en este momento porque cuenta con documentos migratorios en regla, y un juicio de extradición puede tardar mas de un año en resolverse -en el caso de Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Petróleos Mexicanos, involucrado en el Pemexgate, su extradición se prolongó casi dos años-, tiempo suficiente para que Moreno Valle obtenga en México un amparo definitivo o liquide el adeudo ante la Secretaría de Hacienda.
Incluso, fuentes cercanas al caso revelaron a La Jornada que desde la semana pasada los abogados del empresario tramitaron una demanda de amparo ante el quinto tribunal unitario del Distrito Federal, con la que buscan combatir la orden de captura que el tercer tribunal unitario libró el pasado 28 de junio.
Los defensores plantearon a la magistrada Herlinan Velasco Villavicencio la inconstitucionalidad de la orden de captura que concedió a la PGR el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, y de acuerdo con fuentes judiciales el juicio de garantías podría resolverse en un par de meses. Aun si le es desfavorable el fallo a Moreno Valle, tiene la posibilidad de pedir la revisión ante un tribunal colegiado.
Además, los defensores confían en que los fiscales estadunidenses y la PGR perderán el juicio de extradición, debido a que supuestamente no existe en el vecino país una modalidad del delito equivalente al que se le imputa a Moreno Valle en México. El tratado de extradición entre México y Estados Unidos prohíbe la entrega de personas requeridas cuando no existe alguna similitud en el delito que se les atribuye.
El 28 de junio, el magistrado Luna Altamirano ordenó la aprehensión del empresario al considerar que la PGR comprobó, "de manera indiciaria", que el inculpado incurrió en presunta defraudación fiscal por más de 3 millones de pesos, cometida del 1º de junio al 31 de octubre de 2000.
El titular del tercer tribunal unitario revocó ese día una resolución del juez sexto de distrito con sede en el Reclusorio Oriente, Alejandro Caballero Vértiz, quien el pasado 22 de febrero había negado librar la orden de captura.
La acusación que enfrenta Moreno Valle está tipificada como grave por las leyes mexicanas, según refieren los artículos 109 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y 194 fracción III inciso 2 del Código Penal Federal. El ilícito se castiga con pena corporal, que va de tres a nueve años de prisión, por lo que el inculpado no tiene derecho a gozar de libertad provisional bajo fianza, además de que, en ese caso, ningún amparo evita la detención y el ingreso a un centro carcelario.