Se le comprobó "daño patrimonial" a Gobernación por casi 720 mil pesos
Ex director del Fonden involucrado en escándalo financiero labora en Sedeso
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que desde abril pasado sancionó con una suspensión de 60 días al ex director técnico del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Ricardo Cícero Betancourt, por comprobársele "daño patrimonial" a la Secretaría de Gobernación (SG) por 715 mil 924 pesos, durante su gestión de octubre de 2003 a enero de 2004.
Cícero, no obstante, se ha mantenido desde febrero de 2004 como funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), instancia que el 15 de septiembre pasado le aprobó una licencia "temporal" en el cargo de coordinador de programas de Atención a la Pobreza Urbana, de Hábitat, en espera de que se concluyan las investigaciones que siguen en su contra por las irregularidades administrativas detectadas en el Fonden y que, según la senadora priísta Noemí Guzmán, representan un presunto fraude superior a 800 millones de pesos.
La licencia no implica, de acuerdo con el subsecretario de Ordenación y Planeación del Territorio de la Sedeso, Rodolfo Tuirán, que al inculpado se le haya destituido del cargo. "Yo soy responsable de su contratación y creo firmemente en el estado de derecho, por tanto, él no es culpable hasta que se demuestre lo contrario".
Cícero Betancourt cuenta con un amparo sobre la suspensión provisional dictaminada por la SFP desde el 27 de mayo de 2005, según él mismo relató, pero aún continúan las investigaciones respecto a su desempeño en el Fonden "por mi participación en algunas irregularidades administrativas, no graves", aceptó.
En entrevista, el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, admitió que mientras continúe el litigio en contra del funcionario de la Sedeso no se puede aplicar la sanción, la cual ya prescribió porque fue aplicada el 8 de abril de 2005 y fue por 60 días.
La SFP dijo que Cícero fue sancionado por "calcular incorrectamente la cantidad de insumos necesarios para la atención de población afectada por la emergencia de manera complementaria (sic) y bajo los criterios de racionalidad y proporcionalidad". La senadora Noemí Guzmán informó desde septiembre de 2004 que al menos 500 millones de pesos ejercidos en 2001, 2002 y 2003 se distribuyeron en entidades donde no había existido declaratoria de emergencia, y que casualmente eran gobernados por Acción Nacional. Entre ellos Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, y se dejó de atender a entidades que sí sufrieron fuertes contingencias, como Sonora y Baja California Sur.
Ricardo Cícero relató en entrevista que se dio de baja de Gobernación el 29 de febrero de 2004 -cuando la SFP asegura que lo hizo en enero de ese mismo año-, después de laborar allí 23 años. En la Sedeso fue contratado el 26 de marzo de 2004 porque, según el subsecretario Tuirán, cumple con el perfil para desempeñar el puesto que aún ocupa.
"Como se empezó a enrarecer el ambiente -a raíz de las denuncias que se presentaron por el desvío de recursos del Fonden cuando Santiago Creel estaba al frente de Gobernación- asumí con toda responsabilidad que era necesario que se investigara mi involucramiento o no, y los posibles efectos que esto pudiera tener no debían afectar a instituciones o personas, por eso solicité la licencia en la Sedeso", reconoció Cícero.
Mencionó que siempre ha estado dispuesto a ser investigado porque, precisó, que los hechos "se dieron en una etapa en la que no era mi responsabilidad, pero acepto que la acción de las autoridades es indagar". Explicó que solicitó el puesto en la Sedeso porque "me otorgaba una gran oportunidad de avanzar en aspectos de prevención de desastres, particularmente con población marginada".
La SFP también inhabilitó por tres años al ex coordinador administrativo de Protección Civil, Cliserio Jiménez Fernández, por "haber incumplido con lo establecido en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público". Además, violó las reglas de operación del Fonden, puesto que "no consideró las existencias de pastillas potabilizadoras de agua durante el ejercicio 2003", con lo cual provocó la "existencia de inventarios ociosos". El daño ascendió también a 715 mil 924 pesos.