Critican que Fox haya retrasado tres meses la firma
Ratificación del Estatuto de Roma, exigen ONG
Alertan sobre el riesgo de que ceda a presiones de EU
Ya pasaron tres meses desde que el Senado aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) sin que el gobierno federal ratifique ante Naciones Unidas su adhesión a ese instrumento, el más importante de defensa de los derechos humanos, declararon representantes de la Coalición Mexicana por ese tribunal.
En conferencia de prensa advirtieron sobre el riesgo de que el presidente Vicente Fox se deje presionar por el gobierno de Estados Unidos para firmar un acuerdo bilateral de inmunidad que restrinja la acción de la Corte.
"Es sabido que el presidente estadunidense, George W. Bush, está en contra de las actividades de la CPI, y debido a que es un órgano que no puede controlar, promovió dos leyes que lo autorizan a restringir la asistencia militar y no militar a los países miembros de la Corte que rechacen la firma del acuerdo bilateral de inmunidad con Estados Unidos.
"Aunque existen excepciones en la aplicación de ambas leyes, este mecanismo le ha funcionado a Bush para establecer los acuerdos bilaterales con al menos 100 naciones, según ha informado él mismo", señalaron.
Paulina Vega, coordinadora para América Latina y el Caribe de la coalición por la CPI, expuso que la tardanza de Fox en firmar el documento aprobado por el Senado "es extraña", porque en diferentes ocasiones acusó a los legisladores del retraso. Ahora, luego de un proceso camaral de cinco años, el Presidente se ha demorado tres meses sólo en firmar el documento.
Irma Pérez-Gil, de Amnistía Internacional, comentó que desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el primero de julio de 2002, ha sido ratificado por 99 países, y resaltó la importancia de que México se sume a esa lista y envíe el mensaje de que aquí nunca más se cometerán crímenes contra la humanidad, como los ocurridos en el pasado, y para los cuales habrá que seguir buscando mecanismos que conduzcan a su esclarecimiento y la sanción de los responsables.
Recordó que el Estatuto de Roma no tiene efectos retroactivos, y en cada país miembro su vigencia empieza dos meses después de la ratificación, aunque considera la posibilidad de que su entrada en vigor ocurra siete años después de la adhesión. "Para el caso de México -dijo- queremos que todo se dé sin ninguna condición ni declaraciones interpretativas."
Aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, ha señalado su rechazo a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, "es claro que la presión existe por las leyes mencionadas y por los acuerdos no concluidos con Washington en materia de migración, por ejemplo", indicó Pérez-Gil.
La CPI surgió con la finalidad de garantizar la existencia de un tribunal internacional que intervenga en la investigación y enjuiciamiento de presuntos responsables de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad que, por falta de capacidad o voluntad, no sean sancionados en los países donde tengan lugar.
Las organizaciones también solicitaron al gobierno que se inicie el diseño de la legislación para garantizar que la CPI sea un complemento efectivo de los tribunales nacionales y que las autoridades mexicanas estén preparadas jurídicamente para cooperar de forma plena con ella.
De la misma manera, exhortaron al gobierno a adherirse lo antes posible al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades.