Editorial
Del gabinetazo al desbarajuste
Cuando el presidente Vicente Fox Quesada asumió el cargo que hoy ostenta, hace casi un lustro, anunció la conformación de un gabinetazo y advirtió que en él las contrataciones eran por seis años. De esa manera pretendía distinguir a su administración de los tradicionales gobiernos priístas, en los cuales resultaban frecuentes los enroques, los despidos, las entradas y salidas, no en función de las capacidades o incapacidades específicas de cada funcionario, y no se diga del interés nacional, sino como resultado del acomodo de grupos políticos o carreras personales, operaciones de mantenimiento de la hegemonía, negociaciones bajo la mesa entre las familias del Revolucionario Institucional o meros caprichos presidenciales.
Los relevos y cambios de personal son, ciertamente, asunto habitual y hasta necesario en las altas esferas gubernamentales de todos los países, pero en el entorno de las presidencias priístas se realizaban de manera particularmente discrecional, sin informar a la sociedad de las razones para efectuarlos y con un sentido claramente patrimonialista del uso del poder.
Pese a la promesa, no pasó mucho tiempo antes de que en el equipo foxista se reprodujera la movilidad característica de administraciones anteriores. De la treintena de colaboradores presidenciales de primer nivel que iniciaron el sexenio, sólo permanecen en sus cargos originales cuatro secretarios y tres comisionados. Y las razones de semejante dinamismo son las mismas que en el régimen anterior: uso de las plazas como trampolín político o para acomodar amistades, equilibrar las fuerzas internas del grupo gobernante o ineptitudes manifiestas que obligan a renuncias anticipadas.
La movilidad en los gabinetes es inevitable, sí, pero en un gobierno que se ha revelado carente de rumbo, estrategia y programa tal fenómeno agrava la sensación social de que el país está al garete.
Baste un ejemplo tomado del más reciente reacomodo: Javier Usabiaga sale de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dejando tras de sí un escenario de catástrofe en la mayor parte del agro mexicano, no la de los agroindustriales privilegiados y los agroexportadores (caso de las familias Fox y Usabiaga), sino la de los comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios y jornaleros que en el curso del presente gobierno han resultado más perjudicados y desatendidos que en las administraciones salinista y zedillista, es decir, mucho. Es injustificable que, cuando sigue pendiente de solución el conflicto generado por el propio gobierno foxista con los cañeros, la institución que prioritariamente tendría que ocuparse del problema sufra un relevo en la dirección que entorpece su agilidad y su capacidad de respuesta.
En términos generales, los remplazos de personal en el gabinete foxista confirman que el gobierno ha decidido adoptar, en lo que llega la sucesión, un perfil estrictamente gerencial y administrativo. Si las reformas propuestas por el actual mandatario naufragaron cuando éste disponía de márgenes mayores de poder, credibilidad, apoyo social y cohesión en su equipo, es iluso suponer que pudieran lograrse en las circunstancias presentes. Es evidente que los funcionarios que han ingresado en estos días al primero círculo de colaboradores presidenciales habrán de desempeñarse como meros encargados de despacho. Por lo demás, lo que queda del grupo en el poder no tiene otra tarea, en los próximos 14 meses, que entregar las oficinas a sus sucesores. Cabe esperar, al menos, que logren cumplir con esa tarea sin causar, de aquí a entonces, mayores desbarajustes.