Estado de derecho e inversión, incluidas en el Pacto del Castillo de Chapultepec

Unidad nacional y desarrollo, piden sectores empresarial y académico

Llaman a los candidatos presidenciales a respetar el resultado del proceso de 2006 que dictamine el IFE y, en su caso, sancione el TEPJF

La convocatoria es encabezada por Carlos Slim Helú

VICTOR CARDOSO Y ROBERTO GARDUÑO

Con un llamado a la unidad, el estado de derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo, empresarios y personajes representativos de la vida nacional hicieron un exhorto a los candidatos a la Presidencia para que, una vez definido el proceso de selección en sus respectivos partidos, realicen campañas políticas propositivas y no de descalificaciones.

En el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, los convocantes piden ''a los candidatos y partidos políticos que contiendan en las elecciones de 2006, respeten el resultado del proceso electoral que dictamine el Instituto Federal Electoral, y en su caso sancione el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para consolidar nuestro proceso democrático''.

Convocados por Carlos Slim Helú, alrededor de 300 poderosos empresarios, intelectuales, académicos, comunicadores y personajes de la farándula acudieron al castillo de Chapultepec para la firma del documento que pretende impulsar al país en la senda del desarrollo nacional, la inversión, el empleo y la redistribución de los ingresos.

Nobel, para la presentación

Tocó al premio Nobel de Química, Mario Molina, presentar y leer el texto que convoca a los mexicanos ''a la construcción de una democracia para garantizar nuestras libertades, nuestra pluralidad y nuestros derechos. Debemos fortalecer nuestras instituciones, la gobernabilidad y evitar visiones de corto plazo''.

El académico leyó pausada y claramente el documento que pretende ser el punto de partida de una convocatoria nacional donde converjan todos los sectores sociales, incluidos el gobierno, el Poder Legislativo y los partidos políticos.

El Pacto del Castillo de Chapultepec, conocido así desde ayer, plantea cinco ejes:

Estado de Derecho y Seguridad Pública: Consolidar un estado de derecho en un régimen democrático que garantice libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad física y jurídica. Desarrollo con Justicia, Crecimiento Económico y Empleo: Lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con empleo y con políticas redistributivas. Formar y Desarrollar Capital Humano y Social: Más y mejor salud y educación. Desarrollo de Capital Físico: Acelerar la construcción de infraestructura y vivienda. Reforma de la Administración Pública: Hacerla más eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos.

Todos estos puntos, se explicaría posteriormente, no son excluyentes entre sí; se puede avanzar en conjunto o por separado entre cada uno; están contemplados con una visión de largo plazo y no tienen tiempo predeterminado para su cumplimiento.

La primera de las consideraciones generales incluye una propuesta en materia electoral, con objeto de reprogramar los calendarios políticos para evitar la excesiva dispersión de los procesos; revisar la duración y el financiamiento de las campañas y precampañas, y asegurar la transparencia en el uso de los recursos, con la consecuente disminución de los periodos de transferencia del poder.

Justamente en ese punto, los más de 300 firmantes -más los que se sumen en adelante- solicitaron a los candidatos y partidos políticos el respeto al resultado de los comicios del año próximo, sobre todo al ser dictaminados por el IFE y el TEPJF.

Crecimiento económico

En el terreno del crecimiento económico y el empleo el acuerdo prevé impulsar reformas legales para una política fiscal no sólo recaudatoria, sino que ''debe orientarse al crecimiento económico, la inversión, el empleo, la producción competitiva y con calidad'', para contribuir a redistribuir el ingreso; fortalecer el ahorro interno y el sistema financiero; modernizar la producción rural al favorecer las inversiones, la capacitación y el uso de tecnologías adecuadas; crear un clima favorable a la inversión privada y social que aliente el desarrollo empresarial; simplificación administrativa, y las adecuaciones legales para estimular la inversión y el empleo. En tanto, se sugiere que el gobierno concentre su atención y dé prioridad a los servicios públicos en los ámbitos de justicia, educación, salud y seguridad pública.

Para elevar la calidad de la educación y la salud, los convocantes proponen mejorar los sistemas de nutrición, salud y educación en todos los niveles: básica, media, superior y de adultos; propiciar las condiciones para un desarrollo humano con libertad, responsabilidad y valores; perfeccionar la calidad profesional de los docentes en el sistema educativo, así como una mejor infraestructura y equipamiento.

No obstante, ante los actuales bajos niveles de inversión en la investigación, los empresarios estarían comprometidos a invertir en desarrollo e innovación en ciencia y tecnología, ''orientadas a las necesidades y conveniencia del país; formar mexicanos con una visión universal y con un potencial que les permita lograr su desarrollo''.

En materia económica, el Pacto del Castillo de Chapultepec hace notar que ''muchas de las acciones concretas para alcanzar los objetivos aquí mencionados no requieren de grandes inversiones o gasto. Pueden realizarse transformaciones sustanciales con pocos recursos y cambios en apariencia de poca relevancia. Es posible lograr cambios de fondo con cambios de forma''.

Se propone combinar los recursos públicos con los privados y completarlos con el social, es decir, el capital acumulado en los fondos de pensiones; impulsar la construcción de infraestructura que aumente la producción, transformación, industrialización de energéticos, las comunicaciones terrestres, portuarias y aéreas, así como el equipamiento en materia de salud y educación.

Para lograr este objetivo se hace énfasis en la necesidad de dejar atrás sistemas contables en el sector público, porque ''los presupuestos del gobierno tratan igual un gasto que una inversión por rentable que ésta sea en lo económico o en lo social''.

Por cuanto a la reforma administrativa se establecen las bases para mejorar la eficiencia del Estado en los servicios públicos; se sugiere aplicar políticas presupuestales multianuales de gasto e inversión; dar transparencia a las cuentas públicas al homologar la información y su acceso en los tres niveles de gobierno, de tal manera que los ciudadanos puedan dar seguimiento exhaustivo al gasto público.

Asimismo se propone legislar para que las empresas del Estado tengan una gestión autónoma sin interferencias políticas, desvinculadas de los presupuestos públicos, operadas con transparencia por órganos de gobierno profesionales, con un consejo de administración cuyo mandato sea maximizar la riqueza nacional, reinvertir utilidades y fomentar el mantenimiento y desarrollo; con consejeros independientes que nombren y remuevan al director general y que decidan sobre las inversiones y compensaciones; con un comité de vigilancia y auditoría, y con obligación de pagar impuestos como cualquier otra empresa productiva.

En síntesis, se hace notar que ''somos una sociedad que requiere vivir en libertad y con seguridad, como corresponde a un Estado democrático, moderno, y a una nación empeñada en sobresalir''.