Lamenta que la ASF haya politizado el tema de la transparencia y la rendición de cuentas
El Ejecutivo no encubre ni tolera la corrupción, replica Función Pública
La Secretaría de la Función Pública (SFP) replicó ayer que la obligación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es "rendir cuentas" a los diputados sobre los trabajos que realiza para contribuir, con base en los resultados, al "debate político; esa debe ser la función de un órgano técnico fiscalizador y no otra".
En respuesta a las declaraciones del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón -quien afirmó que la SFP y la Secretaría de Hacienda toleran la impunidad de "funcionarios corruptos", la dependencia deploró que "la transparencia sea una labor que se haya politizado", pese a que el gobierno del presidente Vicente Fox "ha sido el impulsor de la transparencia y la rendición de cuentas".
Es más, manifestó, "en ese terreno hemos avanzado bastante, considerando que algunos países se han tardado décadas en lograr lo que México ha alcanzado en estos últimos cinco años".
En voz del titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, César Chavira Enríquez, la SFP respondió a González de Aragón que el principal interesado en que el presupuesto se ejerza conforme a la ley es el propio Poder Ejecutivo. "El gran número de pliegos de responsabilidades fincados por la SPF -enfatizó- confirma que en esta dependencia no existe ningún interés sobrepuesto ni ninguna actitud de encubrir a los funcionarios públicos que incurran en alguna irregularidad".
Sobre el tema de la recuperación de recursos, que se dice son escasos y que algunos sitúan en una cifra de 38 millones de pesos, destacó que en el periodo 2001 a 2004 la SFP, mediante sus tareas de prevención y de mejoramiento de procesos gubernamentales, recuperó 20 mil 404 millones de pesos.
A lo anterior, dijo Chavira, deben sumarse los 11 mil 526 millones de pesos derivados del proceso de revisión del Fobaproa, "tarea que se desencadenó a partir de una auditoría de la SFP".
Asimismo, se deben adicionar los mil 500 millones de pesos del Pemexgate, que "también son consecuencia de una auditoría realizada por la Función Pública". Esas cantidades "dan más de 30 mil millones de pesos en total en lo que va del sexenio".
Tan sólo en 2004, precisó, la SFP revisó el ejercicio del gasto y operación de 296 instituciones y emitió 15 mil 647 observaciones y mil 211 pliegos de responsabilidades, mientras en el mismo periodo la ASF hizo 3 mil 437 observaciones y 31 pliegos de responsabilidades. Esto a pesar de que la función de la dependencia "no se concreta únicamente a la fiscalización", mientras que la ASF "es un ente eminentemente fiscalizador".
Chavira refirió que además de las múltiples tareas que tiene a su cargo la SFP para el control interno, modernización y evaluación de las más de 250 dependencias y entidades gubernamentales, entre otros procesos, la dependencia sólo destina 30 por ciento de su fuerza laboral a acciones de fiscalización.
En cuanto al presupuesto aprobado este año, la dependencia destinará mil 740 millones de pesos al pago del personal que se dedica a la fiscalización y realizará 4 mil 744 auditorías. "Si se divide la cantidad de dinero citada entre el número de auditorías nos da un costo promedio de 366 mil 800 pesos por auditoría", mientras en la ASF "el costo promedio por auditoría es de un millón 669 mil pesos".