Iniciativa de Ley de Instituciones de Crédito; procuradurías conocerán cuentas
Aprobó el Senado eliminar el secreto fiduciario para IFE y Función Pública
El organismo fiscalizador tendrá acceso en caso de sospecha de enriquecimiento ilícito
El Senado de la República aprobó ayer por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, por medio de la cual se elimina el secreto bancario o fiduciario para el IFE, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación, entre otras instituciones que fiscalizan el uso de recursos públicos o investigan posibles ilícitos.
En la actualidad sólo las autoridades judiciales o hacendarias federales pueden solicitar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre las cuentas bancarias de los depositantes involucrados en algún juicio o para fines fiscales.
Con la iniciativa aceptada este jueves, las siguientes instituciones podrán tener acceso a información bancaria: Procuradoría General de la República; los procuradores de los estados y del Distrito Federal, el procurador general de Justicia Militar, la SHCP, el Tesorero de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de la Función Pública.
Resalta que las tres últimas instituciones podrán ejercer esta facultad en ejercicio de sus capacidades de revisión y fiscalización de la cuenta pública federal, de los recursos que se otorgan a los partidos y agrupaciones políticas y cuando el acto de vigilancia lo amerite.
Durante la sesión, la senadora Dulce María Sauri puntualizó que al dictamen remitido por la Cámara de Diputados, los senadores decidieron hacerle un agregado para acotar las facultades que tendrá la Secretaria de la Función Pública. Según dicha cláusula la dependencia sólo podrá requerir información de los servidores públicos si éstos se encuentran sujetos al procedimiento de verificación de la evolución de su patrimonio.
Con esto se busca que la secretaría no haga un uso indiscriminado de sus capacidades, explicó la legisladora, quien señaló que con la iniciativa aprobada se podrán pedir los datos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de manera directa a las instituciones financieras, mediante orden expedida por autoridad judicial.
Cabe destacar que el dictamen se aprobó por unanimidad y sin que se registrará discusión al respecto.
Por otra parte, los senadores lograron conciliar los planteamientos de la iniciativa para crear la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con las recomendaciones que al respecto, hizo el jefe del ejecutivo. Uno de los diferendos se refería a la autonomía presupuestaria de la dependencia. Luego de analizar el tema los legisladores convinieron en que la procuraduría sólo contará con autonomía técnica de gestión, como cualquier otra entidad paraestatal.
Se congratula el IFAI
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), María Marván Laborde, se congratuló por la reforma que aprobó el Senado de la República para eliminar el secreto bancario y permitir al Instituto Federal Electoral y a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar recursos públicos entregados a partidos políticos y a fideicomisos.
"Sin duda -dijo- es un importante avance hacia una nueva cultura en materia de rendición de cuentas. Esto demuestra que no existen valores absolutos y que es posible lograr un equilibrio entre el ejercicio al derecho a la información y la rendición de cuentas en materia financiera" por parte del gobierno federal.
En entrevista, destacó que con esta reforma se promueve un "equilibrio entre el secreto bancario y fiduciario", pues por un lado ofrece "certeza jurídica" a los cuentahabientes, en tanto que garantiza la protección de las cuentas bancarias, pero además privilegia la transparencia cuando se trata del uso de recursos públicos dirigidos a campañas político-electorales o a fideicomisos dirigidos al bien social.
Entre los avances que traerá esa ley, refirió, está el hecho de que podrán fiscalizarse los recursos utilizados por los partidos políticos en sus campañas electorales, de tal forma que la sociedad podrá constatar si efectivamente hacen uso de "dinero bien habido, cumplen con las reglas en materia de tope de campañas y fuentes de financiamiento, y ejercen los recursos de manera escrupulosa".
De las resoluciones del IFAI en aras de abrir información sobre el destino de los recursos públicos en más de 700 fideicomisos, comentó que los esfuerzos iniciados por esa institución son "más que nada un logro de la sociedad; nosotros sólo abonamos un grano de arena". Sin embargo, dijo, coadyuvó a acelerar un proceso que la ASF, el IFE y el Poder Legislativo habían estado demandando desde hace tiempo.
Laborde confió en que la Cámara de Diputados apruebe en "tiempo y forma" la reforma avalada en el Senado a fin de que la ley entre en operación en 2006, justo en el proceso electoral para elegir presidente de la República.