Servilismo e impunidad
La Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional exigió el pasado miércoles al Ejecutivo federal que deposite ya ante el secretario general de la ONU el instrumento que reconoce en nuestro país la competencia de esa instancia de justicia internacional, con facultades para investigar y enjuiciar de manera complementaria a personas presuntamente responsables de la comisión de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Ello le daría a México el honor de ocupar el número 100 de los estados que en todo el mundo han aprobado ya el Estatuto de Roma, y la facultad de participar con voz y voto en la cuarta sesión de la asamblea de estados parte, que tendrá lugar en La Haya entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de este año.
La razón de su preocupación se funda en que se sabe que desde los orígenes del largo y complicado proceso de cinco años para aprobar en México el estatuto, el gobierno ha estado sometido a fuertes presiones de Estados Unidos para eximir de la jurisdicción de esa corte a sus conacionales, en particular a los miembros de sus fuerzas armadas y su cuerpo diplomático, que se han recrudecido luego de su ratificación por el Senado, el 21 de junio pasado. Es probable que intervenga también la circunstancia de seguir protegiendo por ilegítimos intereses nacionales y foráneos a todos los responsables de la guerra sucia en México, a partir del 68. En tal caso nuestro país estaría una vez más cediendo vergonzosamente su soberanía a los dictados extraterritoriales de un gobierno que, sobre todo en los últimos años, se ha caracterizado por desmontar las bases del orden jurídico mundial y por sus violaciones graves a los derechos humanos, dentro y fuera de su territorio, y se reforzaría la convicción ciudadana de la voluntad de los representantes actuales del Estado mexicano para no sancionar conforme a derecho a quienes cometieron graves delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en el pasado.
En efecto, a pesar de que con fundamento en sus propias leyes imperiales, creadas y perfeccionadas expresamente por el gobierno estadunidense para torpedear el Estatuto de Roma desde diciembre de 2002, a partir de una interpretación arbitraria y descalificada internacionalmente de su artículo 98, la administración Bush ha estado imponiendo a los 99 estados que lo han aprobado ilegales acuerdos bilaterales de inmunidad (ABI), para sustraerse de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), amenazándolos con restringirles toda clase de ayuda militar y no militar, pero 57 de ellos se han negado con determinación y dignidad nacional a firmarlos. Algunos de los otros lo han hecho tramposamente por medio de acuerdos firmados únicamente con el Ejecutivo, sin pasar por el escrutinio público y sin la aprobación de sus respectivos congresos.
La Unión Europea, región con la que México tiene importantes intereses comerciales, ha emitido por su parte fuertes declaraciones apoyando a la CPI y rechazando cualquier medida que pueda amenazar su jurisdicción y la integridad del Estatuto de Roma. En el continente americano algunos estados, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, han rechazado públicamente la firma de un ABI, no obstante las mencionadas presiones y amenazas. Aunque no han hecho público su rechazo, otros estados, como Barbados y San Vicente, así como las Granadinas, no han firmado un ABI. Además, el 20 de junio de este año los presidente de los estados miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) adoptaron una posición común sobre la CPI y el artículo 98 del Estatuto de Roma, al señalar que "recordando que sus países ratificaron el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, destacan la importancia y el alcance de dicho instrumento (...) Coinciden en adoptar una posición común del Mercosur con relación a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 98 de Estatuto de Roma. En atención a ello, se comprometen a no celebrar acuerdos multilaterales o bilaterales con terceros estados, que sean susceptibles de afectar las bases de jurisdicción de la CPI u otras disposiciones establecidas en el Estatuto de Roma".
El presidente de Colombia, en cambio, que no se distingue precisamente por su respeto a los derechos humanos y a la soberanía de su país, firmó desde hace dos años con el gobierno estadunidense un ABI que ha sido cuestionado por la sociedad y los parlamentarios, quienes argumentan con razón que, dado que el acuerdo modifica un tratado aprobado por el Congreso, cualquier modificación a éste debe ser también aprobada por el Legislativo. Para que México no se vea entrampado en esas bochornosas circunstancias nacionales e internacionales, que hipotecan su soberanía, cuestionan su dignidad y traicionan los reclamos de la sociedad, es urgente que el Ejecutivo deposite cuanto antes el instrumento que reconoce la competencia de la CPI en nuestro país, sobre todo tomando en cuenta que el 7 de septiembre pasado ya lo publicó en el Diario Oficial, cumpliendo por fin con las instrucciones que desde hace meses le dio el Senado de la República.