Desigualdad en los acuerdos
En el marco de la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994, los países del continente, con excepción de Cuba, acordaron establecer un acuerdo de libre comercio único para la región, para promover la prosperidad, erradicar la pobreza y la discriminación, garantizar el desarrollo sustentable y conservar el medio ambiente. El compromiso fue concluir las negociaciones antes de 2005. Sin embargo, la crisis de credibilidad del neoliberalismo y los efectos ocasionados en otras regiones en donde los acuerdos son ya realidades -como México, donde se afirma que las condiciones de trabajo, luego del TLCAN, retrocedieron a inicios del siglo pasado, con 75 por ciento de la población en la pobreza, y con un alto porcentaje de pequeños negocios que han tenido que cerrar y/o emigrar debido a la invasión de productos estadunidenses- paralizaron todas las negociaciones, reviviendo acciones proteccionistas y despertando sentimientos nacionalistas, que consideran a los acuerdos de libre comercio una amenaza, la causa principal de la precariedad laboral, la pérdida de empleos y la concentración de la riqueza en pocas manos.
La oposición creció cuando los países tomaron conciencia de que el diseño de esos acuerdos responde a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica (EU), que quiere vender, pero no comprar, y cuya pretensión es garantizar que sus corporaciones tengan acceso libre a los mercados, eliminar todas las barreras para la libre extracción de ganancias y controlar los recursos naturales a través de la privatización de los servicios públicos.
Es por eso que Brasil, a quien le correspondía copresidir con EU el proceso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ante la negativa de éste para debatir los subsidios agrícolas y las reglas antidumping, decidió no continuar con las negociaciones, manifestando su preferencia para que los servicios públicos, inversiones, la apertura del sector servicios y las compras gubernamentales se discutieran multilateralmente y al interior de la Organización Mundial del Comercio. Mientras, en 2000, junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, decidió darle un nuevo impulso a su propio acuerdo regional, el Mercosur, que habían formado en 1991.
Esto obligó a EU a cambiar su estrategia: firmar acuerdos regionales y bilaterales, logrando así mayores ventajas al imponer sus condiciones a cada país firmante que, sin la fuerza de la unidad, perdieron su capacidad de negociación. El caso más reciente es el acuerdo con los países de Centroamérica y República Dominicana. Con éste se promete la apertura de nuevas ventanas de oportunidad para el crecimiento económico de la región, esgrimiendo razones que, como siempre, suenan idealistas y hasta filantrópicas, pero en la realidad es que se impone una política hegemónica, que no prevé instrumentos de cooperación al desarrollo ni compensa las abismales asimetrías entre los niveles de bienestar de EU y Centro América.
La mejoría para los países de Centro América será prácticamente nula, ya que actualmente 80 por ciento de sus exportaciones hacia EU están libres de aranceles, mientras que éstos se eliminan casi totalmente para las importaciones desde EU, afectando a los productores de arroz, maíz y fríjol, quienes han externado su preocupación por una invasión de granos subsidiados. Ya el Banco Mundial ha aceptado que el acuerdo afectará a la población rural: en Nicaragua serán afectadas más de 3 millones de personas y, en Dominicana, al menos 700 mil trabajadores agrícolas correrán el riesgo de perder su empleo.
Comercialmente, para EU este acuerdo es insignificante, pues las exportaciones anuales de los seis países involucrados (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) sólo representan un mes de las exportaciones de China. Lo que en verdad importa a EU es que sus inversiones puedan incursionar con plena seguridad en los países de la región, sin permitir que se establezcan preferencias para los inversionistas nacionales de cada país, y que las condiciones favorables que logre para sus trasnacionales no se apliquen a otros países.
Así, las empresas de EU aseguran libre acceso para invertir en sectores clave como las telecomunicaciones, mensajería, informática, turismo, energía, transporte, construcción, servicios financieros, seguros, etcétera. Mediante los capítulos de inversión y de compras gubernamentales se podrán privatizar servicios públicos. A cambio de ello, los países de Centro América obtuvieron muy poco: la ampliación de su cuota de azúcar a 1.2 por ciento del total de la producción azucarera de EU, que sólo significa una cucharada más para cada uno de los habitantes del coloso del norte.
No hay duda que lo que EU busca al firmar estos acuerdos es presionar a los países restantes de América del Sur, para que se adhieran a tratados comerciales similares además de lograr un impulso a proyectos como el Plan Colombia y, en México, el Plan Puebla Panamá, la profundización de la estrategia mediante el TLCAN Plus (ASPAN) para militarizar nuestra frontera norte y para que se le entreguen los energéticos.