Denuncian ONG "contratos leoninos" en detrimento de campesinos de Oaxaca
Penetran trasnacionales el corredor eólico con apoyo de prestanombres
La construcción del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por empresas trasnacionales traerá pérdida de soberanía nacional e impactos negativos en materia ambiental, económica, social y cultural, afirmaron campesinos, indígenas y habitantes de 13 poblaciones de la zona, así como representantes de una veintena de organizaciones no gubernamentales re-gionales, nacionales e internacionales.
Denunciaron asimismo que la "ausencia total de información y consulta" a los pueblos y comunidades indígenas viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Indígena del estado de Oaxaca.
La falta de información y valoración de consensos surgidos de las asambleas en relación con los proyectos eólicos está propiciando desintegración y división de ejidos y comunidades, insistieron.
Con este proyecto se viola también la Constitución, que establece que se reserva al Estado la generación y transmisión de energía, y se pierde la herencia cultural de la autosuficiencia alimentaria a las nuevas generaciones mediante la agricultura.
Durante el foro regional Parque Eólico del Istmo: impactos ambiental, económico, social y cultural de los proyectos privados de energía eólica, realizado en la comunidad zapoteca Unión Hidalgo el 25 de septiembre, las organizaciones denunciaron que los contratos de arrendamiento entre empresas -prestanombres de las trasnacionales- y campesinos son un "despojo encubierto", ya que ofrecen 10 o 20 veces menos que en Europa o Estados Unidos.
A los campesinos se les ofrecen "contratos leoninos por 30 años: en La Ventosa ofrecen mil pesos por hectárea cada año, mientras en San Dionisio del Mar el monto es de 100 pesos.
"Por derecho de instalación, en La Venta se ofrecen 8 mil pesos por torre al año y en San Dionisio del Mar 4 mil. Pero en el caso de la producción eléctrica, en San Dionisio se proponen 1.4 por ciento de los ingresos, cuando en Estados Unidos pagan hasta 4 por ciento y en Europa hasta 10 por ciento, lo que constituye un trato desigual e indigno."
A las comunidades han llegado las empresas españolas Preneal, Iberdrola, Gamesa Eólica y Endesa, y la francesa CIF para establecer contratos de arrendamiento con campesinos. "Pero los manifiestos de impacto ambiental son presentados a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por empresas mexicanas recién fundadas, es decir, que son prestanombres".
En su declaración final, las organizaciones participantes, ejidatarios, autoridades indígenas de Unión Hidalgo, Juchitán, La Venta, La Ventosa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Mateo del Mar, El Porvenir, Santa María Xadani, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Tehuantepec se pronunciaron en contra la privatización de la energía eléctrica y rechazaron la construcción del corredor.
Demandaron a los gobiernos federal y estatal detener el proyecto, e insistieron en que se realice "una consulta verdadera a los pueblos indígenas". Asimismo, exigieron la anulación de los dictámenes de la Semarnat aprobados hasta ahora para otros proyectos eólicos.
Riesgos para la biodiversidad
Respecto del impacto ambiental por la instalación de más de 2 mil torres eólicas, los participantes advirtieron sobre la colisión de aves y murciélagos -especie protegida- contra las aspas de las mismas, y resaltaron la importancia del Istmo en el ecosistema global, debido a que es ruta migratoria natural, "como se señala en el propio manifiesto de impacto ambiental del proyecto La Venta II".
En California, por ejemplo, los aerogeneradores "han matado 2 mil 300 águilas reales, 10 mil halcones y aves de presa, y unas 50 mil aves pequeñas. En España se matan águilas, buitres, perdices, patos y murciélagos", lo que representa un riesgo grave para la biodiversidad.
También insistieron que habrá contaminación de suelo, agua, mantos freáticos, ríos y lagunas por derrames y cambio de aceites lubricantes de las turbinas (cada una contiene 400 litros de aceite), cuyo destino no se específica en el proyecto original.
De igual forma, habrá modificación de la geomorfología del terreno y del paisaje, sobre todo Barra de Santa Teresa, que obstruiría la comunicación fluvial de las lagunas Superior e Inferior; se afectarán paisajes y la visibilidad de las sierras de Tolistoque o Atravesada y, por tanto, el potencial turístico regional.
Se mencionó además que habrá un "daño irreparable" a los habitantes de las comunidades próximas, como La Venta y La Ventosa, "debido al incremento considerable del ruido electromagnético producido por decenas de aerogeneradores".
En cuanto a la pérdida de vegetación, el proyecto impide el crecimiento de árboles mayores a tres metros de altura.
Nula creación de empleos
Los activistas aseguraron que pese a la instalación de las centrales eólicas, no habrá empleos suficientes, estables y permanentes durante la fase operativa, mientras las ganancias se concentrarán en los arrendadores, y el valor de casas y terrenos aledaños a las torres se depreciará.
Entre las organizaciones participantes destacan Terres a Terres (Francia), Ibérica 2000 (España), Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, Concejo Ciudadano Unihidalguense, Concejo de Ancianas y Ancianos de Ranchu Gubiña, Gubiña XXI, Grupo Palmeros de Unión Hidalgo, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Centro de Derecho Humanos Tepeyac de Tehuantepec, Comité de Voluntarios para el Mejoramiento Ambiental, COCEI de Juchitán, Coordinadora de Mujeres Ikoots de San Mateo del Mar, Radio Ayuuk de San Juan Guichicovi, Radio Huave de San Francisco del Mar, Radio Humalalang de San Dionisio del Mar y Grupo de Trabajo del Istmo, entre otras.