Inquietud de inversionistas sobre la suerte del mayor yacimiento aurífero del país
Mientras Chávez revisa contratos mineros, los trabajadores se sienten abandonados
Las Cristinas, 2 de octubre. Un conjunto de edificaciones blancas, caminos abiertos por tractores y una pista de aterrizaje enclavada en la jungla venezolana, marcan el sitio donde la canadiense Crystallex International planea operar muy pronto el mayor yacimiento aurífero del país: Las Cristinas.
La minera dice que está lista para empezar a operar cuando el gobierno le dé un permiso ambiental, minimizando recientes cuestionamientos políticos sobre el sector minero, que inquietaron a los inversionistas sobre la suerte de Las Cristinas, donde Crystallex mantiene un contrato de operación desde 2002.
''Sólo estamos a la espera de luz verde para avanzar'', dijo el gerente general de Crystallex, Guillermo Adrián, en las afueras del lugar ubicado en el sureño estado Bolívar. ''Hemos terminado todos los aspectos técnicos'', agregó.
Las Cristinas y otros proyectos están bajo escrutinio, luego de que el gobierno de Hugo Chávez prometió el mes pasado revocar contratos y concesiones inactivas de oro y diamante durante un estudio del sector, que incluye una ''revisión exhaustiva'' del contrato de Crystallex.
Chávez, un militar retirado que prometió combatir la pobreza, está adelantando una revisión general de los contratos mineros y petroleros para reforzar el control estatal sobre los recursos naturales del quinto exportador mundial de crudo.
Las autoridades no han dicho qué firmas consideran inactivas, pero sus comentarios tampoco han sido claros sobre el impacto en los contratos actuales. Sostienen que darán las minas inactivas a pequeños mineros, muchos de los cuales están trabajando de forma ilegal.
Situación complicada
Pero recientemente Las Cristinas se convirtió en foco de atención por confusas protestas de cientos de mineros pobres y sin licencias, que exigen más respaldo del gobierno y acceso al área que cubre el contrato de Crystallex.
La situación se ha complicado con una campaña del gobierno para sacar a los pequeños mineros del río Caroní, el cauce que genera la mayor parte de la energía hidroeléctrica del país.
Las acciones de Crystallex cayeron tras los comentarios de Chávez y los mercados estaban preocupados por la demora del gobierno en otorgar el permiso ambiental, que es el último paso para que comience a operar el yacimiento. La empresa dice que su contrato está seguro y confía en que muy pronto le sea aprobado el permiso.
Pero los recientes anuncios del gobierno significan más que los precios de las acciones y las inversiones para los mineros ilegales como Leonel Avilez, que trabaja dentro del área de Las Cristinas con generadores de gasolina y chorros de agua a presión para lograr unas pocas astillas de fino oro.
''Nosotros sólo queremos que nos dejen trabajar donde está el oro'', dijo Avilez, mientras se sentaba en una choza de palos de madera y forros de plástico con sus pies y manos embarradas de blancuzco barro seco procedente de la jornada laboral.
Empresa estatal minera
En grandes agujeros rojos y ocres deforestados por chorros de agua a presión, cerca de 400 mineros trabajan sin licencia dentro de Las Cristinas, que tiene reservas estimadas de 12.7 millones de onzas.
Otros cientos más trabajan pequeñas minas justo en las afueras del campo, desde donde critican a los efectivos de la Guardia Nacional por llevarse el combustible que ellos necesitan para los generadores y bloquear el acceso a la concesión.
Algunos quieren trabajar con Crystallex, una vez que la minera inicie la producción, porque entienden que el rendimiento que deja del oro es poco cuando es extraído por pequeños mineros; otros exigen a las autoridades acceso legal a zonas de la concesión Las Cristinas, donde creen que es más fácil extraer oro.
La mayoría, sin embargo, se sienten abandonados por el gobierno, porque afirman que no han recibido asistencia técnica o permisos para operar.
Algunos representantes de la industria se preguntan ahora si Chávez quiere llevar al sector minero por el mismo camino de la estatizada industria petrolera.
Este año Chávez ordenó a firmas foráneas y locales, en 32 convenios operativos del sector petrolero, convertirse en asociaciones mixtas donde el Estado tendrá participación mayoritaria. Además, aumentó regalías e impuestos a otros proyectos petroleros.