Propone declarar inconstitucional artículo de la Carta Magna morelense y otras normas

Mantener en el cargo a Estrada Cajigal, plantea Aguirre Anguiano

Las sugerencias del ministro de la Corte sorprenden a sus compañeros; "se salió del tema", dicen

JESUS ARANDA

Al retomar ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano sorprendió a sus compañeros de pleno al plantear un elemento no previsto, que favorece la postura del mandatario estatal en la controversia constitucional que éste interpuso y que, al menos, alargaría la discusión del asunto más de lo previsto.

Ministros consultados reconocieron que Aguirre Anguiano "se salió del tema", pues en sesiones anteriores el máximo tribunal había determinado que únicamente quedaba por resolver si se mantenía o no la suspensión otorgada por la Corte a Estrada Cajigal, a efecto de que se mantuviera en el cargo hasta que el Congreso concluyera el juicio político contra el Ejecutivo estatal.

Trascendió que la acción de Aguirre fue recibida por algunos de sus compañeros como una forma de "darle mayor tiempo" al gobernador de Morelos para que se mantenga en el puesto -termina su periodo el próximo año-, ante la posibilidad real de que la mayoría se incline por negarle la suspensión y dar paso al procedimiento político que ha estado congelado en la Suprema Corte desde mayo de 2004.

En una intervención que llamó la atención, porque se dio apenas unos minutos antes de que terminara la sesión de pleno que se transmite por televisión de cable (14 horas), Aguirre Anguiano señaló que su proyecto de resolución plantea declarar procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional promovida por el mandatario de Morelos en contra del Congreso estatal, en la que demanda la invalidez de la resolución del 24 de octubre de 2004 por la que se le inició juicio político.

Pero también propone que el máximo tribunal declare la invalidez de los artículos 138 de la Constitución de Morelos y 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicha entidad -asuntos que no forman parte de la litis y fueron introducidos a la discusión de forma unilateral por Aguirre Anguiano-, además del punto resolutivo tercero de la resolución del Congreso del 24 de octubre pasado, en la que los diputados se erigieron en jurado de declaración en el procedimiento de juicio político.

El artículo 138 señala que para proceder penalmente contra el gobernador por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo el Congreso declarará por mayoría absoluta del total de sus miembros, previa audiencia al acusado, si ha lugar a la formación de la causa.

Si no ha lugar, cesará todo procedimiento contra el servidor público, sin perjuicio de que la acusación continúe cuando éste termine su encargo; en caso afirmativo quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y a disposición de los tribunales comunes para la instrucción del proceso respectivo.

La decisión del Congreso será inatacable

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que si el Congreso resuelve absolver al indiciado, éste se mantendrá en el cargo; en caso contrario, quedará suspendido y será puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado; asimismo se designará una comisión de tres diputados para que sostengan la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como coadyuvantes del Ministerio Público.

Aguirre Anguiano explicó que si bien el 18 de agosto pasado el pleno resolvió por seis votos contra cinco que la controversia planteada por Estrada era procedente para revisar si continuaba vigente la suspensión que le otorgó en su momento el propio ministro Aguirre para que se mantuviera en el cargo hasta que la Corte resolviera el fondo del asunto, quedaba pendiente revisar este último punto.

En ese contexto, propuso declarar la inconstitucionalidad de los artículos referidos, los cuales prescriben que en caso de que el Congreso dé luz verde al procedimiento de juicio político -lo que ocurrió hace casi un año-, el funcionario quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y a disposición de los tribunales comunes.

Aguirre sostuvo que el artículo 116 atenta contra el principio de división de poderes, porque permite al Congreso anular al Ejecutivo estatal. Y aunque la misma ley establece que si el gobernador es encontrado finalmente inocente debe ser restituido en el cargo, esto "podrá ser remedio en parte para la posición personal del gobernador, pero no para la posición institucional que es la del Poder Ejecutivo, que se vio trastocado en forma irremediable, dejándolo mutilado o cercenado del Ejecutivo que fue electo mediante votación universal y directa".

Lo que planteó en otras palabras el ministro es que Estrada se mantenga en el cargo y sólo sea separado si el Tribunal de Justicia de Morelos lo halla culpable de "omisión y violación reiterada de la Constitución local".

Algunos ministros cuestionaron la maniobra de su compañero y confiaron en obtener la mayoría para que el gobernador de Morelos sea finalmente retirado del cargo y objeto de juicio político, como ordena la Constitución de esa entidad.