El efímero embajador ante la OCDE habría desviado 33 millones de pesos del erario
Determina hoy el IFAI si las auditorías a Carlos Flores son de carácter público
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) resuelve hoy si revisten carácter público los documentos que contienen los resultados de la auditoría que en enero de 2004 practicó la Secretaría de la Función Pública (SFP) al destituido representante de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Carlos Flores, por el desvío de aproximadamente 33 millones de pesos del erario.
La SFP respondió escuetamente a una solicitud de información presentada al IFAI que de 18 "observaciones determinadas" sólo siete han sido "solventadas", sin especificar en qué términos; está pendiente de "solventar" una falta, y en al menos 10 observaciones se encontró "presunta responsabilidad" del funcionario, sin que precise qué otras sanciones se impusieron a Flores Alcocer, además de la destitución.
Cabe destacar que en abril pasado, al presentar el dictamen de las sanciones impuestas a la asociación Provida, el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, respondió, a insistencia de los periodistas, que continuaban las investigaciones contra Flores, pero aclaró que no se podía fincar "un procedimiento de responsabilidades contra un diplomático con funciones dentro del Servicio Exterior Mexicano".
En abril de 2004, cuando la SFP presentó el informe de los resultados de esa auditoría, donde anunció que había encontrado 19 irregularidades en los gastos que efectuó Flores, Romero aseguró que continuaría el proceso administrativo para deslindar responsabilidades.
Las irregularidades que la SFP detectó durante la corta estancia de Flores en la representación de México ante la OCDE, en París, Francia, fueron diversas, entre ellas: el desvío del presupuesto destinado a la compra de una oficina para adquirir una residencia oficial con un valor de 1.4 millones de dólares, con la agravante de que parte del inmueble se encontraba en litigio; la erogación de 14 mil 600 dólares por seis colchones y siete almohadas, 500 dólares por una plancha, 300 dólares por un sacacorchos; mobiliario para oficina por 610 mil dólares; equipos de informática por 148 mil dólares; servicios de instalación, 36 mil dólares, vehículos alquilados por 4 mil dólares.
Además, sin autorización firmó un contrato de arrendamiento de oficinas por nueve años con pago anual de 233 mil dólares, y registró un gasto por 133 mil dólares fuera del presupuesto asignado, entre otras irregularidades.
Vale precisar que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el carácter de reserva o confidencialidad de la información deja de tener efecto cuando los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio hayan causado estado. Es decir, una vez concluida la investigación.
Por otra parte, el comisionado Juan Pablo Guerrero someterá a consideración del pleno del IFAI, para su eventual aprobación o modificación, el proyecto que fija una serie de lineamientos para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos en salarios y actividades del equipo de transición del presidente de la República electo en 2006.
Con ello se pretende evitar una situación como la que se presentó en 2000 con el equipo del presidente electo Vicente Fox, cuando el mandatario saliente, Ernesto Zedillo Ponce de León, aprobó para ese fin una partida "especial" de 10.3 millones de pesos, de los cuales buena parte fue a dar a un fideicomiso privado, sin que se tuviera información del destino de los recursos.