Se ahonda la crisis política tras exigir el departamento de Santa Cruz más curules
Busca el Congreso de Bolivia consensos políticos para no aplazar las elecciones
Amas de casa bloquean calles de La Paz y El Alto por el grave desabasto de gas licuado
Ampliar la imagen Evo Morales, candidato favorito para las elecciones presidenciales en Bolivia, ayer durante una conferencia de prensa. Le acompa�lvaro Garc�Linera, su compa� de f�la FOTO Ap Foto: Ap
La Paz, 4 de octubre. El Congreso Nacional de Bolivia mantenía aquí esta noche, en medio de fuertes presiones, un debate en busca de consensos políticos y regionales que impidan el aplazamiento de las elecciones generales programadas para el 4 de diciembre, afectadas por un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó reasignar los escaños en la Cámara baja, distribuidos según criterios demográficos.
El fallo constitucional creó conflictos entre regiones, ya que asigna más curules a los departamentos de Santa Cruz -el más rico del país-, Cochabamba y Tarija, y reduce los de La Paz, Oruro y Potosí, que se resisten a perder escaños.
Por ello, estas regiones volvieron a exigir definiciones al Congreso, a pesar de que los titulares del Senado, Sandro Giordano, y de la Cámara baja, Norah Soruco, ratificaron su intención de salvar los comicios de este año y de encontrar una solución a la polémica entre los departamentos.
Ambos legisladores respaldaron además "su decisión de contribuir a la realización de la agenda de unidad nacional" acordada en junio pasado, que incluye, además de los comicios generales del 4 de diciembre, la elección de una Asamblea Constituyente y la realización de un referendo sobre autonomías el 2 de julio de 2006.
El ordenamiento del Tribunal Constitucional representaría también el aplazamiento de la elección de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos de Bolivia, previstos también para realizarse el 4 de diciembre.
Otras posibles soluciones al conflicto serían la ampliación del mandato del presidente interino, Eduardo Rodríguez, nombrar jefe de Estado al presidente del Senado, Sandro Giordano, o desobedecer el fallo constitucional realizando las elecciones generales con la distribución de escaños vigente hasta ahora.
En medio de la crisis política y regional, el gobierno del presidente interino Eduardo Rodríguez intenta un diálogo entre distintos sectores con miras a facilitar las elecciones de diciembre, mientras el comandante del ejército, general Marcelo Antezana, despejó temores de un golpe de Estado.
Por su parte, las organizaciones sociales amenazaron con reiniciar las movilizaciones e inclusive con el cierre del Congreso, si se postergan las elecciones y el presidente Rodríguez abandona su cargo.
En este contexto, entre 20 y 30 campesinos del sur del país andino tomaron por algunas horas la carretera entre Potosí y Oruro, en demanda de elecciones y en contra del recorte de representación parlamentaria para esos departamentos.
En tanto, la provincia de Santa Cruz advirtió que elegirá a su gobernador por su cuenta, aun si el Congreso Nacional aplaza las elecciones generales.
En un comunicado, el Comité Cívico de Santa Cruz -integrado por organizaciones civiles y empresariales- exigió la realización de los comicios "por ser una decisión tomada por el pueblo boliviano y la salida constitucional a la crisis política y social".
Santa Cruz demanda, a la vez, que se reconozca la nueva distribución de escaños para el departamento, lo cual representa mayor presión para el Congreso.
Por otro lado, amas de casa bloquearon las principales calles de La Paz y la cercana ciudad de El Alto en protesta por el grave desabasto de gas licuado de petróleo, de uso doméstico.
La escasez de ese combustible se agudizó a pesar de que desde la semana pasada la Superintendencia de Hidrocarburos redobló el control en poblaciones fronterizas con Perú, por donde se contrabandea gas doméstico boliviano, cuatro veces más barato que el peruano.
El ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, atribuyó la escasez a la falta de producción, al contrabando, la especulación y la conversión ilegal de vehículos de gasolina a gas licuado de petróleo.