Carecen de servicios básicos 49 por ciento de los menores, señala en un documento

Alarmante la desigualdad entre niños mexicanos, asevera ONG

La problemática, por la mala distribución del gasto, se afirma en el informe presentado por Gerardo Sauri, Emilio Alvarez y Rolando Cordera

La niñez no es prioridad del gobierno, dice

CAROLINA GOMEZ MENA

En México persisten brechas alarmantes de disparidad que afectan a la niñez, establece el informe Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad, elaborado por la Red de Derechos de la Infancia en México. De acuerdo con el estudio, el fenómeno se da en ámbitos como salud, educación y acceso a agua potable, drenaje y electricidad, entre otros.

Aunque han habido avances en ciertos rubros, tal parece que para la actual administración la infancia no es una prioridad, ya que no ha logrado abatir las diferencias, consideró Gerardo Sauri Suárez, director ejecutivo de la citada red, que aglutina a 58 organizaciones civiles.

En el documento se resalta que actualmente casi la mitad (49 por ciento) de los infantes nacionales viven en hogares sin agua, más de 10 millones carecen de drenaje y más de 2 millones no tiene electricidad, y advierte que la desigualdad no sólo se da entre los estados (en seis entidades del sur y centro del país persiste 40.3 por ciento de la desigualdad nacional), sino también en el interior de los municipios.

Este informe, presentado ayer por Sauri Suárez, Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), así como Rolando Cordera, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, resalta que las deficiencias en la aplicación del gasto público generan procesos de discriminación hacia la infancia más pobre, y recuerda que un balance de la Unicef de este año señaló a México como una de las naciones con las tasas más elevadas de pobreza infantil dentro de los países de la OCDE, debido a que durante los años 90 se registró un aumento de tres puntos en la tasa de pobreza infantil.

Cordera consideró que este balance "alternativo" coloca ante un futuro incierto y hace evidente que los derechos de los niños y niñas apenas se cumplen. Advirtió que "de seguir como vamos, seremos un país sin mucho futuro, porque es la infancia la que justamente lo representa"; además hizo un llamado a elaborar pronto un pacto de redistribución de la riqueza.

Alvarez Icaza expuso que el informe produce un profundo malestar y "nos plantea qué es lo que no estamos haciendo, no sólo como gobierno, sino como sociedad". Subrayó que el estudio realizado durante más de dos años por un grupo de académicos y expertos, "logra poner sobre la mesa la realidad que vive gran parte de la infancia del país".

En el documento se expone que la situación nutricional de los niños es también una evidencia de la desigualdad, pues "nueve entidades del país presentan porcentajes mayores a la cuarta parte de su población infantil entre 0 y 14 años de edad con alto riesgo nutricional extremo". Entre éstas están Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde los porcentajes de menores en esta situación es levemente superior a 50 por ciento.

Tras destacar que alrededor de 6 por ciento de la población infantil vive en hogares sin electricidad, precisa que es la inequidad en la aplicación del gasto público lo que mayor impacto provoca en esta problemática. Un ejemplo es lo que ocurre con la cantidad de recursos que una familia puede destinar a la atención médica de sus hijos en un año. "Un niño cuyos padres cuentan con un empleo formal, en promedio se le destinarán 2 mil 786 pesos por año en atención de salud, mientras uno que vive en extrema pobreza se le destinarán 384 a 131 pesos en el mismo tiempo."

En materia educativa revela que la disparidad es también un factor preocupante. "Mientras la cobertura de educación primaria alcanza casi 100 por ciento de la población infantil, solamente seis de cada 10 niños mexicanos han tenido un año de educación prescolar y sólo cuatro de cada 10 pueden incorporarse a la formación media superior".

Asimismo, Sauri Suárez destacó en entrevista el riesgo de ahondar la desigualdad que representa la obligatoriedad de la educación prescolar, la cual afecta de manera particular a los sectores más pobres por la escasez de estas escuelas y la imposibilidad de que algunos centros comunitarios puedan ser certificados, así que sólo los padres con mayores recursos podrán garantizarle a sus hijos cubrir este nivel.

La red urgió a fortalecer la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de crear un sistema nacional de protección de la infancia que garantice el cumplimiento de la convención sobre este rubro de la Organización de Naciones Unidas.