Usabiaga, tras la inconstitucionalidad interpuesta por la PGR, señala dirigente
Los cañeros, dispuestos a realizar cambios a la polémica ley del rubro
Las modificaciones siempre y cuando no se vulnere el desarrollo de la misma: Blackaller
El presidente de la Unión Nacional de Cañeros (CNPR-CNOP), Carlos Blackaller Ayala, confirmó que todas las organizaciones del ramo ya quedaron inscritas en el Registro Nacional Agropecuario a escala nacional y estatal, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, pero expresó que los productores están abiertos a realizar modificaciones para finiquitar el diferendo constitucional interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR).
Reafirmó que dicha normatividad se encuentra vigente y sus mecanismos están siendo integrados de acuerdo con el calendario señalado, al tiempo que adelantó que para el 17 de octubre próximo se creará e instalará el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, un organismo descentralizado creado en el contexto de la nueva ley, y unos días después (29 de octubre) nacerá el centro de investigación científica de la industria del ramo.
El dirigente de los productores culpó al ex secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y hoy precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Guanajuato, Javier Usabiaga, de estar detrás de la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR en contra de 13 de 150 artículos que contiene la ley.
Confirmó que se mantienen instaladas dos mesas de trabajo para lograr una solución en los artículos en los que no está de acuerdo el gobierno del presidente Vicente Fox; la primera es una vertiente técnico-operativa para que continúe vigente la ley, y la segunda es una mesa jurídica en la cual senadores, diputados, dirigentes de productores, representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Sagarpa analizan la acción de inconstitucionalidad.
Blackaller Ayala aseguró que los cañeros están abiertos a reconocer y realizar cambios a la ley, siempre y cuando no se vulnere el desarrollo productivo ni el funcionamiento de la misma.