Cona(in)culta
Nuevamente la burocracia foxista, que pretende controlar y centralizar las instituciones culturales del país para su beneficio, reproducción y consolidación, presentó el pasado 20 de septiembre a la Cámara de Diputados a través del Ejecutivo federal (¡¿hay alguien allí?!) una iniciativa de ley denominada de "fomento y difusión de la cultura" (sic), que es un intento más de los afanes atentatorios de la derecha mexicana contra el principio de interés social y nacional que inspiró la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972.
Días más tarde, el cuarto Congreso Nacional de Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) -que contó con la participación de más de 200 investigadores procedentes de todo el país y en el que se presentaron más de un centenar de ponencias sobre la defensa del patrimonio cultural en particular- rechazó la iniciativa aduciendo que con ella el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al que suele denominarse Conaculta, busca perpetuar la invasión de atribuciones y funciones del INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), las universidades públicas y los centros de investigación existentes, concentrando en el presidente de esa superflua entidad un poder de decisión y ejecución arbitrario, sin contar con mecanismos para su control, evaluación y escrutinio.
Conaculta intenta transformarse ya no de facto, sino por ley, en un supraorganismo fiscalizador, obviando su trayectoria probada de ineficiencia, corrupción, dilapidación presupuestal, manejo discrecional de recursos e intrusiones fuera de la ley que lo han caracterizado a lo largo del sexenio. Sólo hay que recordar el caso Creel, la imposición de Cedillo como director del INAH y la obcecación del proyecto de la megabiblioteca Bermúdez-Fox, entre otros desaciertos notables.
Es evidente, además, el divorcio que existe entre Conaculta y la comunidad académica y artística de los institutos nacionales mencionados, la cual reiteradamente ha hecho públicas las críticas, denuncias y oposición a la desatinada política cultural de esta jerarquía impuesta por sus cercanías con la pareja presidencial y que no goza de legitimidad ni de consenso.
El problema de fondo radica no sólo en la confusión conceptual que contiene el proyecto de ley (¿qué se puede esperar?), en el que se embrollan y utilizan indistintamente términos como "cultura" y "patrimonio cultural", sino también, y es lo más grave, en que el propósito fundamental de la propuesta foxista favorece, sobre todo, el usufructo y apropiación capitalista de bienes de intrínseco uso social en beneficio de empresarios, consorcios y grandes cadenas corporativas.
Así, de ser aprobada en el Congreso de la Unión dicha iniciativa tendríamos la consolidación de un núcleo gerencial de corte "ejecutivo" con atribuciones "legales" para utilizar en su provecho una colectividad técnica, académica y especializada, para llevar a cabo proyectos "rentables" para el modelo neoliberal impuesto, relegando en último término, o incluso echando abajo, los objetivos educativos, sociales, promovedores de cohesión, identidad nacional y socioétnica que contiene la legislación vigente en materia de investigación, protección, conservación y restauración del patrimonio cultural.
Mediante una confusa definición de las llamadas industrias culturales, la iniciativa de ley pretende apoyar con fondos públicos a empresas privadas, actuando el presidente de Conaculta como el facilitador y gran concesionario de esos fondos. Detrás de esa propuesta de ley están las trasnacionales del turismo-mercancía (con todos los subterfugios y variedades seudoecológicas) y los intereses empresariales de sus socios cipayos, tan cercanos al grupo gobernante encabezado por Vicente Fox.
En la elaboración, presentación y cabildeo de la iniciativa destaca el nulo papel de la cabeza de sector al que formalmente está subordinado jerárquicamente Conaculta. El secretario de Educación Pública es el convidado de piedra de esta nueva aventura legislativa en la que la Secretaría de Educación Pública no tiene más involucramiento que el silencio y la omisión.
¿Qué tiene el secretario de Educación Pública que declarar en lo concerniente a las funciones que la iniciativa establece para Conaculta en materia de educación superior que se imparta en las escuelas e institutos oficiales para la enseñanza y difusión de las artes y culturas populares, la antropología e historia, la conservación y restauración y la museología? ¿Cuál es la posición de la ENAH al respecto? ¿Qué sucederá con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en manos de su presidente, según la iniciativa? ¿Correrá la misma suerte que los fideicomisos y recursos de Lotería Nacional? ¿Se utilizará para terminar la bibliotecota o continuar el video sobre Octavio Paz?
El cuarto congreso de investigadores del INAH denunció también la falsedad en la que incurre la actual titular de Conaculta cuando afirma que la iniciativa presentada es producto de una "amplia consulta a la comunidad cultural y a la sociedad en su conjunto". Como es de dominio público, la propuesta fue elaborada en la clandestinidad de la burocracia bajo su cargo y sin tomar en cuenta las opiniones en contra de los especialistas en la materia, las organizaciones de los pueblos indios y los sectores interesados de la sociedad mexicana. El Congreso de la Unión debe rechazar esta iniciativa si no quiere hacerse cómplice de un nuevo atentado a los intereses mayoritarios del multicultural pueblo mexicano.