Ricardo García Sainz

Desenmascaremos a los depredadores

El 1º de diciembre de 2000 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenía en su ámbito interno dos problemas fundamentales, ambos de tal naturaleza y tamaño que de no resolverse destruirán a la mayor institución de la seguridad social mexicana que fue orgullo de la República. El primero viene arrastrándose desde hace más de una década, consiste en la insuficiencia de los recursos que el IMSS recibe por concepto de cuotas para prestar servicios eficaces y oportunos a más de 40 millones de mexicanos. Para corregir esta situación que desvirtuaba, que cancelaba la razón misma de la existencia de la institución, el presidente Ernesto Zedillo promovió la reforma a la Ley del IMSS de 1997 ofreciendo el necesario incremento de las cuotas destinadas a la atención del seguro de enfermedades y maternidad. Para desgracia nacional ésta fue una gran mentira, no se dio incremento alguno a la institución.

El segundo problema es la existencia de un régimen interno de jubilaciones y pensiones pactado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para definir y garantizar los derechos jubilatorios de los trabajadores de la institución. El costo de esta prestación es muy alto por estar determinada por años de servicio sin límite de edad, por la forma de calcularla, por los factores de actualización de la pensión y por el incremento en las expectativas de vida.

El deterioro de los servicios médicos se agrava día a día, tiene su origen en la caída del valor real de los salarios, en la insuficiente generación de empleos y, por tanto, la menor tasa de crecimiento de nuevas generaciones de asegurados jóvenes, en la prolongación de las expectativas de vida que implican prestaciones de servicios por muchos años más, y en la ausencia de fuentes de financiamiento para atender las necesidades de atención médica de los jubilados al incumplir el gobierno federal el compromiso establecido en la ley de cubrir el costo de transición del régimen solidario de pensiones al régimen de ahorro individual que dio nacimiento a las administradoras de fondos para el retiro (Afore) y transformó un instrumento de política social en un instrumento financiero al servicio de los grandes grupos trasnacionales.

En el ámbito de las ya muy lastimadas finanzas públicas, las modificaciones a la ley Zedillo de 97 les impusieron dos grandes cargas, liberar al sector empresarial de una parte importante de las contribuciones que venía haciendo hasta esa fecha, absorbiendo el Estado gran parte de su pago y al asumir el costo de transición de uno a otro régimen de pensiones, lo que en conjunto representa anualmente una cifra del orden de 80 mil millones de pesos con cargo al presupuesto federal.

Al inicio del gobierno de Vicente Fox, fue designado director general del IMSS el tecnócrata neoliberal Santiago Levy, hombre de confianza del presidente Zedillo y, paradójicamente, era a él a quien "el gobierno del cambio" le confiaba la administración de la seguridad social. En esa época yo escribía en El Universal y me pareció tan aberrante su designación que publiqué antes de su toma de posesión un artículo titulado "Levy, garantía de desmantelamiento del Seguro Social".

Su actuación fue la crónica de un desmantelamiento anunciado. No sólo ignoró, sino que aceleró uno de los problemas básicos: el creciente deterioro de los servicios médicos y concentró su esfuerzo en la solución arbitraria, unilateral y atropellante del otro problema, la desaparición del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores al servicio del instituto, y para ello pacientemente y con varias complicidades, construyó la crisis que debería detonar en la revisión del contrato colectivo de trabajo del próximo 15 de octubre. La razón de su renuncia es no haber recibido el apoyo para consumar el atropello cualquiera que fuera su costo.

La crisis fue construida por una brutal campaña publicitaria contra los trabajadores del IMSS y de su sindicato, en auspiciar todas las divisiones internas, en dos reformas legales para arropar jurídicamente el proceso y en un esfuerzo cotidiano de desmantelamiento de los servicios médicos institucionales para acreditar la no viabilidad de la medicina social.

Las dos reformas son, en su esencia, deleznables. La primera gira alrededor de crear reservas con cargo a los magros ingresos, agravando las ya brutales carencias que enfrentaba la prestación de los servicios médicos. La única fuente de financiamiento de estas reservas estériles son las insuficientes cuotas para prestar servicios. El incremento de 50 mil millones que se vanagloria de haber logrado en estos cinco años fueron pagados hasta el último centavo con el dolor, lágrimas, sangre y muerte de los derechohabientes que no fueron atendidos.

La segunda reforma, la que ahora con desmesura defiende el Consejo Técnico, es la peor reforma legislativa en forma y fondo de que yo tenga memoria; está diseñada para imponer por encima de la contratación colectiva y de la razón, la destrucción del sistema vigente de pensiones. La iniciativa tenía dos propósitos: el primero, que se retiró al ser desenmascarado, pretendía el establecimiento por vía presupuestal desde la Cámara de Diputados de un tope a los beneficios otorgados por el régimen de jubilaciones y pensiones pudiendo afectar disfrazado de legalidad a los actuales jubilados y a los actuales trabajadores la segunda pretensión fue imponer una situación para los nuevos trabajadores absolutamente inviable, ya que esta ley en lo formal, canallada en lo real, pretende que cada uno de los nuevos trabajadores construya con cargo a su salario su pensión.

En lo formal la reforma de agosto pasado fue grotesca, con una iniciativa de diputados que se autonombraban Senado de la República, por mecanismos de mayoriteo en las comisiones, por la ausencia absoluta de oradores en favor en la Cámara de Diputados, por las características del debate en la de Senadores con notables ausencias y presencias en la tribuna y con la precipitada aprobación.

El único efecto de este lamentable espectáculo democrático es haber impedido desde su publicación y hasta la fecha, la cobertura de las 20 mil vacantes, factor de presión construido por la administración para forzar la aceptación de un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones para los nuevos trabajadores o de lo contrario, al amparo de la "legalidad", acelerar la destrucción del instituto.

Resulta claro que, construidos por caminos torcidos, se han incorporado al proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo del IMSS problemas de una complejidad y trascendencia que rebasan los límites de una negociación contractual, están pendientes resoluciones de los tribunales que afectan el fondo de este problema, iniciativas de reformas a la ley en proceso de ser dictaminadas por las comisiones de la Cámara de Diputados, rezagos en la aportación de recursos por la Federación para cubrir los servicios a los jubilados y un clima general de confusión provocado por mentiras reiteradas y campañas publicitarias que han deformado la relación, la naturaleza de los problemas y los caminos para resolverlos.

Perturba además a la negociación contractual la mentirosa, cínica y amañada renuncia de Levy, la desmesurada publicación a plana entera hecha por el Consejo Técnico del IMSS exigiendo garantía de legalidad, la descalificación por el Doctor Simi del secretario general del SNTSS, la invitación a una marcha para combatir la corrupción en las compras, y las denuncias de distinta naturaleza y por diversas razones de varias secciones sindicales radicalizando las soluciones.

La estrategia de incrementar la masa crítica en proceso de colisión diseñada por Levy debe ser sustituida por la serenidad que devuelva la verdadera dimensión a la negociación de octubre, sin subestimar el tamaño de los grandes y graves problemas institucionales.

El diálogo debe reconstruirse a partir de la reconstrucción de una verdad brutalmente deformada. El contraste entre la agresividad del Consejo Técnico en el tema de liquidar el régimen y si es posible al sindicato, contrasta con su beatífica ignorancia de la insuficiencia de recursos para prestar servicios que debiera exigir con la misma virulencia y plantear incrementar cuotas y cobrar a Hacienda la omisión en sus contribuciones.

En este clima lo aconsejable es redimensionar la revisión que debe darse en los próximos días, no pretender convertirla en la piedra angular de una falsa reconstrucción, dejarla transitar en sus términos y sentar las bases para reconstruir al IMSS a partir de verdades y no de sofismas. Se requiere que se serenen los ánimos y que se reduzca la revisión del contrato colectivo de trabajo a sus dimensiones reales.