Editorial
México: justicia ciega, sorda y muda
En México las leyes y la impartición de justicia no reflejan la realidad del país y tal parece que están hechas a la medida de grupos de poder económico o político, en detrimento del bienestar de las mayorías. En este sexenio varios escándalos han ilustrado cómo estos grupos abusan del marco legal vigente y aprovechan las deficiencias y lagunas de las normas: la anulación de la suspensión del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las millonarias ganancias de los administradores de carteras en el contexto de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), entre otros.
Uno de los beneficiarios de las deficiencias de la Ley del IPAB es Manuel Bribiesca, hijo de Marta Sahagún, quien junto con la empresa Grupo Fénix pagó 6 millones de pesos por varias casas habitación que luego fueron revendidas a un precio mayor, logrando una ganancia de 42 millones 500 mil pesos. Esta operación fue posible debido a que la citada norma permitió a entidades privadas adquirir las carteras vencidas directamente del IPAB, para posteriormente cobrarlas a los deudores. "Este marco jurídico ha provocado que las administradoras de cartera hayan (...) actuado como intermediarios, adquiriendo hasta el momento cartera por un valor total de 58 mil 898 millones de pesos, por la cual han pagado aproximadamente 10 mil 121 millones de pesos", de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados. Por cada peso que ha vendido el IPAB sólo ha recuperado en promedio 17 centavos. Este sistema, que no es más que un saqueo disfrazado, ha contado con el aval de una parte del poder político, ya que los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional han bloqueado iniciativas para corregir esta situación.
Con anterioridad, los recovecos del sistema de justicia permitieron al ex banquero Carlos Cabal Peniche ganar desde 2001 varios litigios para no ir a prisión, acusado de fraudes multimillonarios: se concedió varios autopréstamos para adquirir empresas y financiar otras de su propiedad, las cuales quebraron y cuyo costo fue a parar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, antecesor del IPAB.
Las fallas de la justicia también han quedado expuestas en casos como el de Diego Fernández de Cevallos, quien en 2002 ganó como abogado privado un juicio contra la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) por un predio mal expropiado en 1984, siendo al mismo tiempo un servidor público. Varios juristas señalaron que el senador incurrió en un delito contra la administración de justicia y otro por ejercicio indebido del servicio público. Y es que Fernández de Cevallos supo que ese juicio podría afectar a una dependencia oficial al mermar el presupuesto de la SRA en mil 200 millones de pesos y no informó de ello, como establece la ley. Además, en el conflicto de intereses desatado por su actividad como litigante particular y representante popular, optó por favorecer la primera, obteniendo una ganancia personal de 600 millones de pesos a cargo del erario. Y la justicia no hizo nada al respecto, a pesar de la contundencia de las pruebas.
Más recientemente, la SCJN declaró inconstitucional la suspensión del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, separado de su cargo por el Congreso de ese estado mediante un juicio político en donde las pruebas presentadas apuntaban inequívocamente a vínculos con el narcotráfico. La SCJN argumentó que de acuerdo con la Carta Magna, el juicio político sólo permite sancionar a un funcionario con la destitución o la inhabilitación, pero no con la suspensión.
Estos ejemplos demuestran que la justicia no atiende las necesidades del país y, por el contrario, tiende a favorecer intereses particulares. Esta perversión del sistema de justicia pone de manifiesto la necesidad de reformarlo para adecuarlo a los principios de equidad e imparcialidad que deben regir en un estado de derecho.