No logró Cota que destituyeran a sus integrantes

Se enreda el PRD en lucha por su órgano de justicia

Acosta exige la renuncia de los "esbirros de Bejarano"

Se abre a ciudadanos la elección de candidatos a diputados

ANDREA BECERRIL

Dada la polarización de puntos de vista y la confrontación que provocó la propuesta del dirigente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, de pedir la renuncia a los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, con miras a renovar ese órgano de justicia, al que responsabilizó de actuar de manera facciosa, el tercer pleno del sexto Consejo Nacional del partido no pudo destituir a los integrantes de ese organismo, pero sentó las bases para un cambio a corto plazo.

La discusión de este punto hizo que pasara a segundo término el debate en torno a la convocatoria para la elección de candidatos a diputados y senadores que contenderán en 2006.

Los ánimos estuvieron siempre encendidos y las posturas divididas. Por ello, después de cuatro horas de discusión, el acuerdo del consejo fue no aceptar la renuncia a Agustín Barrera y Beatriz Hermosillo, integrantes de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, ambos miembros del grupo Nueva Izquierda, quienes de inmediato aceptaron el llamado de Cota Montaño. Con ello se abrió la posibilidad de que el órgano encargado de justicia en el PRD ya no pudiera operar. A partir de ese momento, desde muy temprano se planteó que aunque el presidente de la comisión, Luigi Paolo Cerda, se negara a dimitir, jurídica y materialmente ya no estaría en posibilidades de funcionar.

Incluso, durante la acalorada discusión, Carlos Navarrete propuso que ante la situación, el consejo acordara dar facultades a Cota Montaño para que decidiera la nueva integración del organismo, a lo que algunos consejeros respondieron con rechiflas y expresiones de descontento.

De entrada, Cota Montaño fue cuestionado por Rossana Mora Patiño, diputada local electa por Guerrero, quien le dijo que su actuación era la de un gobernador de Baja California Sur, no la del dirigente de un partido nacional. Señaló que no se puede plantear la sustitución o destitución de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia sin previa convocatoria y sin escuchar a los afectados en audiencia.

"No vine a este partido para ser cómplice de actos indebidos de ningún tipo", respondió Cota Montaño, mientras Agustín Guerrero, de la corriente de René Bejarano, insistía en que la intención era llevar a cabo un juicio sumario para beneficiar a Nueva Izquierda, del grupo de los Chuchos.

En declaraciones previas, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) perredista, José Guadalupe Acosta, argumentó su postura en favor de la destitución de los miembros de ese organismo, ya que, dijo, todavía la dirige René Bejarano y el partido tiene que deslindarse de ello.

"No puede ser que luego de la vergüenza que vivimos hace unos meses, quienes impartan la justicia dentro del PRD sean los esbirros de Bejarano."

Aludió al caso más sonado por el que se cuestiona a esa comisión: el de Miguel Bortolini, delegado en Coyoacán, quien fue sancionado por el CEN, y el organismo que encabeza Luigi Paolo Cerda lo exoneró. "No creo que sea casualidad, porque además hay persecución hacia otros compañeros, en especial contra Jesús Ortega", agregó.

Previo a la discusión interna, Cerda advirtió que no renunciaría. "No soy empleado del Comité Ejecutivo Nacional", dijo, y amenazó con acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que el consejo lo removiera.

Las decisiones, "por unanimidad"

Con los ánimos exaltados se llegó al debate, pero luego de las posturas fuertemente polarizadas que se manifestaron y de la advertencia de que podría violarse la legalidad con la decisión de destituir a la comisión, se optó por no aceptar las renuncias de Agustín Barrera y Beatriz Hermosillo. El acuerdo, aprobado por todas las corrientes y discutido ante el pleno, fue que el organismos se mantenga con su actual integración, pero que en adelante las decisiones se tomen por unanimidad. Esto es, que toda resolución requiera del voto en favor de los cinco miembros de esa instancia.

Asimismo, el sexto consejo decidió conformar una comisión jurisdiccional integrada por Horacio Duarte, Alfredo Hernández Raigosa, Eloy Vázquez y Silvia Vázquez Tagle, quienes tendrán a su cargo investigar todas las quejas que se han presentado en contra de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. Su función será, además, recabar pruebas, escuchar en audiencia a los cuestionados y emitir una resolución en torno a su permanencia o remoción, misma que deberán presentar al próximo pleno del sexto consejo los próximos días 5 y 6 de noviembre.

Al final, Luigi Paolo Cerda comentó que le pareció correcta la determinación del consejo, e insistió en que se mantendrá en el cargo, ya que, aseguró, la comisión jurisdiccional que habrá de investigar encontrará que su actuación ha sido apegada a la legalidad.

Sostuvo que, desde siempre, las decisiones las toman por unanimidad. Sin embargo, cuando se le preguntó por el caso de Bortolini tuvo que reconocer que la determinación fue dividida.

Antes, el PRD aprobó su convocatoria para elegir a los candidatos a senadores y diputados federales que contenderán en 2006. Se decidió que será por votación secreta, directa y abierta a la ciudadanía.

Habrá dos fechas para la elección de abanderados. El 11 de diciembre se hará en aquellas entidades donde el PRD tiene mayor presencia, como Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur y estado de México.

La excepción fue el Distrito Federal, donde la elección de aspirantes a legisladores federales será el 22 de enero, para alejarla del proceso interno para seleccionar al candidato a jefe de Gobierno.

Uno de los puntos torales de la convocatoria es la ratificación de abrir hasta en 50 por ciento las candidaturas externas en el caso exclusivo de la representación popular. Es decir, los cargos plurinominales, que serán para las alianzas con organizaciones sociales y los personajes.

Asimismo, se establece que sólo se aceptarán candidaturas de unidad por medio de un acuerdo político que deberá ser aprobado por dos tercios de los consejos estatales.

También se acordó un tope de 50 mil pesos para las campañas de los diputados federales y de 250 mil para las de senadores.