Debe analizarse desde compra de cartera, capitalización, intervención y salvamento
Plantean revisar todos los documentos relacionados con el rescate bancario
La comisión de la verdad para investigar el Fobaproa-IPAB debe incluir el análisis y procesamiento de todos los documentos oficiales, como las actas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Informe Mackey, banks reports y, particularmente, el documento elaborado por el órgano interno de control del propio instituto el 20 de marzo de 2002, donde se concluye que hubo beneficios irregulares a Banamex, Bancomer y Bital (ahora HSBC) por 36 mil 989 millones de pesos, producto de la venta de cartera con todo intereses moratorios.
Lo anterior, consideraron analistas financieros, quienes señalaron que las operaciones del fondo implica necesariamente revisar el proceso tanto de compra de cartera, como de capitalización y de intervención y saneamiento. Las irregularidades deben ser investigadas deslindando responsabilidades económicas, administrativas y penales.
Se considera que con estas acciones debe reducirse el costo de los pagarés Fobaproa y con ello el costo fiscal del rescate a los banqueros. Asimismo, debe replantearse un nuevo IPAB, tanto en su marco legal, sus atribuciones y el funcionamiento de su junta de gobierno, además de optimizar el refinanciamiento de sus pasivos y el seguro de depósito.
Consultado al respecto, Mario di Costanzo, asesor financiero en el Congreso, afirmó que la inoperancia, discrecionalidad e ilegalidad de estos programas quedó de manifiesto en varios aspectos: la Inoperancia se observa a partir de que de las 12 instituciones que recibieron estos apoyos solamente cuatro continuaron operando (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) es decir, que las otras ocho fueron liquidadas, fusionadas o intervenidas posteriormente, con el "doble costo fiscal" para los contribuyentes mexicanos.
La discrecionalidad ocurre debido a que el compromiso de "capitalización" por los bancos nunca fue de 2 a uno; de hecho esta razón nunca se observó y fue diferente para cada banco, además de que la mayoría de los bancos no cumplió correctamente con las "bases de capitalización" exigidas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
De hecho los llamados banks reports del Informe Mackey señalan los incumplimientos en los procesos de capitalización de los bancos que participaron en estos programas, particularmente señalan que en el caso de Banamex, este banco no tenía problemas financieros, es decir, no requería de apoyos financieros ni cumplió con la capitalización acordada.
El especialista explicó que la ilegalidad se observa a partir de varias razones, entre las que destacan las siguientes: los créditos seleccionados por los bancos fueron los de mayor riesgo de cobranza y muchos se vendieron con todo e intereses moratorios.
De acuerdo con los criterios originales establecidos por el Fobaproa no debían adquirirse los siguientes tipos de créditos: cartera irrecuperable, cartera de empresa en suspensión de pagos, cartera denominada en Unidades de Inversión, cartera descontada por la Banca de Desarrollo, créditos relacionados (préstamos a socios o funcionarios del propio bancos) y créditos menores de 200 mil pesos.
Detalló que en mayo de 1996, mediante el llamado "Acuerdo de Partes", sin justificación conocida el Comité Técnico del Fobaproa, decidió modificar sus criterios y permitió la adquisición de todo tipo de cartera, incluyendo sobre todo gran cantidad de "chatarra financiera".