Editorial

Descontrol, lodazal, inestabilidad

La filtración a un noticiario de Televisa de supuestas indagaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a presuntas transacciones multimillonarias irregulares efectuadas en 2000 y 2001 por Juan Pablo Montiel Yáñez, hijo del precandidato presidencial priísta Arturo Montiel Rojas, es un suceso alarmante e indicador de la sima a la que ha sido conducida la vida republicana en el país por varios de sus actores.

Por principio de cuentas, es inexplicable y lamentable que mientras la SHCP y su titular, Francisco Gil Díaz, guardaban vergonzoso silencio al respecto, el propio presidente Vicente Fox saliera a negar la veracidad de la especie, no sólo porque rebaja su investidura hasta el punto de debatir versiones periodísticas con un presentador de televisión, sino porque parece indicativo de la soledad del mandatario, y también porque ya en una ocasión el mencionado funcionario dejó en situación por demás embarazosa al titular del Ejecutivo federal: cuando Fox negó que Gil Díaz hubiera participado en una reunión con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y días después éstos desmintieron al mandatario.

Ahora la opinión pública asiste a una serie de duelos deprimentes y alarmantes en los cuales la mitad de los participantes mienten: ¿quién dice la verdad, el Presidente o Víctor Trujillo? ¿Quién está en lo correcto, la cúpula priísta, que acusa al gobierno federal de ser el autor de la filtración, o el titular de la Procuraduría General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien niega que su dependencia participe en una pesquisa contra el hijo de Montiel?

En todo caso, de existir, tal pesquisa resultaría severamente contaminada por el ilícito evidente de darla a conocer desde una oficina pública. Y no sólo el supuesto expediente: con el escándalo se ha contaminado y dislocado la vida institucional.

Llama la atención, a este respecto, la rapidez y contundencia con la que el titular del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mariano Palacios, y el vocero del partido, Eduardo Andrade, culparon al gobierno federal de las revelaciones. Es extraño que la cúpula priísta haya podido concluir, pocas horas después de la difusión de los datos mencionados, que la administración foxista está "haciendo investigaciones interesadas, enfocadas con sentido político y divulgadas con toda la intención de dañar al adversario político".

Desde luego existen antecedentes que lleva-rían a dar algún crédito en primera instancia a esos señalamientos, toda vez que el gobierno actual se ha servido del poder con propósitos facciosos evidentes, como el prolongado hostigamiento judicial, sin más bases que un delito inventado, contra el ex jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando se urdió y ejecutó el complot contra éste, el foxismo tenía un motivo claro para intentar eliminarlo en términos políticos. Sin embargo, en el caso de Montiel y los posibles actos de defraudación fiscal de su hijo, lo que queda del grupo en el poder no tendría ningún interés evidente en perjudicar al precandidato priísta, como no fuera para fortalecer la posición de su rival, Roberto Madrazo.

Es significativo y esclarecedor que, tras lo dicho por los líderes de su partido, el propio Montiel no haya hecho alusión alguna al gobierno y haya, en cambio, formulado la frase siguiente: "Todos sabemos quién es el responsable de este tipo de ataques".

Si los informes fueran ciertos, habrían debido salir, de forma subrepticia, de las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, lo que indicaría otra exasperante falta de control de la información en esas dependencias e infiltración en ellas de poderosos grupos de interés, acaso los mismos que se han venido encargando, desde el año pasado, de propinar golpes bajos a diversos actores y sectores políticos mediante el envío de comprometedoras y reveladoras grabaciones de video a las empresas televisivas privadas. El estilo es inconfundible.

No habría que omitir, por otra parte, que el hombre al que se atribuyen estas maniobras es Carlos Salinas de Gortari, el que se exhibe fundido en abrazos cálidos con el adversario de Montiel; el que recientemente se aferró a su silencio cuando en una entrevista televisiva la informadora Denise Maerker le preguntó por sus nexos con el empresario corruptor, su tocayo Carlos Ahumada; Salinas, el que convocó a su domicilio al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, en cuya esfera de responsabilidad recaen no sólo los aderezos de reformas fiscales, sino también el resguardo de la información del SAT.

Ahora es obligatorio esclarecer más allá de toda duda, en primer lugar, si existen las pesquisas fiscales sobre las transacciones del hijo de Montiel; en caso afirmativo, habrán de ser aclaradas a fondo y el precandidato priísta estará ante la obligación de ofrecer a las autoridades correspondientes y a la opinión pública una explicación detallada, puntual y (debiera estar de más decirlo, pero no lo está) verídica del origen de los millonarios montos que, al parecer, se mueven en las cuentas bancarias de su entorno familiar.

Pero esto no quita que estemos ante un estilo particular y abominable de hacer política: los golpes bajos mediante filtraciones de información comprometedora, información de circulación restringida a la que no es fácil ­más aún: es muy difícil­ acceder. El sello es, cabe repetir, singular, inconfundible: el abrazo que mancha, las viejas complicidades que se revierten en forma de desprestigio, los ensayos de truncar y destruir a pedradas de escándalo carreras políticas inoportunas o incómodas.

Más allá de los daños que puedan causar a sus víctimas inmediatas, estas prácticas lesionan en forma severísima las aspiraciones democráticas de la sociedad, desalientan la participación en los procesos electorales, envilecen la vida interna de los partidos y las relaciones entre ellos, y conducen la vida política del país a la descomposición y al muladar. Lejos de debatir programas, plataformas, ideas y propuestas de gobierno, la clase política acaba enfrascándose en espectáculos lamentables e inaceptables de luchas en lodo, poniendo de paso a los votantes (ya sea en elecciones primarias o en comicios constitucionales) en el difícil trance de emitir su sufragio no por el candidato que más los convenza, sino por el que menos manchado emerja de la contienda.

La filtración de marras tiene otro aspecto deplorable: recuerda los mensajes de escarmiento indirecto que suelen enviar las mafias a sus propios díscolos, es decir, lleva a preguntarse por las posibles respuestas del madracismo ­del salinismo­ a las reiteradas provocaciones lanzadas desde el liderazgo charro de Elba Esther Gordillo en los actos de campaña de Madrazo.

Para el Revolucionario Institucional los saldos de este lodazal serán necesariamente negativos en la medida en que se traducirán en un nuevo desprestigio para ese partido. Tomar en cuenta o no esa consideración es, sí, problema de los propios priístas. Pero para el resto de la sociedad no es buena noticia, porque el tricolor representa la primera fuerza electoral del país, tiene en sus manos una suma enorme de posiciones de poder público y, a lo que puede verse, algunas de sus facciones tienen la capacidad de extraer información reservada de dependencias gubernamentales.