Oportuno desplegado del consejo técnico del IMSS
La semana pasada a plana entera, sin duda con cargo al ilimitado programa de difusión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su consejo técnico -con la obvia ausencia de su presidente- publicó un desplegado dirigido al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la opinión pública, en el cual lamentaba la renuncia de Santiago Levy, destacaba su labor, exigía respeto a la legalidad, daba la bienvenida al nuevo director y reiteraba su compromiso de brindar cada vez mejor servicio a los derechohabientes.
Desde mi punto de vista, el desplegado no tiene desperdicio; revisar sus alcances y contenido constituye una excelente oportunidad para definir posturas institucionales en la artificialmente espinosa revisión del contrato colectivo de trabajo, cuya vigencia expira el próximo día 15.
Dirigir el desplegado al presidente Vicente Fox parece un reproche por haber exigido la renuncia al director saliente. Limita su defensa al tender un hiperadjetivado puente de plata para una salida cubierta de gloria. Su reproche meramente testimonial es confirmar que los sectores no tienen injerencia legal en la designación o remoción del director general y que su carácter de representantes de los empresarios y de los trabajadores está condicionado por el Ejecutivo federal, ya que éste define las organizaciones que pueden formar parte del consejo técnico. Esto le imprimió desde su inicio el carácter de organismo fortalecedor del corporativismo generosamente remunerado, lo que acentúa su subordinación y dependencia a la voluntad del Ejecutivo.
A pesar del reconocimiento a la "honestidad, capacidad, sensibilidad, valentía, profesionalismo y entrega" del director saliente, no se le puede pedir más a nadie, ninguno de los consejeros radicalizó su postura, ya no digamos los sectores o el conjunto de quienes se mantuvieron en los límites de un palaciego cuestionamiento. La renuncia individual o colectiva se justificaría y avalaría las convicciones frente al supuesto "profundo compromiso con la seguridad social de nuestro país".
La referencia al Congreso de la Unión quiero interpretarla como la confirmación de la complicidad de la vergonzosa reforma promulgada en agosto del año pasado. Resulta indispensable, dada la crisis por la que atravesamos, que el consejo técnico nos precise el "espíritu en particular de las reformas a los artículos 277 D y 286 K" aun cuando este esclarecimiento se dé 14 meses después de aprobadas, ya que ni en la exposición de motivos, ni en el posicionamiento del prianismo cómplice, ni en las intervenciones en las tribunas de ambas cámaras se pudo definir el espíritu del atropello que finalmente se consumó. Sería adecuado en esta definición identificar la paternidad de la reforma, ya que coincidimos con el consejo técnico que el Poder Legislativo simplemente la consintió.
Esta reforma, que sin duda tiene el carácter de ley y debe ser cumplida hasta en tanto no se modifique o el Poder Legislativo la invalide, es ejemplo de la falsa legalidad que tanto perturba la vida nacional por servir solamente para garantizar privilegios o para perpetrar brutales agresiones en nombre de la ley.
Esta teoría de legalidad fue estandarte del masoquista precandidato Santiago Creel en lugar de buscar la reconstrucción de un nuevo marco jurídico apoyado en principios nacionales y en la defensa y disfrute de los intereses colectivos.
Mediante las definiciones del honorable consejo técnico conoceremos si el espíritu de la reforma era romper desde el Congreso de la Unión la contratación colectiva modificando las condiciones de trabajo de los servidores de nuevo ingreso. Aspiramos también a conocer si esta reforma selectiva se limitó conscientemente a los trabajadores del IMSS, violando el principio de generalidad que deben tener las leyes.
El problema de alto costo relativo lo constituyen los regímenes de jubilaciones por años de servicio, y precisamente por ello, si lo que se pretende es cuidar las finanzas públicas, la reforma legal debió abarcar todas las instituciones y empresas públicas entre las que destacan Banco de México, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, la banca de desarrollo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que todos los pesos gastados en pagar pensiones por años de servicio en cualquiera de ellas "pesan" igual en los saldos finales del presupuesto federal.
Se violó el principio de generalidad y se invadió el campo de la contratación colectiva, lo que confirma el espíritu "torcido" de la reforma a los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social. Por su origen, proceso de aprobación, contenido y falta de generalidad, esta reforma debe ser reformada.
El último párrafo dirigido a la opinión pública que conoce -y en el caso de los asegurados padece- la lamentable situación del IMSS acredita que el consejo técnico vive por completo aislado de la realidad, al atreverse a reiterar su compromiso de brindar cada vez mejor servicio a sus derechohabientes cuando hemos transitado una década de degradación de los servicios y de desmantelamiento de las instalaciones, tarea en la que ha sido cómplice el consejo técnico por inmovilizar recursos en las reservas, por no gestionar el pago de las contribuciones federales y por no obtener un nivel de cuotas que garantice la atención eficiente y oportuna de los trabajadores y de sus familias, razón de la existencia de la seguridad social.
Somos muchos los que esperamos la esclarecedora respuesta del órgano de gobierno del IMSS.
Con todo respeto profesional a Fernando Flores, a quien no he visto desde hace 10 años