Los acosados de Ixmiquilpan
Cuando las autoridades renuncian a cumplir su función de garantizar el Estado de derecho, el cumplimiento de las leyes que protegen el ejercicio de las garantías ciudadanas plasmadas en nuestro marco legal, el resultado es que la parte más vulnerable en un conflicto tiene que padecer agravios por partida doble: los que le causan sus hostigadores y los que le infligen quienes deben hacer cumplir la legislación respectiva y renuncian a ponerla en práctica. Esto es justamente lo que ha venido sucediendo en Ixmiquilpan, Hidalgo, desde hace cinco años.
Con el pretexto de que han dejado de colaborar en tareas comunitarias, un grupo beligerante de líderes que se identifican como católicos inició hace un lustro acciones intimidatorias contra la creciente minoría evangélica en Ixmiquilpan. Los ataques fueron creciendo en intensidad, a tal punto que un sector de los evangélicos tuvo que salir y refugiarse en un templo de sus correligionarios en la ciudad de México. En esa ocasión yo acudí al lugar para realizar entrevistas con los perseguidos, quienes pese a todo mostraron su convicción de dar la batalla legal para que las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos federal ejercieran las acciones correspondientes contra quienes les prohibían la libertad de cultos. La lid fue también por que se les reconociera que el asunto era de carácter religioso, y no, como algunos funcionarios federales y locales pretendían, ejidal y de derechos sobre la propiedad de algunos terrenos. El asunto tenía repercusiones políticas y económicas, pero lo que desencadenó esas repercusiones fue la disidencia religiosa de la minoría protestante que se rehusó a participar en tareas estrechamente vinculadas al santoral e identidad católica. Hubo mesas de diálogo y llamados de las autoridades para que se realizaran acuerdos entre las partes, pero no se impartió justicia y la solución oficial fue condescendiente con los intolerantes.
En semanas recientes ha resurgido la intolerancia en Ixmiquilpan, en buena medida por la negligencia de quienes en 2001 dejaron a un lado las leyes y con ello, queriéndolo o no, en los hechos favorecieron a los perseguidores. Ahora el delegado del Barrio de San Nicolás, Pablo Beltrán, anunció un bloqueo de caminos que conducen a un terreno donde los evangélicos pretenden construir un templo. Agregó que el lugar será confiscado y repartido entre quienes tienen menos tierras. En una asamblea a la que asistió 10 por ciento de la población del lugar se emplazó a los protestantes a que salgan del poblado en la primera semana de noviembre. De no hacerlo, les advirtieron que serán detenidos y colgados. Cabe mencionar que el párroco católico del lugar se ha pronunciado claramente porque se respeten los derechos de la minoría evangélica. Pero sus llamados han sido infructuosos ante la intolerancia y activismo de algunos que presentan las decisiones de una asamblea minoritaria como reflejo de la voluntad de la mayoría del pueblo.
Desde los desventajosos convenios de hace casi cinco años, en los cuales los evangélicos vieron limitadas sus libertades, la vida cotidiana para esa minoría ha sido difícil: les han cortado servicios como agua y energía eléctrica, presionado para que colaboren en actividades y cooperaciones vinculadas a festividades católicas, amenazado con perder derechos ejidales, son estigmatizados con el señalamiento de que su opción religiosa es ajena a la verdadera identidad del pueblo. Han tenido que sepultar a sus muertos en cementerios distintos al de San Nicolás, porque los acosadores en pie de guerra no permiten que el cadáver de un evangélico contamine a quienes reposan en ese lugar. Un caso reciente fue el del líder evangélico Ponciano Rodríguez, fallecido en agosto pasado, cuyo cuerpo en un ataúd estuvo expuesto dos días en la plaza pública por sus familiares y compañeros de fe, hasta que en la colindante comunidad de Cerritos les permitieron darle sepultura.
Como en 2001, en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos se han girado instrucciones a los funcionarios locales para que busquen conciliar a los grupos que mantienen el diferendo. Pero el asunto aquí es que existe gran diferencia en las partes: una es la hostigada, que vive bajo amenaza de ser linchada; la otra es beligerante y negadora de derechos reconocidos por la Constitución mexicana. De nueva cuenta las autoridades federales y locales hablan de instalar una mesa de diálogo, hacen llamados a la reconciliación, pero olvidan ejercer acciones expeditas y contundentes, para las que están facultadas por ley, para simple y sencillamente hacer cumplir la legislación y aislar a quienes vulneran el Estado de derecho.
Si creen que con llamados a la tolerancia los atacantes se van a moderar, cinco años muestran que no lo han hecho; entonces, tal vez su vocación esté más por el lado de convertirse en pacíficos predicadores de la armonía social, pero lejos de la función de servidores públicos que garantizan el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía.