También un consorcio panista, la SSP, la PGR, el gobierno de Tabasco y bancos rescatados
Bribiesca y Olamendi, beneficiarios del remate de bienes en poder del IPAB
Liquidó vía subasta varias propiedades a personas físicas y morales incapacitadas para participar en esos concursos
Entre los beneficiarios de la venta de activos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) se encuentran la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi; la empresa Construcciones Prácticas, vinculada a Manuel Bribiesca Sahagún; un consorcio panista representado por Wadi Amar Fhabshab e Isabel López Castellanos; Marcos Canavati; la Secretaría de Seguridad Pública; el gobierno de Tabasco, y bancos que fueron objeto de rescate, entre otras personas e instituciones.
La lista de activos vendidos por el IPAB desde 1999 a la fecha, cuya copia posee este diario, revela que el instituto pretendía, con esa venta, disminuir el costo fiscal del rescate bancario; no obstante, lo ha venido incrementando a grado tal que ha permitido la compra de activos por parte de instituciones públicas que utilizan precisamente recursos fiscales.
Los del montón
A la fecha, a los miles de deudores que perdieron casas o sus pequeñas propiedades no se les ha permitido adquirir de nueva cuenta sus bienes mediante la compra de activos del IPAB, y sí se ha dejado abierta la puerta a los intermediarios financieros para que amasen cuantiosas fortunas a través de la especulación con activos del instituto.
De acuerdo con el análisis de la información entregada por el IPAB a la comisión investigadora integrada en el Senado se desprenden violaciones del propio instituto a su marco jurídico al vender mediante subasta diversos bienes muebles a personas físicas y morales, cuando éstas no estaban facultadas para participar en dichos concursos.
Basta recordar el 12 de agosto de 1999, fecha en que el IPAB dio a conocer su Programa de Enajenación de Bienes, en el cual se realizarían todas las operaciones de venta de activos a manos del instituto. El objetivo central del programa fue obtener el máximo valor de recuperación posible de los bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, con el objeto de reducir el costo fiscal del rescate bancario.
El marco jurídico de la institución establece que las personas físicas o morales causantes de quebranto a alguna institución bancaria, presentaran cartera vencida o mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras, quedarían impedidas para adquirir bienes o activos del IPAB. Se pretendía impedir a los grandes deudores la oportunidad de recomprar sus activos o deudas a precio chatarra; no obstante, a través de una aberración jurídica, se impidió también que los pequeños y medianos deudores recompraran sus deudas y el negocio redondo recayera en manos de las administradoras y compradoras de carteras.
''Al cabo del tiempo se ha comprobado que la recuperación de recursos fiscales por parte del IPAB ha sido infinitamente menor a lo estimado originalmente -únicamente se ha logrado obtener en promedio 14 centavos por cada peso-, y esto ha impedido reducir el costo fiscal del rescate e incrementado la carga fiscal a los contribuyentes'', refirió el analista financiero Mario di Costanzo.
De acuerdo con la lista de venta de activos del IPAB, se advierte con claridad que la condición impuesta por la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, respecto a no haber sido ''rescatados por el Fobaproa o el IPAB, o estar en cartera vencida'', fue violentada por el instituto generando un mayor costo fiscal para los contribuyentes y un manifiesto tráfico de influencias.
En el listado figuran diversos personajes. Y en su haber el IPAB ha demostrado negligencia en el proceso de recuperación de activos, porque ha vendido en subasta inmuebles a dos dependencias gubernamentales, como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. Tal operación financiera resulta incomprensible, porque las dependencias del gobierno federal pagan la compra de inmuebles con recursos fiscales, pese a que el fin último es reducir el costo fiscal, propiciando un círculo perverso donde cabe perfectamente el ejemplo de sacar el dinero de una bolsa para echarlo a la otra.
El 18 de diciembre de 2001, la Secretaría de Seguridad Pública pagó con recursos públicos 134 millones 688 mil pesos por inmuebles ubicados en la avenida Paseo de la Reforma números 362 y 364, cuya propiedad original fue del Banco Unión. El 30 de enero de 2002, la empresa Fénix, con la que también se relaciona a un hijo de Marta Sahagún, adquirió por 605 millones de pesos 3 mil 688 inmuebles ubicados en toda la República propiedad de Banco Unión, Cremi, Banco Obrero y Banco de Oriente.
El 7 de junio de 2002, la PGR compró con recursos públicos un edificio en la avenida 16 de Septiembre 591, en Guadalajara, cuya propiedad había sido de la Inmobiliaria AB.
El 15 de junio de 2004, Construcciones Prácticas, vinculada con Manuel Bribiesca, en sociedad con ENPL Inversiones y Basilisk, compraron ''siete paquetes de créditos comerciales, factoraje, promotores de vivienda, acciones y valores originados por Bancrecer, actualmente Banco Mercantil de Norte, institución de banca múltiple''.
En otro movimiento, al cual se vincula al hijo de Marta Sahagún, realizado por el Banco del Bajío y la inmobiliaria Fincasa Hipotecaria, se pagaron 951 millones 547 mil pesos por ''la cesión de los derechos derivados de ciertos créditos hipotecarios, propiedad del IPAB, Banca Cremi, Banco de Oriente, Banco Interestatal y Banco Capital (todas instituciones de banca múltiple en liquidación)''.
La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi erogó 4 millones 527 mil pesos, el 25 de febrero de 2004, para adquirir un bien inmueble en la ciudad de México, cuya propiedad inicial fue del Banco Capital. También aparecen enlistados Raúl Emilio Marcos Canavati, representado por Emilio Marcos Giacomán, y un llamado Consorcio Panista, representado por Wadi Amar Fhabshab e Isabel López Castellanos.