Inmerso en un proceso de restructuración, el congreso indígena cumple nueve años
El CNI hace acopio de fuerzas para impulsar la otra campaña en 2006
En casi una década de existencia, el foro ha pugnado por la organización de los pueblos, el reconocimiento a sus derechos y autonomía, y la defensa de saberes y recursos colectivos
El Congreso Nacional Indígena (CNI), constituido en octubre de 1996, llega a su noveno aniversario en medio de un proceso de reconstitución y, "si es acuerdo común", de reorganización, "a fin de dar nuevas fuerzas al movimiento indígena, para avanzar en la gran alianza y en el programa de lucha nacional a que convoca la Sexta Declaración de la Selva Lacandona", lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Entre los principales propósitos del CNI están la reconstitución integral de los pueblos indígenas; la construcción de una nueva relación entre éstos y el Estado nacional, el cual "se exprese en el reconocimiento constitucional" de sus derechos colectivos; el fortalecimiento de su autonomía "en los hechos"; la defensa de los territorios y los recursos naturales de los pueblos indios; la defensa de la medicina tradicional y los maíces criollos; el rechazo a la biopiratería, las semillas transgénicas y la privatización del agua y de la tierra, y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
En el recuento del camino transitado por el CNI, entregado a la directiva del EZLN y dirigido también a organizaciones, colectivos e individuos que han decidido adherirse a la sexta declaración, así como a pueblos y comunidades indígenas del país, se menciona que el congreso participó hasta 2001 en todas las iniciativas que el EZLN llevó adelante para lograr la incorporación de los acuerdos de San Andrés a la Constitución.
Aunque el recuento referido no lo señala, dirigentes indígenas consultados comentaron que esa promoción ha tenido procesos diferenciados por regiones, y aunque en algunas, como en Oaxaca, ha sido difícil que organizaciones y pueblos se pongan de acuerdo; otras, como la Centro-Pacífico, que integra a 12 estados, "no ha dejado de sesionar en ningún momento" y ha realizado 16 asambleas; inclusive a las últimas cinco reuniones han asistido de forma regular diferentes grupos de Oaxaca, Veracruz y Chihuahua que se empiezan a acercar a la regional.
''Con todo el tiempo de silencio que trae la comandancia zapatista después de la contrarreforma, los pueblos entran a un proceso de reconstrucción interna y de reorganización. Algunas personas dicen que el CNI no ha funcionado; eso es discutible. La región Centro-Pacífico no ha dejado de funcionar y estamos en proceso de reconstitución como organización nacional. Tenemos que ver si la estructura del CNI como está puede seguir adelante así o se plantea una reforma; eso está por platicarse. Hay que tomar en cuenta lo difícil que resulta haber crecido a partir de una estructura como la del CNI: horizontal, de pueblos, comunidades y organizaciones", comentaron.
Indicaron también que la comandancia zapatista hizo un reconocimiento al trabajo de la región Centro-Pacífico del CNI, si bien se planteó ''que hay que revisar el trabajo, porque no todos los compañeros indígenas se sienten representados en el congreso, lo cual es cierto. Hay que hacer una revisión en el contexto de la otra campaña y de la sexta, pero el proceso en el que estamos está creciendo definitivamente, está lejos de estar funcionando en torno a las giras zapatistas, ya tenemos vida propia, tenemos una vida bastante intensa".
La traición gubernamental
El documento sobre el trayecto del CNI afirma que con la aprobación de la contrarreforma indígena del 28 de abril de 2001 los acuerdos de San Andrés fueron traicionados.
"Ningún partido, ningún poder del Estado quedó al margen de la traición", se señala, y se agrega que esa traición ''no puede considerarse un error, una incomprensión o, en el peor de los casos, un acto de racismo", sino que forma parte de una estrategia del gobierno mexicano, "en complicidad con los empresarios capitalistas, para lograr el exterminio de nuestros pueblos y asegurar la continua explotación de todos los pobres que vivimos en México y en el mundo".
La iniciativa de reforma que aprobó el Congreso de la Unión, se agrega, ''no sólo violentó la voluntad del pueblo, sino también desconoció los escasos derechos que nuestros pueblos tenían ya ganados en la propia Constitución y en los convenios, pactos y tratados internacionales, dejando de reconocer, entre muchas cosas, el derecho que los pueblos indígenas tenemos para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales que se encuentran en nuestras tierras y territorios.
"Como quien dice, pedíamos poco y los políticos, disfrazando sus palabras, nos quitaron los poquitos derechos que ya de antes habíamos ganado.''
El texto subraya: ''en aquellos días, muy grande fue el desconcierto de nuestros pueblos que no imaginaban hasta dónde podía llegar la maldad y la burla de quienes nos gobiernan. Así también en el CNI cometimos errores, siendo el más que sin establecer comunicación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con todas las organizaciones y comunidades que habían participado en la Marcha del Color de la Tierra, algunos hermanos hicieron declaraciones y realizaron acciones en nombre del CNI sin haber consultado y acordado primero".
El trabajo, la respuesta
Se recuerda que partir de que el Congreso de la Unión aprobó la contrarreforma indígena los pueblos intentaron diversos recursos legales para impugnar la que se conoce como ley Bartlett-Cevallos-Ortega: más de 200 municipios de mayoría indígena interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y casi un centenar de comunidades solicitaron amparo ante los juzgados federales. La decisión de la Corte y de los jueces fue ratificar la contrarreforma indígena.
''Sin embargo, la respuesta de nuestros pueblos no se construyó en los enredados y tramposos procedimientos judiciales, sino en la milpa, en el cerro, en la asamblea, en la palabra y la vida de los nuestras comunidades. Así, los pueblos primeros, guardados después de la traición, siguieron caminando su ya larga y silenciosa resistencia.''
Se recuerda también que en su octava asamblea nacional, realizada en noviembre de 2001, se acordó "elevar los acuerdos de San Andrés a ley propia de los pueblos indígenas", y rechazar la aplicación en sus comunidades de la contrarreforma constitucional.
Se detallan en el amplio documento las decisiones tomadas en cada una de las asambleas nacionales y regionales para construir las "múltiples resistencias locales" de los pueblos indios, en las que se arman y se entrecruzan otras muchas: la oposición al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares en Jalisco y Guerrero, en Oaxaca, Veracruz y Michoacán; la defensa rarámuri a lo que han dejado de bosques los empresarios gringos y mexicanos; la lucha de los wixáritari por conservar la integridad de sus tierras, o por recuperarlas; la amenaza a los purépechas de nuevas autopistas que pretenden juntar el Pacífico con el Golfo, y el rechazo de los nahuas a la explotación de hierro en sus terrenos, entre otras.