Canalizan esos recursos a otros fines, como mantenimiento
Hospitales públicos desvían fondos de combate al sida
Asociaciones civiles denuncian que Hacienda retiene $200 millones del rubro
Cantidades millonarias, en el limbo
Unos 11 millones 250 mil pesos del presupuesto destinado este año por la Secretaría de Salud (Ssa) a la prevención y atención del VIH/sida fueron presuntamente desviados por hospitales para pagar servicios comerciales, bancarios y financieros; mantenimiento y conservación de inmuebles y vehículos, y limpieza y vigilancia de los nosocomios, denunciaron Fundar y el Colectivo por la Transparencia.
Además, del presupuesto total etiquetado para ese fin (618 millones 261 mil 533 pesos), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo 200 millones, a pesar de considerarse "gasto social prioritario", y prevalece la "opacidad" en el manejo de otros 303.3 millones que se canalizaron al Seguro Popular a través de un fideicomiso que controla el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) que encabeza Luis Pazos de la Torre, también involucrado en el caso Provida.
Helena Hofbauer, directora ejecutiva de Fundar (organización que detectó el fraude que por 30 millones de pesos cometió Provida), y Alicia Athié, del Colectivo por la Transparencia, advirtieron que el desvío de recursos administrados por hospitales destinados a esa enfermedad podría ascender a más de 25 millones de pesos.
En rueda de prensa, en compañía del director de Atención a la Sociedad del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Ricardo Becerra, las representantes de esas organizaciones civiles entregaron documentos oficiales obtenidos mediante 233 solicitudes requeridas a través del IFAI, mediante los cuales detectaron las irregularidades descritas.
Los desvíos, especificaron, fueron cometidos por los hospitales Juárez de México, General Doctor Manuel Gea González e Instituto Nacional de Perinatología, de un total de siete instituciones que recibieron recursos de la Ssa para ese fin.
En el caso del hospital Juárez, de los 13 millones del presupuesto asignado en 2005, 44.5 por ciento fue ejercido de enero a junio pasado en "servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes", así como en mantenimiento y conservación.
En el Gea González, de 6 millones de pesos que recibió, 36.2 por ciento lo destinó al "arrendamiento de maquinaria y equipo, servicios con terceros, comercial, bancario y financiero, mantenimiento y conservación de inmuebles y de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales".
El Instituto de Perinatología -que eventualmente atiende a pacientes con VIH- recibió 6 millones de pesos, de los cuales ya ejerció 72 por ciento en la "subcontratación de servicios de limpieza, vigilancia y con terceros".
Otras instituciones de la Ssa que recibieron recursos para atender a enfermos con ese padecimiento y que lo transfirieron a la partida de "materiales y suministro" fueron el Hospital General de México y los institutos nacionales de Cancerología, Cardiología y Neurología, que en conjunto recibieron 36 millones de pesos.
En cuanto a los recursos para combate de VIH del Seguro Popular, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa informó que los 303.3 millones de pesos "serán destinados exclusivamente a la compra de antirretrovirales, pues están etiquetados para ese fin". Sin embargo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud dijo al respecto que son para "cubrir la detección en pacientes que presenten factores de riesgo. El tratamiento con antirretrovirales se cubre a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos", operado por Censida.
Preocupa, dijeron las activistas, el manejo de esos recursos del Seguro Popular a través de un fideicomiso que controla Banobras, por la "opacidad" que caracteriza a esa institución.
Por otro lado, se detectó que sólo se ha ejecutado el 1.83 por ciento de los 250.9 millones de pesos otorgados a Censida.
Las denunciantes dijeron que han solicitado una audiencia con el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, para exponerle este caso.