Sabemos que nunca vamos a competir con las carteras de los narcotraficantes: PGR
Pretende castigar hasta con 40 años de cárcel a servidores públicos corruptos
En la actual administración se han consignado 900 averiguaciones previas contra burócratas
La Procuraduría General de la República (PGR) pretende que los servidores públicos de esa dependencia que incurran en actos de corrupción sean condenados con hasta 40 años de cárcel, reveló Daniel Cabeza de Vaca Hernández.
El titular de la PGR informó en entrevista con La Jornada que en breve emitirá un acuerdo para fortalecer las acciones anticorrupción en el interior de la dependencia, ya que se ha detectado que existe falta de control en algunas áreas sensibles, y también por ello se buscará instalar un sistema de cómputo que permita detectar cualquier modificación o alteración de averiguaciones previas, e impedir fugas de información en torno de indagatorias y mandamientos judiciales o ministeriales en trámite.
El acuerdo "contendrá la exigencia para todas las áreas de poner en marcha acciones de combate a la corrupción, ya que el verdadero problema de la PGR en ese ámbito radica en que las unidades de despliegue territorial están sueltas y no hay manera de controlarlas, ya que existen estadísticas que eventualmente se auditan, pero no hay control real".
Cabeza de Vaca puntualizó que se "está proponiendo (al Congreso) la imposición de penas más severas para los funcionarios que incurran en actos de corrupción, porque se debe considerar como una traición el hecho de que un funcionario se pase del otro lado (del de quienes delinquen), pero al mismo tiempo estamos proponiendo que se nos otorguen mayores recursos porque les debemos pagar mejor.
"Los agentes del Ministerio Público ganan muy poco y sabemos que nunca vamos a competir con la cartera de los narcotraficantes, nunca, pero sí debemos buscar personas con un perfil menos susceptible de ser corrompido. Para ello debemos pagarles por lo menos un salario que cubra sus necesidades más elementales, porque ello nos dará la seguridad de que no se van a corromper."
El citado acuerdo, que se dará a conocer públicamente en una fecha próxima, impulsará medidas anticorrupción que obligan de manera permanente a todas las unidades y a todos los servidores públicos que laboren en ella a denunciar los actos contrarios a la ley, ya que si no lo hacen se convertirán en copartícipes del ilícito cometido.
Asimismo, este acuerdo buscará que su contenido sea respaldado mediante modificaciones a la Ley Orgánica de la PGR, para que aún con los cambios gubernamentales sexenales, los actos de corrupción sean sancionados, toda vez que las auditorías y actos de supervisión podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública.
La pretensión del acuerdo y la propuesta de modificaciones legales, es que aquellos que cometan actos de corrupción no sólo sean sancionados por el delito que corresponda, sino también en los ámbitos administrativo y penal por traición a la institución para la cual laboran.
Entre las sanciones a las cuales se buscará imponer a los funcionarios corruptos, está la de no ser contratados en ninguna otra oficina gubernamental.
De acuerdo con datos de la Visitaduría General de la PGR, en lo que va de esta administración se han consignado 900 averiguaciones previas en contra de más de mil empleados, y se tienen en trámite 703 indagatorias en contra de mil 300 servidores públicos de esa institución.
Sin embargo, el hecho de que haya en trámite 703 averiguaciones previas, no es indicativo aún de que serán puestos a disposición de un juez, pues falta que se determine su responsabilidad en actos contrarios a la ley.
A la fecha, indicaron fuentes oficiales, la mayor parte de las acusaciones que ha hecho la Visitaduría de la PGR, que dirige Angel Buendía Buendía, se han formulado contra empleados de la dependencia de diciembre de 2000 a 2005 y han sido principalmente por abuso de autoridad, delitos contra la administración de la justicia, ejercicio indebido del servicio público y un dos por ciento por los delitos de extorsión, cohecho y privación ilegal de la libertad.