Izquierda y frontera norte (apuntes para un programa)
Los habitantes de la frontera norte constituyen nuestra primera línea de defensa de la soberanía y los intereses nacionales. Es un espacio complejo y contradictorio, donde las oportunidades de empleo e ingreso, aunque superiores con respecto a la tasa promedio nacional, contrastan con servicios públicos caros e ineficientes. Los sistemas de seguridad social han demostrado su incompetencia institucional en detrimento de los niveles de bienestar social de las personas fronterizas. Los gobiernos del PRI y del PAN han sido incapaces de responder con eficacia a su responsabilidad institucional, indispensable en una sociedad democrática. La violencia, el crimen, las adicciones y la impunidad han lastimado los niveles de convivencia social fronteriza. El crimen organizado ha contado con la complicidad de cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno y con una estructura político-judicial-financiera que le ha permitido su desarrollo. La gravedad de la inseguridad es inocultable y preocupante. El Estado debe recuperar las fronteras mexicanas para la seguridad de sus habitantes.
La vecindad con Estados Unidos ha permitido en esta frontera un desarrollo económico importante, pero no se han impulsado las políticas necesarias para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo urbano y regional. Desechos tóxicos, caos vial, hacinamiento urbano son, entre otros, factores que lastiman los niveles de vida de esa sociedad. Los cruces fronterizos, parte cotidiana de la realidad norteña, generan pérdida de tiempo para ciudadanos de ambos países, ofenden la dignidad de las personas y lastiman una relación bilateral que debe producirse en los mejores términos. El fenómeno migratorio, cuyas aristas más filosas se expresan en ambos lados de la línea divisoria, no encuentra alternativas, sea por la incapacidad del gobierno mexicano o por las agresivas políticas de los grupos conservadores estadunidenses. Miles de compatriotas se encuentran en estado de indefensión frente a la violación de sus derechos humanos en uno y otro lados de la frontera.
En el caso de Baja California, los gobiernos panistas estatales y actualmente el federal han sido activistas en la entrega de concesiones a las compañías trasnacionales energéticas, para que se instalen plantas de generación de energía eléctrica en territorio mexicano para exportar su producción eléctrica al sur de California. Al mismo tiempo las costas bajacalifornianas han sido entregadas en concesión a las mismas trasnacionales responsables del fraude energético en California, para que monten plantas regasificadoras, donde almacenen gas natural licuado (GNL), cuyo destino será el sur de Estados Unidos, lo cual generará daños al sistema ecológico regional y pondrá en riesgo la soberanía nacional, la salud y la seguridad física de los habitantes de Baja California.
Ante ello se hace necesario un proyecto de gobierno que incorpore las preocupaciones de la sociedad fronteriza y asuma un compromiso con sus habitantes. El proyecto Una frontera digna, segura y limpia deberá incluir:
1. Un acuerdo bilateral entre los gobiernos y los pueblos de México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado y las adicciones, en el que cada uno asuma las responsabilidades que en el ámbito de su competencia le correspondan. Las erráticas actitudes de reclamos hipócritas y justificaciones ridículas entre funcionarios de ambos países sólo contribuyen a profundizar el clima de inseguridad fronteriza.
2. El fomento y apoyo a todos los mexicanos en Estados Unidos para el establecimiento de redes de organización social que permitan la cooperación, ayuda mutua y realización de proyectos de desarrollo entre nuestros compatriotas y sus comunidades de origen. A mayor unidad y organización, mejor será la defensa de sus derechos y aspiraciones.
3. Esta acción deberá acompañar los hechos de un nuevo gobierno, legitimado por el voto de los mexicanos y la congruencia de su actuar para llegar con la suficiente autoridad moral y la firmeza necesaria para negociar con Estados Unidos el tan postergado acuerdo migratorio en los mejores términos para ambos países.
4. La implementación de un programa integral de bienestar social y atención a las ciudades fronterizas, que permita direccionar recursos humanos, financieros y acciones interinstitucionales en proyectos específicos de salud, educación, vivienda, desarrollo urbano y protección del medio ambiente. La prioridad será atender los sectores de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, madres solteras, niños, discapacitados y personas adultas mayores
5. Una estrategia de trabajo institucional que parta del respeto a la organización y la autogestión comunitaria. Serán las propias comunidades las que participen en los procesos de inversión pública en la planeación, ejecución y supervisión en las obras públicas y sociales. La corresponsabilidad será un instrumento de trabajo común entre el gobierno y las comunidades fronterizas.