Encinas solicita a la Consejería Jurídica analizar fallo del juez

Interpone Milpa Alta recurso contra embargo

Las autoridades de la delegación Milpa Alta interpusieron ayer una demanda de amparo contra la resolución del juez vigésimo civil del Distrito Federal, José Agustín Pérez Cortés, de ordenar el embargo de sus bienes por el adeudo de 647 mil 925 pesos a la empresa Rincón G. Construcciones, y confiaron en que se les otorgará la suspensión provisional del acto reclamado.

Al respecto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, informó que solicitó a la consejera jurídica, María Estela Ríos González, un análisis jurídico minucioso del fallo emitido por el juzgado en contra de esa demarcación.

En su conferencia matutina, el mandatario local expresó que esa acción judicial no tiene precedente en la ciudad, por lo que ofreció coadyuvar con las autoridades de esa delegación para solucionar adecuadamente el problema.

Pero para ello, dijo, es necesario realizar un análisis del proceso civil que se siguió en contra del órgano político administrativo y conocer si se incurrió en algún incumplimiento.

Advirtió que si hay compromisos adquiridos por la delegación que no fueron debidamente cumplidos, se tiene que responder ante éstos para dar normalidad administrativa a la delegación.

Al preguntarle si los bienes públicos son inembargables, Encinas respondió que por esa razón el equipo de cómputo y los seis vehículos que el demandante pretendía llevarse permanecen en la demarcación.

-¿No sienta un mal precedente la decisión del juez?

-Vamos a ver qué tipo de responsabilidad se delimita, porque sin lugar a dudas hay una responsabilidad que tiene que cumplirse y como no hay precedentes de este asunto, sí quisiera que hiciéramos un análisis más detenido de esta situación.

Las autoridades de Milpa Alta puntualizaron que no sólo respetarán la decisión del juez, sino que se apegarán a las disposiciones que establezca el gobierno de la capital a través de la Consejería Jurídica, e incluso no descartaron que pudiera abrirse un espacio para negociar con la empresa Rincón G. Construcciones. Resaltaron que era necesario ampararse ante la citada orden judicial.

En tanto, los representantes legales de la empresa demandante solicitaron el auxilio de la fuerza pública y mañana se girarán los oficios que saldrán del juzgado para congelar las dos cuentas bancarios que se incautaron.

Sobre una posible negociación, Andrés Arellano, abogado de la empresa, explicó que están fuera de tiempo. Añadió que anteriormente se trató el asunto con el director de obras, Víctor García, quien condicionó el pago al desistimiento de los gastos financieros, y eso era inaceptable.

Para la diputada local y ex delegada de Milpa Alta, Guadalupe Chavira, el único responsable de esa situación es el jefe delegacional, Cuauhtémoc Martínez Laguna, ya que desde finales de 2003 y en 2004 se le pidió que no cancelara los contratos de obra que tenía establecidos la demarcación con empresas y particulares.

A pesar de esos llamados, tanto mediante cartas como en el pleno de la Asamblea Legislativa, dijo Chavira, el funcionario nunca nos atendió y todo terminó en el embargo de bienes.

Al final se deslindó de toda responsabilidad -"pues no se firmaron en mi gestión"- y se manifestó dispuesta a cualquier auditoría.

Josefina Quintero, Angel Bolaños, Raúl Llanos y Rocío González