Dinero, campañas y corrupción
La corrupción política se origina en las campañas electorales. De esta hipótesis se ha partido -explícitamente o no- para imponer topes a los gastos de campaña y establecer controles a las aportaciones de particulares a partidos y candidatos; también para limitar, sin haberlo logrado hasta ahora, la captación de fondos y el gasto en las precampañas, fuente de intercambios oscuros entre donantes y donatarios.
Sobran los ejemplos de ese tipo de excesos y distorsiones en la vida pública de México: la campaña dispendiosa de Roberto Madrazo (costó casi lo que la del candidato a la presidencia de Estados Unidos) para imponerse de manera turbia en el gobierno de Tabasco; el "pase de charola" de Carlos Salinas de Gortari, en su calidad de presidente de la República, a los hombres más ricos del país para financiar la campaña del candidato del PRI al mismo cargo; el Pemexgate (se requirió de la capacidad de la Grand Cherokee negra, placas 309 KAA, propiedad de Francisco Labastida, para transportar los más de 600 millones de pesos que aportó el sindicato petrolero a la campaña de éste) y Amigos de Fox; los videoescándalos en el PRD.
Los partidos políticos no han mostrado mayor interés en reducir el monto de los gastos de campaña ni en establecer controles efectivos sobre el origen, límites, ejercicio de los recursos recibidos de manos de particulares e información sobre el mismo. Tampoco, es obvio, aquellos individuos que requieren comprar privilegios y vías de condicionamiento a los políticos en el poder. Menos aun los grandes beneficiarios de los recursos así invertidos, vale decir, los dueños de los medios de comunicación, sobre todo los televisivos.
El formato de campañas costosas, aparte de introducir formas inevitables de corrupción y clientelismo, genera exclusión y tiende a socavar, y hasta desaparecer, una de las dos prerrogativas del ciudadano en la constitución, transmisión y ejercicio del poder: el derecho de ser votado. El resultado es la suplantación de la democracia por una plutocracia que asegura su permanencia y reproducción mediante la alternancia en el poder. Estados Unidos es el epíteto de este régimen. El PRI y el PAN intentan copiarlo con el beneplácito de la derecha estadunidense.
Ha sido justamente en Estados Unidos donde se ha querido, sin éxito, frenar la corrupción política gestada en los procesos electorales apelando a medidas legales para limitar las aportaciones de individuos y grupos de interés a partidos y candidatos. En el bipartidismo reinante, republicanos y demócratas se reparten el poder y los privilegios de los que convidan a sus patrocinadores. Clinton fue señalado por favorecer a un puñado de empresas que apostaron a su candidatura. Más escandaloso, y hasta ahora impune, ha sido el caso de Enron y Halliburton. Enron, el fraudulento gigante de la energía y una de las 10 empresas más poderosas de Estados Unidos antes de su colapso, patrocinó la campaña de George Bush padre, y la de su hijo, George W., y se calculaba que había apoyado con dinero a la mitad de los diputados y a tres cuartas partes de los senadores estadunidenses.
Con Enron tenían relaciones de interés una treintena de altos ejecutivos y otros políticos del equipo de George W., entre ellos Dick Cheney, quien, a su vez, fue vicepresidente de Halliburton hasta convertirse en vicepresidente de Estados Unidos. Halliburton es la conocida empresa que se ha visto favorecida a dedo con la guerra unilateral de su gobierno contra Afganistán e Irak. Ahora, de la misma manera, se prepara para el festín que le ofrece la catástrofe de Nueva Orleáns provocada por Katrina, mediante su subsidiaria Kellog Brown & Roots.
Como ha dicho Bobbio: "La democracia no ha podido derrotar totalmente al poder oligárquico". Ni siquiera parcialmente, para ser precisos. Menos ahora, cuando su metáfora del "mercado político" ha dejado de ser metáfora para convertirse en ominosa realidad. Puede cobrar una que otra cabeza, como la de Tom DeLay, líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, acusado de conspiración criminal por un gran jurado de Texas en relación con la recaudación de fondos de una campaña electoral. Pero no más.
En América Latina, el gasto de las campañas resulta insultante si hemos de creer al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. Según su cálculo, en Gran Bretaña las campañas salen menos costosas que en cualquier país latinoamericano. Más aún cuando son campañas anticipadas. Desde hace años la OEA ha intentado inducir en sus países miembros conductas de austeridad y limpieza en materia electoral. Ha fracasado.
A pesar de los destrozos políticos causados por el dinero proveniente de surtidores privados, en México poco se ha hecho por reducir los costos de las campañas. Estos han sido crecientes. La causa principal del incremento han sido las onerosas tarifas de la publicidad en los medios de comunicación -sobre todo las del duopolio televisivo- y la supresión en los electrónicos de 12 por ciento del tiempo que antes era del Estado. En las campañas de 2000, 54 por ciento del gasto electoral estuvo destinado a los medios. Este porcentaje se elevó a las dos terceras partes de los recursos invertidos en la reciente campaña del PRI en el estado de México. Y Jorge Castañeda destinó 77 por ciento de los poco más de 33 millones empleados, según su declaración financiera, en publicidad mediática.
En este contexto contrario a la democracia, a la racionalidad y al derecho universal de ser electo -indisoluble del derecho a elegir- es obligado destacar el abatimiento del gasto electoral en la reciente campaña de la que resultó triunfador el PRI en Coahuila. Humberto Moreira, el candidato victorioso, demandó al del PAN por haberse excedido en los gastos de campaña en 4.5 millones de pesos. El tope se fijó en 8.5 millones. Con lo maquillada que pudiera estar esta cifra, debiera considerarse ejemplo. Digo debiera, pues el propio PRI ya rebasa 200 millones de pesos tan sólo en la campaña interna. Y para ello se ha endeudado. El PRI querrá recuperar lo invertido en las precampañas y las campañas, y para ello echará mano de cualquier cosa, llegue o no llegue a la Presidencia de la República.
En esa lógica, quienes no somos ni podríamos ser acreedores del PRI o de cualquier otro partido tendremos que acudir a ciertos criterios para no otorgar nuestro voto a los candidatos y partidos que hayan contraído compromisos por encima de los límites legales de financiamiento.
Liliana Flores Benavides, diputada al Congreso de Nuevo León y dirigente nacional de El Barzón, ha propuesto un criterio de comportamiento electoral: votar por los candidatos y partidos que gasten menos. Este criterio introduce un principio de equidad y garantiza, en buena medida, que el compromiso de unos y otros sea no con los dueños del dinero -empresarios o narcotraficantes-, sino con los electores.