Pinochet, incriminado en el asunto por dos generales
Emplazan a la justicia militar chilena a reabrir proceso por tráfico de armas
Santiago, 14 de octubre. La justicia militar chilena fue emplazada por la fiscalía del Estado a que reabra un proceso por tráfico de armas a Croacia en el que podría verse involucrado Augusto Pinochet, acorde con recientes testimonios de dos generales retirados que incriminan al ex dictador.
La solicitud para la reapertura del sonado caso, que quedó al descubierto en 1991, fue hecha por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) luego de que semanas atrás el proceso concluyó con una condena solamente contra militares de rango medio, cuyo fallo por la justicia militar fue muy criticado.
Las denuncias se enderezaron en el sentido de que una operación clandestina de la magnitud del tráfico de armas a una zona europea que estaba en conflicto y en torno a la que pesaba un embargo en la materia por parte de Naciones Unidas, era imposible de llevarse a cabo sin el conocimiento de oficiales superiores.
Una corte marcial condenó por este caso a cinco años de prisión al capitán Pedro Araya y al oficial de la fuerza aérea Patricio Pérez, así como al sargento Ramón Pérez a 541 días de pena con derecho a excarcelación.
Pero la polémica comenzó tras emitirse esas condenas, ya que los ex generales Guillermo Letelier y Carlos Krumm hicieron declaraciones en las que involucraron directamente a Pinochet en el tráfico de armas a Croacia, cuyo hecho se conoció desde 1991 cuando un avión chileno llegó a Hungría con material bélico.
La representante del CDE, María Horvitz, pidió a la justicia militar la reapertura del proceso debido a lo que calificó de "graves irregularidades" cometidas. Planteó que se anulen las sentencias emitidas de primera instancia y reabra el proceso, o se mantengan tales penas pero comience una nueva investigación para determinar la responsabilidad de oficiales superiores, como Pinochet y Letelier.
La víspera, durante la audiencia de la Corte Suprema sobre una petición de desafuero contra Pinochet por fraude fiscal, el CDE argumentó que hay pruebas suficientes de que la fortuna del ex gobernante de facto (1973-90) se originó en el tráfico de armas por pago de comisiones y el uso de fondos reservados.
El ministro del Interior, Francisco Vidal, replicó por su parte rechazando declaraciones del jubilado magistrado Juan Guzmán Tapia, quien afirmó al semanario francés Le Nouvel Observateur que en Chile existe un acuerdo tácito del gobierno chileno para evitar que Augusto Pinochet sea juzgado y que Corte Suprema espera su muerte para poner fin a todas las causas en su contra.
En otro asunto, el director ejecutivo en 1999 de la campaña electoral de Ricardo Lagos, Genaro Arriagada, dijo tener "absoluta certeza" respecto de que no se usaron fondos fiscales para promocionar la candidatura del entonces aspirante presidencial de la Concertación.
Asimismo, emplazó al actual candidato opositor Joaquín Lavín a explicar dónde consiguió el equivalente a casi 45 millones de dólares que gastó en la misma contienda electoral de aquel año, cuando la Concertación apenas desembolsó unos 4.5 millones de dólares.
El ex ministro en el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) asumió así la defensa la honorabilidad del gerente de la campaña del actual mandatario, Matías de la Fuente, quien fue encausado por el delito de estafa al fisco, cuyos fondos habrían sido desviados a la remodelación de una página web que mantenía Lagos entonces.