Falta calidad de los servicios médicos: García Sainz

"Persisten los problemas de fondo en el Seguro Social"

"Se demostró que se creó un conflicto de forma artificial"

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Con el convenio logrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (IMSS) y las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se acredita que existe la voluntad de fortalecer al organismo, y el siguiente paso debe enfocarse a incrementar las aportaciones patronales y que el Estado cumpla su compromiso de cubrir el costo de los servicios médicos de los trabajadores jubilados, como lo ofreció en 1997 cuando se reformó la Ley del Seguro Social, afirmó Ricardo García Sainz.

Si bien los resultados del congreso nacional del SNTSS representan un inmenso logro, todavía son insuficientes, porque persisten los problemas de fondo en la institución. El primero de ellos es la falta de calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios médicos que se ofrecen a los derechohabientes.

En la década pasada, dijo, se erosionaron y destruyeron gradualmente esas cualidades indispensables en las instituciones de seguridad social, y aunque se logró destrabar la contratación de personal, es urgente que en el corto plazo se fortalezca la capacidad de atención del IMSS.

Esto será posible, apuntó García Sainz, si el Estado paga los costos de los servicios médicos que reciben los trabajadores jubilados que forman parte del periodo de transición pactado en la reforma legal de 1997, cuando se modificó el sistema de pensiones de los trabajadores de la iniciativa privada. Otra parte tendrá que ser cubierta por los empresarios, mediante el aumento de sus aportaciones a la seguridad social, indicó.

Un segundo problema pendiente y cuya solución es urgente, es el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de los trabajadores del IMSS. El incremento de las contribuciones de los activos y de los años de servicio para las nuevas generaciones, así como el establecimiento de una edad mínima para el retiro, acordada el pasado viernes por el sindicato, representa un avance que debe profundizarse.

Todas estas acciones fundamentales para la reconstrucción del Seguro Social sólo serán posibles si entre los diversos actores existe el convencimiento de que debe preservarse la medicina social en México.

Al referirse al cambio de actitud de la nueva administración del IMSS, con respecto al ex director Santiago Levy, destacó que una vez más quedó demostrado que de manera artificial se creó un gran problema, a partir de la reforma a los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, la cual contó con la complicidad del consejo técnico del IMSS y las fracciones de PRI y PAN en la Cámara de Diputados.

Lo más grave fue que dicha modificación legal ofrecía soluciones que serían visibles hasta dentro de 40 años. "Era aberrante", agregó García Sainz, porque el problema de la crisis financiera del instituto lo tendremos en el transcurso de la siguiente década, cuando alrededor de 100 mil trabajadores empezarán a cumplir los requisitos que actualmente marca el RJP para tener derecho al retiro.

De esa manera, la reforma de agosto de 2004 no sirvió más que para generar una "extraordinariamente complicada revisión" del contrato colectivo de trabajo del SNTSS, subrayó.

García Sainz, a quien en su calidad de director del IMSS en los años ochenta le correspondió la entrada en vigor del nuevo RJP, opinó en entrevista que para evitar la crisis institucional de la próxima década, de manera gradual deben modificarse las condiciones de los actuales trabajadores para adecuarlas a la realidad, porque no es sustentable un régimen que permite la jubilación a la edad de 50 años, con salario íntegro y actualizaciones en la misma proporción de los activos, y además con cobertura médica garantizada. El dinero no alcanza, subrayó.

De ahí que lo sensato, con pleno conocimiento de la realidad, sería que el IMSS y el SNTSS inicien una nueva mesa de negociación, concertada, y ya sin la prisa de los tiempos legales, para profundizar en la reforma del RJP, con el propósito de adecuar los derechos de los trabajadores a la nueva realidad demográfica del país, en que la esperanza de vida supera los 70 años de edad.

Reformas similares deben emprenderse en el resto de los esquemas de retiro que estén determinados por los años de servicio, como Petróleos Mexicanos, Banco de México, Luz y Fuerza del Centro y el propio ISSSTE, apuntó.