Usted está aquí: domingo 16 de octubre de 2005 Política Excesivo gasto de partidos, riesgo para la democracia

Propone Huchim anular triunfos a quien rebase topes

Excesivo gasto de partidos, riesgo para la democracia

ANDREA BECERRIL

Es imprescindible frenar el uso "desmesurado" del dinero en las campañas electorales y eso será posible mediante reformas legislativas que anulen los triunfos de los candidatos que rebasen los topes establecidos o reciban aportaciones ilegales.

De no blindarse este talón de Aquiles se pondrá "en riesgo no sólo el sistema de partidos, sino la incipiente democracia mexicana", advirtió el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim May.

En una ponencia que presentó en el Senado, resaltó que ante las trapacerías que cometieron por mucho tiempo los defraudadores electorales, los comicios tuvieron que ser blindados mediante urnas traslúcidas, credenciales con fotografía, tinta indeleble y otros elementos.

"Todo está blindado, menos el financiamiento a los partidos políticos." No hay control del origen y destino de los recursos millonarios que reciben, lo que ha generado casos como el Pemexgate o Amigos de Fox.

Señaló que actualmente varios precandidatos presidenciales son cuestionados justamente, debido a los recursos gastados en su promoción, e hizo notar que en las elecciones intermedias de 2003 el financiamiento público a partidos fue de 4 mil 800 millones de pesos.

Aunque en esos comicios sólo se eligieron diputados federales, los partidos gastaron más que en 2000, cuando la erogación fue de 3 mil millones, para renovar el Congreso y la Presidencia de la República. En términos nominales, la diferencia fue de 61.3 por ciento.

Aseguró que para 2006 el Instituto Federal Electoral (IFE) demandó un "escandaloso presupuesto" de 13 mil millones de pesos, cifra que supera el gasto conjunto de la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, que fue de 10.7 mil millones.

El consejero Huchim resaltó que pese a las voces crecientes para que disminuya el financiamiento a partidos, los grupos parlamentarios no han llegado a un acuerdo en el Congreso debido a los problemas que enfrentan las tres principales fuerzas (PRI, PAN y PRD) por las sanciones impuestas por el IFE y las deudas derivadas de los comicios de 2003.

Las iniciativas para reformar la legislación electoral están prácticamente congeladas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, resaltó, estas propuestas no contienen la posibilidad de anular los comicios por causas vinculadas al dinero, en particular las aportaciones ilegales y el rebasar los topes de campaña.

La legislación federal no lo prevé, dijo, sólo impone sanciones económicas, mientras la ley del Distrito Federal es más severa, ya que considera la nulidad del proceso electoral en caso de que un candidato supere el tope de campaña.

De ahí que en el caso Amigos de Fox la única sanción impuesta a los partidos responsables, PAN y Verde Ecologista, fuera económica. Huchim sostuvo que la autoridad responsable no podía hacer otra cosa porque el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo prevé ese castigo, además de la cancelación del registro para el partido infractor, aunque esto último "parece impensable".

Ante ese vacío legal, añadió, "hay líderes partidarios y candidatos que pueden llegar fácilmente a la conclusión de que vale la pena pagar las sanciones -y considerar éstas como una inversión más entre los gastos de campaña-, porque el puesto de elección popular finalmente se obtiene y se conserva".

Insistió en que para desterrar cualquier riesgo de que dinero ilegal entre a las campañas, las sanciones a estos ilícitos no deben ser sólo económicas, sino contemplar la anulación de los triunfos.

Consideró pertinentes las iniciativas de los diputados Emilio Zebadúa, Manuel Camacho Solís y Alberto Aguilar Iñárritu, así como la de Luis Antonio Ramírez Pineda, para regular este rubro, aunque pidió que se incorpore a la legislación federal la severidad impuesta en la capital para tipificar como delito electoral el rebase de los topes de campaña.

 
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