Editorial
La ruta del retroceso de los derechos laborales
El anuncio del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, sobre la modificación del régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acordada el viernes pasado, constituye el preludio de una fuerte ofensiva del gobierno federal para adecuar los contratos colectivos de trabajo de los demás sindicatos del país a los designios del gran capital. Ayer sábado, el funcionario aprovechó el convenio firmado en el instituto para afirmar que éste "será el punto de partida para restructurar a fondo y de manera integral todo el sistema nacional de jubilaciones y pensiones". Este objetivo, largamente buscado por la administración del presidente Vicente Fox, será perseguido con mayor ahínco luego del acuerdo alcanzado hace dos días.
Los ejes de esta ofensiva son el incremento de la edad de jubilación, la reducción de los salarios que percibirán los trabajadores a la hora de retirarse y el aumento de las cuotas obreras a los fondos de pensión. Si bien el funcionario justificó que estos cambios buscan moldear los contratos colectivos de trabajo a la "nueva realidad demográfica" de México, lo que Salazar Sáenz y el gobierno pretenden es homologar las prestaciones a la baja, conforme a la lógica del gran capital. En los hechos, buscan que las reformas recaigan exclusivamente sobre los trabajadores, sin considerar que la seguridad social debería ser también una responsabilidad fundamental del Estado y los empresarios. El siguiente paso de esta ofensiva será emprender reformas similares en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el gremio petrolero, el Banco de México y el ISSSTE.
Las modificaciones en el IMSS no resuelven los problemas de fondo que aquejan a esa institución, como la falta de calidad y eficiencia de los servicios médicos. Ricardo García Sáinz, ex director del instituto, señaló que de todos modos, en la próxima década, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tendrán que sentarse nuevamente a negociar una reforma más profunda del régimen de jubilaciones y pensiones, debido a la inviabilidad del sistema actual.
Algunos líderes sindicales ya han alertado sobre el verdadero significado del acuerdo alcanzado en el IMSS, el cual "será la punta de lanza para embestir a todos los demás gremios en cuanto a la modificación de sus regímenes de jubilación, y seguramente el siguiente será el ISSSTE", señaló Fernando Amezcua Castillo, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese acuerdo, añadió, "cambia radicalmente las condiciones que se habían logrado, y están establecidas en la Ley Federal del Trabajo (...) porque da pie para que con cualquier modificación a una ley secundaria violente la Constitución.
De hecho, las modificaciones que sufrió el régimen de pensiones del Seguro Social se inscriben dentro de la intención del gobierno de imponer una reforma laboral de mayor envergadura destinada a flexibilizar las relaciones obrero-patronales en beneficio de estos últimos, mediante contratos temporales de trabajo o por honorarios, modificación de la jornada laboral en función de las necesidades de las empresas y menores prestaciones, entre otros derechos afectados. Esta reforma, conocida como Ley Abascal, se encuentra detenida en el Congreso.
Se abre así una nueva fase en la vida sindical del país, marcada por una incertidumbre generada por inminentes y graves conflictos laborales con el gobierno y el sector patronal. La gestión del presidente Vicente Fox en materia laboral será recordada por el deterioro de los derechos de los trabajadores.