Supera diez veces lo invertido por Chile o Colombia, y por cinco a Argentina o Puerto Rico

México, el país de AL que más gasta en campañas presidenciales

Cifras obtenidas del estudio Regímenes de financiamiento, realizado por el IFE y la OEA

ALONSO URRUTIA

En América Latina, México es el país donde se permite el gasto más elevado para realizar una campaña presidencial, con una proporción muy alta respecto a otras naciones. Un análisis comparativo del gasto local en las últimas contiendas revela que se autorizó un tope de 51.7 millones de dólares, que supera diez veces lo invertido por Chile o Colombia, y en cinco las erogaciones que se permiten en Argentina o Puerto Rico.

De acuerdo con el estudio Regímenes de financiamiento y fiscalización, y garantías de equidad en la contienda electoral, editado por el Instituto Federal Electoral y la Organización de Estados Americanos (OEA), nuestro país fue uno de los primeros en establecer la figura de topes de campaña -en 1993-, si se excluyen experiencias frustradas en otras naciones durante la década de los 40. Sin embargo, los comparativos realizados por Carlos Navarro, del área de la Coordinación de Asuntos Internacionales del IFE, quien elaboró el estudio, ratifican el enorme gasto que se hace en México para disputar el poder cada seis años.

En el análisis se hace referencia general a las fórmulas utilizadas por cada país para determinar los topes de campaña. En el caso de Argentina se fija en un peso local por cada elector, lo que supone que en la última elección presidencial de esa nación, tomada como referencia (2003), se ubicaba en 28.3 millones de pesos argentinos, equivalentes a 10.1 millones de pesos, toda vez que en aquella contienda participaron 25.5 millones de votantes.

De los datos proporcionados se desprende que el gasto por elector adoptado por Argentina oscila en 40 centavos de dólar, cifra que, comparada con el gasto autorizado en México en función de la compleja fórmula utilizada, es menos de la mitad. Con base en los datos proporcionados por Navarro, en nuestro país el gasto por votante sería de poco más de 90 centavos de dólar, de acuerdo con el padrón electoral del año 2000, de lo cual se toma la referencia del tope de campaña presidencial, sólo superado, en términos de gasto por sufragante, por el aplicado en Puerto Rico.

El caso mexicano reseñado alude a las elecciones del año 2000, cuando se autorizó un tope de campaña de 491.8 millones de pesos, lo que equivale, al tipo de cambio de entonces, a 51.7 millones de dólares, límite que en ese año fue rebasado por el actual Presidente, en función de las triangulaciones financieras que posteriormente se conocieron como el affaire Amigos de Fox.

Se cita que en ese año el tope de gastos de una campaña para diputado oscilaba alrededor de 78 mil dólares -mismo que se elevó a 81 mil dólares para 2003-, cuando se efectuaron los comicios más caros de la historia mexicana por la cantidad de recursos que recibieron los partidos. El autor destaca que en el caso de México los topes fijados prácticamente han quedado inamovibles, en términos reales, desde que se establecieron, en 1997, pues sólo se han ajustado en función de las tasas inflacionarias de cada año.

El análisis deja de lado lo relativo a Brasil, por las peculiaridades legales que tiene ese país definido como sui generis, pues de acuerdo con su legislación ''al momento en que un partido o coalición solicita el registro de sus candidaturas a cualquier cargo de elección popular, debe comunicar a la autoridad electoral el valor máximo de los gastos que efectuará por cada una de ellas''.

Inclusive, en los casos en que haya una coalición cada uno de los partidos deberá definir el aporte y gasto total que tendrá en la campaña electoral; de ahí que sean los propios organismos políticos los que definen su límite de gastos. La ley prevé sanciones sólo cuando se rebasan estos límites autofijados por cada instancia, lo cual -eñala Navarro- ''hace discutible si en rigor esto constituye un tope que contribuya a procurar condiciones de equidad''.

Cabe señalar que el padrón electoral de Brasil es el único en América Latina que rebasa al mexicano, pues en la última elección presidencial contaba con alrededor de 115 millones de electores, en tanto en los comicios presidenciales de nuestro país la cifra oscilaba alrededor de 58 millones de empadronados.

La elección de gobernador en Puerto Rico, país con alrededor de 3.8 millones de electores, es el segundo caso de mayor gasto considerado en el estudio, pues se establece un tope de campaña de 11 millones de dólares -3 dólares por votante-, según la reforma electoral aprobada en 2003, lo cual supuso un incremento sustancial de los 6.6 millones de dólares previstos antes de la citada modificación, que también ha suprimido un eventual límite a los gastos por compra de publicidad en medios.

Otra de las naciones consideradas en el estudio es Chile, cuyo tope de campaña en los comicios de mayo de 2003 fue de 5.7 millones de dólares, que se obtiene de multiplicar el número de sufragantes registrados en todo el país -7.3 millones en ese año- por tres centésimos de unidad de fomento, equivalentes a 514 pesos chilenos, con una tasa cambiaria entonces de 713 pesos por dólar.

La legislación en Colombia faculta a la autoridad electoral a resolver lo conducente a los topes con seis meses de antelación a cada jornada comicial, tomando en cuenta los costos de las campañas, el censo electoral, las circunscripciones y ''las apropiaciones'' que realice el Estado para reponer parcialmente los gastos de proselitismo.

Para los comicios de mayo de 2002 se fijó un tope de gasto de 14 mil millones de pesos colombianos, equivalentes a 5.7 millones de dólares, más 50 por ciento adicional para una segunda vuelta, que finalmente no se efectuó.