Buscan dar certidumbre a la producción de caña
Avanzan acuerdos sobre la zafra 2005-2006
Campesinos e industriales convienen la elaboración de una normatividad temporal para dar inicio al proceso
Con el objetivo de dar certidumbre a la producción de caña para la zafra 2005-2006, campesinos y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera convinieron que se elabore un documento que sirva de marco normativo temporal para iniciar el proceso. Hoy ambas partes volverán a reunirse en la Secretaría de Gobernación para tratar de llegar a un acuerdo en los cambios a la ley del sector.
Por su parte, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), instó a las uniones cañeras de las confederaciones Nacional Campesina y Nacional de Propietarios Rurales a encontrar las mejores soluciones. Nada impide lograr un acuerdo para que la zafra 2005-2006 arranque en tiempo y forma, aseveró.
Pidió a los líderes cañeros de ambas organizaciones que mediante el diálogo y la negociación se sienten las bases y los mecanismos para que la ley cañera sea un instrumento más equitativo para todos los sectores productivos involucrados y los consumidores.
"Lo que se busca es una ley que cobije a todos, que no tenga objeciones de alguna de las partes ni observaciones procedentes de organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio. La ley debe ser un instrumento legal que ofrezca mayor certidumbre a los productores y a sus familias."
La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, de la Confederación Nacional Campesina (CNC), informó que sus integrantes están preparados para iniciar hoy bloqueos de carreteras en los 15 estados donde hay ingenios.
Los cañeros de la CNC mantienen obstruidos los accesos de 55 ingenios debido a que sus propietarios -incluida Sagarpa, que administra 23 de las agroindustrias- se ampararon contra la ley cañera.
"Quieren seguir sacando raja de los más pobres, y eso no lo permitiremos", advirtió Daniel Pérez Valdés, dirigente de la organización.
Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña, expresó que "hay posturas irreductibles, como la defensa de la fórmula de precios de la caña de azúcar, los contratos uniformes para el pago de la misma y el reconocimiento de las organizaciones ya existentes de productores". Los industriales, agregó, "están buscando la manera de disminuir los precios".
A su vez, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Cruz López Aguilar, insistió en que la discusión en torno a las modificaciones a la ley cañera se solucione en las dos mesas de negociación establecidas en las secretarías de Agricultura y de Gobernación, en las cuales ya se ven resultados concretos.
Respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ley cañera, López Aguilar aseveró que eso forma parte de la discusión que se lleva a cabo en la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación para terminar con ese asunto y conjuntar esfuerzos para el desarrollo de la agroindustria.
El recurso interpuesto por la PGR impugna la fórmula del precio para la caña de azúcar (la cual transfiere 57 por ciento del valor del azúcar al pago de la caña), el reconocimiento de las organizaciones de productores, la forma como se reparten en la cadena caña-azúcar las pérdidas por caña no aprovechada, la instalación de la junta permanente de controversias azucareras y la creación del centro de investigación y tecnología de la caña.
El secretario Francisco Mayorga reiteró que el amparo interpuesto "no es un doble discurso", sino una acción para evitar mayores daños a la agroindustria cañera. Confió en que se llegará a un arreglo que beneficie a todos los sectores de la agroindustria.
"Sólo hace falta encontrar mecanismos para que esta ley sea más sustentable. El Ejecutivo no se opone a la ley, pero hay algunos aspectos de la misma que violan disposiciones nacionales e internacionales, que pueden perjudicar con mayor impacto al sector."
Carlos Blackaller Ayala comentó que Sagarpa y Gobernación muestran buena fe y acuerdo en que la ley cañera es necesaria; además, en tanto no existan resultados suspensorios propiciados por el recurso de la PGR o por las peticiones de amparo, la ley es vigente.
Por eso, abundó, continúan los trabajos para instalar los comités de producción y calidad cañera, lo que probablemente genere desacuerdos entre campesinos e industriales.