Política, presupuesto: plan con maña
Para vacunar a los mexicanos de los deprimentes niveles a que llega la contienda interna entre conspicuos precandidatos -imagíneselos si llegan a candidatos- resulta urgente legislar para que sea imperativa una auditoría, previa al registro, a todo aquel ciudadano o ciudadana que aspire a un puesto de elección popular. Por lo pronto se desplomaría el contingente de ganosos y ganosas y las abultadas bolsas que se dispendian a costa de la sociedad "en aras de la democracia".
Deseable fuera que en efecto tal requisito se aplicara en todas las elecciones de nuestros representantes, sean alcaldes, diputados locales o federales, senadores y, desde luego, presidente de la República de manera que no fuera por filtraciones o guerra sucia con dedicatoria, sino por disposición legal de transparencia y a tabla rasa. Si queremos descorromper la política ése sería un buen avance. Usted dirá que en todo el mundo la corrupción va de la mano de la política y que exigir candidatos honestos es una ingenuidad. Tal vez, pero le invito a que proponga algo mejor.
Mientras nace y aplicamos la ley que sugiero, tendremos enfrente todavía por un buen rato las vendettas ínter priístas que con paso firme alejan a ese partido de la posibilidad de retornar a Los Pinos. Pudiera ser que alguna idea brillante, alguna formulación visionaria sobre el país, alguna definición política sustantiva, algún milagro, pues, rescatara de su incesante caída a la opción priísta. Sin embargo, su prolongado silencio sobre todos los temas de la agenda nacional revelaría como simple y barato oportunismo electoral que de repente ahora el PRI, encarnado en su candidato, nos saliera muy claro, propositivo y comprometido. No con los actuales protagonistas, quienes no han dado color sobre ningún asunto de la agenda nacional durante puñados de lustros. Hay sin duda alguna priístas que escapan a esta condición políticamente degradada, pero al menos por ahora no están en la plataforma de lanzamiento. Considerarlos sería una acción tan inteligente y eficiente como imposible, por la prevalencia de la ambición y el agandalle sobre la ideología y la política en territorio priísta.
En medio de esta atmósfera viciada, que lamentablemente rebasa al PRI y contamina la política, comienza a tomar forma la discusión del presupuesto para 2006. Terminó la controversia constitucional que congeló 112 mil millones de pesos desde mayo pasado y se procedió a liberar algo más de 80 mil millones. Plan con maña, previsible desde hace muchos meses. A estas alturas del año y a pesar de que se pide a la Secretaría de Hacienda que dentro de sus facultades estos dineros puedan aplicarse por única vez después de 2005, esta disposición es claramente inconstitucional y difícilmente podrán ejercerse a plenitud los recursos liberados. Además, del monto total, más de 27 mil millones de hecho ya se canalizaron en el ejercicio presupuestal que estableció y opera la Secretaría de Hacienda desde enero, por encima de la controversia y de lo autorizado por los diputados y que por tanto es el presupuesto que efectivamente se aplica. La Suprema Corte aún no se decide a liberar otros 4 195 millones de pesos asociados a la controversia.
El Presupuesto de Egresos para 2006 enviado a consideración de la Cámara de Diputados el mes pasado es una franca provocación. Siendo inferior al autorizado por el Congreso, al planteado por la propia Secretaría de Hacienda en enero y al ejercicio real previsto para 2005, el presupuesto 2006 sólo puede significar que no se alcanzará el crecimiento económico, la previsión inflacionaria ni la paridad cambiaria que comprometen los criterios de política económica correspondientes al año entrante. Y desde luego que tampoco se alcanzaría ninguna de las metas del sexenio en ningún campo de la gestión pública. ¿Qué busca provocar Hacienda frente a un año electoral? ¿Tal vez otra controversia que desgaste al Presidente, a las cámaras, al Poder Judicial y repetir el numerito de aplicar a partir de enero el presupuesto que mejor le acomode, al margen y por encima del Congreso, pero discreta y discrecionalmente, a favor de algún candidato?
La educación como botón de muestra de la naturaleza provocadora del proyecto de presupuesto para 2006. En términos reales, respecto a 2005 el presupuesto para el año entrante plantea reducciones de 5.2 por ciento en el gasto educativo nacional, 17.3 por ciento en educación superior, 7.4 por ciento en ciencia y tecnología. El gasto público por alumno inscrito en instituciones de educación superior decaería en 19.8 por ciento. Como proporciones del PIB, el gasto social bajará de 10.4 a 9.4 por ciento, el gasto en educación de 3.9 a 3.6 por ciento; el de educación superior de 0.63 a 0.50 por ciento, y en el caso de ciencia y tecnología se reduce de 0.41 a 0.33 por ciento. Recordemos que la meta era 8 por ciento para educación, uno por ciento para educación superior y uno por ciento para ciencia y tecnología. La educación ilustra plenamente la provocación presupuestal que habrán de encarar los legisladores y, por supuesto, todos los mexicanos.