APRENDER A MORIR
Encuestas obligatorias
PRUEBA DE QUE en México acusamos un retraso enorme en el manejo de conceptos, es que no pocos siguen considerando "un crimen" elevar a la categoría de estatus legal el documento de voluntades anticipadas, testamento vital o solicitud de terminación voluntaria de la vida.
Y HABIDA CUENTA que en nuestro país el desarrollo de la bioética, tanto en el plano institucional, académico, político, asistencial y comunicacional ha sido un poco más lento que los abusos sistemáticos de banqueros, funcionarios, televisoras y demás listillos, siempre es positiva la ventilación, no por precipitada menos necesaria, de temas prohibidos en nuestra rezagada legislación.
ENTRE OTROS, EL derecho a una muerte digna, como legítima culminación a una vida comúnmente indigna. Sin embargo, la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud y del Código Penal para el Distrito Federal, presentada el pasado 6 de octubre por el diputado Víctor Gabriel Varela López, del Partido de la Revolución Democrática, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, exhibe serias lagunas entre su intencionalidad y la realidad.
BASADO EN UNA encuesta efectuada en mayo del presente año, y en una iniciativa previa para crear la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal, la propuesta perredista -tan urgente como inoportuna en tiempos prelectorales, hay que decirlo- define como solicitud de terminación voluntaria de la vida al "Documento mediante el cual una persona enferma en estado terminal solicita de forma libre y voluntaria se le otorguen los medios necesarios para la interrupción de su vida".
SOLO LA IGNORANCIA del proceso de morir y del concepto "estado terminal" permite a estos legisladores suponer que una persona en esas circunstancias va a solicitar "de forma libre y voluntaria" que se le aplique la eutanasia, como si poseyera una cultura y suscribiese unos valores que en el mejor de los casos ha rechazado, o como si el personal médico -entrenado para preservar la vida a como dé lugar, nunca para aceptar la muerte como proceso natural- estuviera en disposición de facilitar una muerte digna por decreto, de espaldas a su arcaica idiosincrasia.
ANTES QUE ENCUESTAS a adultos escogidos al azar, o estudios bien intencionados para ver qué piensa la población acerca de la eutanasia, en este caso es obligatorio realizar, además, encuestas a nivel nacional, nunca por teléfono, precisamente entre personas de la tercera edad y entre pacientes en etapa terminal, para determinar no sólo su escala de valores y la flexibilidad de ésta ante situaciones inimaginadas por muchos de esos adultos mayores, sino para enterarse de qué porcentaje de los que se encuentran en etapa terminal está en capacidad y disposición de "solicitar de forma libre y voluntaria se le otorguen los medios necesarios para la interrupción de su vida". Los resultados serían sorprendentes y muy otros los criterios empleados para proponer iniciativas verdaderamente sustentadas.