Con esta decisión, la paraestatal se beneficiaría con más de $23 mil millones en 2006
Conago y Gobernación aceptan recibir menos recursos en beneficio de Pemex
La Comisión de Energía afina proyecto de dictamen para superar las observaciones del Ejecutivo al nuevo régimen fiscal elaborado por el Congreso para Petróleos Mexicanos
La Secretaría de Gobernación notificó a la Cámara de Diputados que la Secretaría de Hacienda y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aceptaron asumir el costo que representa aplicar el nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, que implicará en 2006 una caída de 13 mil millones de pesos en los ingresos de la Federación, y de 4 mil 633 millones de pesos para los estados.
Asimismo, la Comisión de Energía concluyó el proyecto de dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos aplicable a la petrolera, que -con el oficio de Gobernación- permitirá superar las observaciones enviadas por el Ejecutivo al régimen fiscal de Pemex, aprobado por el Congreso de la Unión.
El presidente de la comisión, el panista Francisco Salazar Diez, informó anoche que el viernes pasado se recibió un oficio de Gobernación, en el cual se informa del allanamiento de Hacienda y de la Conago de recibir menos recursos, pero que implica para Petróleos Mexicanos un beneficio de aproximadamente 23 mil 228 millones de pesos en flujo de efectivo para 2006.
Dentro del proyecto de dictamen de la comisión, documento que se discutirá hoy en comisiones unidas con la de Hacienda, se aclara que los cálculos sobre los ingresos por los diferentes derechos aplicables a la paraestatal se hicieron sobre la base de un precio de 31.5 dólares por barril de la mezcla mexicana de crudo, a un tipo de cambio promedio de 11.40 pesos por dólar.
El secretario de la comisión, el diputado del PRD Francisco Carrillo Soberón, informó que a pesar de la reducción en los ingresos de la Federación y los estados, la definición final sobre el precio del barril de petróleo mexicano, entre 36 y 37 dólares, permitirá tener un margen de maniobra para atender las necesidades financieras de las entidades y el gobierno federal.
Al término de la reunión de la comisión, Carrillo Soberón explicó que la administración central y los estados asumirán el costo fiscal del nuevo régimen tributario de Pemex, "que es escasamente para un año, porque en 2007 empezarán a recuperarse en sus ingresos; ocurriría lo contrario si se mantiene el régimen vigente, es decir, tendrían un buen año en 2006 y sus ingresos caerían a partir de 2007".
Afirmó que los efectos en la caída de las participaciones a la Federación y las entidades se compensará con el Fondo de Estabilización Petrolera, que se prevé será de entre 34 mil y 46 mil 400 millones de pesos, de los cuales 60 por ciento se destinará a infraestructura física del Presupuesto de Egresos de la Federación, como propuso el PRD desde el inicio de la negociación.
También, Salazar Diez informó que el acuerdo para aprobar el dictamen está prácticamente amarrado, y sólo hay pequeños diferendos en dos puntos: la definición, por parte del Congreso de la Unión, de la plataforma petrolera máxima, y la redacción sobre el gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos.
Al respecto, Carrillo Soberón explicó que la Conago presentó una propuesta para puntualizar el régimen corporativo de la empresa, en el sentido de incluir miembros independientes en el consejo de administración, y constituir un Comité de auditoría.
El legislador perredista planteó que si bien es posible incluir la sugerencia de los gobernadores en el dictamen, no se puede hacer de manera específica, porque forma parte de la nueva legislación sobre el régimen corporativo de Pemex, y se requiere de discusión especializada.
Refirió que respecto de las facultades para fijar los límites máximos de la plataforma petrolera, se presentó una objeción del Ejecutivo, de que se invadirían sus atribuciones. "Sin embargo, consideramos que si se pide al Congreso una explotación mínima y un ingreso mínimo, es congruente que podamos definir las plataformas máximas. Creemos que no se puede echar para atrás, porque ésa es una aportación del Senado, a la que difícilmente renunciaría", comentó.
Asimismo, el proyecto de dictamen considera prudente aceptar la observación del titular del Poder Ejecutivo de ampliar de 5 a 6 años el plazo para aplicar el derecho ordinario sobre hidrocarburos, lo que, sin modificar la tasa, permitiría dar mayor certeza a los flujos de recaudación.