Los legisladores son acusados de recibir sobornos del gobernante Partido del Trabajo

Abre el Congreso brasileño proceso para destituir a 13 diputados

Entre los implicados hay congresistas de diversos partidos, entre ellos el PP y el PFL

AFP

Brasilia, 17 de octubre. El Congreso de Brasil abrió este lunes un proceso de destitución contra 13 diputados acusados de recibir sobornos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Dos parlamentarios que estaban en la lista, Paulo Rocha, del PT, y José Borba, del Partido del Movimiento Democrático, eludieron el juicio porque renunciaron al mandato minutos antes de abrirse el proceso en el Consejo de Etica de la Cámara de Diputados.

Cinco diputados del PT intentaron librarse con un recurso presentado al Supremo Tribunal Federal, que lo denegó este lunes.

Las denuncias de pago de sobornos fueron lanzadas en mayo pasado cuando un ex diputado aliado del gobierno (el único hasta la fecha destituido por el Congreso), Roberto Jefferson, afirmó que el gobernante PT pagó a un centenar de parlamentarios para asegurarse el apoyo al gobierno.

Las denuncias de Jefferson llevaron a la apertura de varias investigaciones simultáneas en el Congreso que revelaron que el PT creó una millonaria contabilidad no declarada, abastecida con préstamos del empresario publicista Marcos Valerio, quien tenía grandes contratos del gobierno.

También se descubrió que varios parlamentarios del PT y de partidos aliados se beneficiaron de esas cuentas no declaradas. El PT aseguró que el dinero se destinó a campañas electorales, considerado un delito menor.

De los diputados amenazados con perder el cargo en el proceso que inició este lunes hay seis del PT, entre ellos Paulo Rocha y Joao Paulo Cunha.

Del resto, cuatro son del conservador Partido Progresista (PP), uno del centrista Partido de Movimiento Democrático (PMDB), y uno del opositor Partido de Frente Liberal (PFL, conservador).

Otros tres diputados ya son procesados bajo las mismas acusaciones, entre estos el ex todo poderoso ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu, quien renunció al cargo debido a la crisis.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien no ha sido personalmente implicado y prometió castigar a los responsables, realizó una profunda reforma ministerial para fortalecer su base de apoyo político, aunque su popularidad resultó golpeada por el escándalo, y analistas destacan que está en duda la posibilidad de que pueda relegirse el próximo año.

De otro lado, unos 122 millones de brasileños acudirán a las urnas el domingo para decidir si ratifican o anulan una disposición legal que prohíbe el comercio de armas y municiones, incluida en un estatuto sobre desarme que entró en vigor en 2003.

La consulta, que representa el primer referendo de la historia reciente de Brasil, generó en las últimas semanas un debate cada vez más maduro, que hoy virtualmente divide en dos al país sudamericano, uno de los más violentos del mundo.