Litigio por expropiación de predio donde se ubica la ENAH
SCJN: debe pagar el gobierno local $40 millones por indemnización
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer al Gobierno del Distrito Federal (GDF) que en los próximos 30 días indemnice con 40 millones 640 mil pesos a los herederos de Angel Veraza Villanueva, quienes reclamaron la expropiación indebida de un predio de 18 mil metros cuadrados ubicado en el Pedregal de Carrasco, donde se encuentra la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
Por unanimidad de nueve votos -dos ministros no estuvieron en la sesión-, el pleno de la Corte determinó modificar el fallo emitido el 11 de octubre de 2004 por la juez federal en materia administrativa, Silvia Cerón, quien en esa ocasión condenó al GDF al pago de 14 millones de pesos por concepto de la indemnización.
Como la resolución de la Corte es inapelable, en caso de que el jefe del Gobierno del DF incumpla la sentencia los ministros estarían en posibilidades de solicitar a la Procuraduría General de la República que ejercite acción penal en su contra por la eventual inejecución de sentencia, lo cual implicaría su destitución del cargo.
Una de las dos quejas resueltas ayer por la Corte era el último recurso jurídico con que contaba el gobierno local para reducir el monto que fijó la juez Cerón. Sin embargo, los ministros determinaron aumentar el monto de 14 a poco más de 40 millones.
Hace 30 años el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Alvarez, decretó la expropiación de los terrenos, por lo que los propietarios se ampararon.
El litigio que los herederos iniciaron contra el GDF tardó varios años en desahogarse en tribunales federales, pero fue a principios del actual gobierno local cuando la juez federal conminó a las autoridades a pagar 176 millones de pesos.
No obstante, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno, se negó a cumplir el mandato judicial con el argumento de que había sido irregular el avalúo del predio. La decisión del ex funcionario lo dejó al borde de un castigo judicial, pero demostró que había una "excusa" jurídica para su desobediencia.
En marzo de 2004 el pleno de la Corte determinó que el primer avalúo fue realizado de manera incorrecta, y por ello concluyó que el desacato de López Obrador fue excusable. En el primer avalúo se había incluido el valor de vialidades y edificios que fueron construidos con recursos públicos, lo cual hubiera significado un "enriquecimiento indebido" en favor de los herederos del predio en litigio.
Tras llegar a esa resolución, los ministros exigieron a la juez que ordenara un nuevo peritaje a partir del valor que tenía el predio en 1975 más la inflación acumulada. Por ello, la juez fijó la indemnización en 14 millones de pesos. Los ministros consideraron que el avalúo ordenado por la juez fue incorrecto y que el cálculo real ascendía a más de 43 millones de pesos, pero debido a que el GDF depositó 2.6 millones al juzgado primero, en 2000, la cifra final que adeuda es de 40 millones 640 mil pesos.