Gobernación fijará la postura, según consejeros; el caso compete al instituto: Bucareli
Confusión en IFE y SG, tras orden de la CIDH para registrar a Castañeda
En el centro de la polémica tras la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que plantea al Estado mexicano adoptar medidas cautelares para registrar al ex canciller Jorge Castañeda como candidato ciudadano, en el Instituto Federal Electoral (IFE) prevaleció ayer la confusión sobre los alcances de esa orden.
El organismo electoral emitió un comunicado en el cual se da por enterado de la notificación realizada mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y señala que acatará lo que en esta materia ordene la Secretaría de Gobernación, a efecto de definir las acciones a adoptar.
Por la mañana, el consejero Arturo Sánchez había planteado que la recomendación de la CIDH no estaba dirigida al IFE como institución, sino al Estado mexicano en su conjunto, toda vez que éste se compone por diversos entes entre los que figuran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o el propio instituto. De ahí que la decisión debía ser acordada "con otras instancias".
A su juicio, el tema a debate no es tanto dar entrada a una candidatura -orden que, por ahora, no hay posibilidad de acatar, porque el registro de candidatos va del primero al 15 de enero-, sino que en el fondo lo que subyace es el hecho de que toda la legislación electoral mexicana está orientada hacia la corresponsabilidad de los partidos políticos, que son quienes reciben las prerrogativas para el financiamiento de las campañas. El sistema, subrayó, está sustentado en los partidos y no en las candidaturas ciudadanas.
No se puede hablar, expuso, de una decisión fácil, pues la complejidad radica en la legislación mexicana y en la imposibilidad de reformarla porque ya ha arrancado el proceso electoral. Sánchez mencionó que los consejeros se reunirían hoy por la tarde para analizar la situación jurídica y los alcances de la resolución.
Ayer al mediodía dijo que Castañeda ya había enviado un expediente de dos cajas que debería ser analizado por los consejerops electorales para fijar una postura.
Por la tarde, la Dirección de Comunicación Social retrasó casi dos horas y media la comunicación oficial sobre la postura del IFE, que finalmente se redujo a un párrafo, en el cual informó que el instituto se daba por enterado de la notificación y que había sido sido informado por el gobierno federal, además de que la Secretaría de Gobernación sería la instancia coordinadora de la respuesta.
Otros consejeros señalaron que la responsabilidad central no compete expresamente al IFE, porque a final de cuentas la entrada que se dio al recurso obedecía a los términos en que México aceptó al firmar la adhesión a la CIDH.
En su caso, el instituto no tendría otra opción que aplicar la ley, por lo que subsanar eventuales contradicciones de la legislación mexicana con las normas internacionales sería competencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En su oportunidad, el consejero electoral Andrés Albo dijo que debe aguardarse la postura que fije el Ejecutivo, toda vez que si bien en este tema hay una responsabilidad compartida de las instituciones del Estado mexicano, es ese poder el que debe fijar una posición. De cualquier forma, anticipó que se actuará de manera coordinada.
Mientras tanto, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe González González, calificó de "válida" la intervención de la de la CIDH en torno a la pretendida candidatura ciudadana del ex canciller Jorge Castañeda.
Aclaró, sin embargo, que será el IFE el que tendrá la última palabra en torno a este tema. De ahí que la recomendación de la CIDH "no representa" la intervención de un organismo internacional en el proceso electoral.
"(La CIDH )no interviene en el proceso electoral, sino que da su opinión con respecto a un derecho. Al que le toca evaluar es al IFE, que es el que registra a los candidatos", dijo.
De igual forma, la SG avala que Castañeda tiene derechos y esperará la resolución final del instituto: "Nuestra posición radica en un total y absoluto respeto a lo que el IFE resuelva respecto a los derechos de Castañeda".
Como se ha difundido, la CIDH ordenó a las autoridades mexicanas el respeto de los derechos políticos del ex canciller mientras transcurre el análisis en torno a la demanda del aspirante presidencial para contender en los comicios de 2006 por medio a partir de una candidatura ciudadana o independiente.
Por la noche, la SG reiteró que serán el IFE y la cancillería las instancias responsables, por ley, de emitir una respuesta en un plazo máximo de diez días a la CIDH.
En un comunicado de cinco puntos la dependencia aclaró que sólo "coadyuvará" al IFE, en calidad de organismo autónomo responsable de los procesos electorales, y a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a cargo de las relaciones de México con otras naciones.
Informó que turnó el documento de la CIDH a la cancillería y al IFE, para que estas instancias respondan lo conducente al organismo internacional. Reiteró que la SG se encarga de las relaciones con los órganos constitucionales autónomos, pero éstos, a su vez, tiene responsabilidades precisas.