El Legislativo mantiene facultad para definir plataformas de producción y exportación
Aprueban en la Cámara dictamen sobre derechos aplicables a Pemex
Objetan estados que con la disposición dejarían de recibir 4 mil millones de pesos
Las comisiones unidas de Hacienda y de Energía de la Cámara de Diputados aprobaron ayer el dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos Aplicables a Petróleos Mexicanos (Pemex), que será incluida para su discusión y votación en la sesión ordinaria de mañana. El acuerdo de los legisladores permitirá destinar a la empresa, incluyendo el impuesto sobre rendimientos petroleros, 23 mil 228 millones de pesos en flujo de efectivo para el próximo año, pero con un costo fiscal aproximado de 18 mil millones de pesos en los ingresos del gobierno federal y de los estados
Sin embargo, la insistencia de los gobiernos de Tabasco, Campeche, Sonora, Chihuahua y de México, para que la Cámara de Diputados garantizara ingresos mínimos por la transferencia de recursos de origen petrolero impidió que el dictamen se turnara, como lo habían acordado las comisiones y la Junta de Coordinación Política, para su discusión en el pleno. La objeción de los gobernadores es que con el nuevo régimen fiscal de Pemex dejarían de recibir 4 mil millones de pesos, aun cuando la Cámara les asignará mayores recursos mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues los cálculos se realizaron a partir de un precio promedio de 31.50 dólares por barril de la mezcla mexicana y a un tipo de cambio promedio de 11.40 pesos por dólar.
Asimismo, las comisiones aprobaron parcialmente las 13 observaciones hechas por el Ejecutivo al régimen fiscal de Pemex, y mantiene para el Congreso la facultad de definir las plataformas máximas de exportación y producción de hidrocarburos y rechazó la petición de incorporar los ingresos adicionales, por el cambio de régimen tributario de la petrolera a la meta de balance financiero.
En el primer caso, los legisladores advierten que mantener para el Congreso la facultad de establecer las plataformas máximas de exportación y producción de crudo permitirá la entrada en vigor del nuevo régimen fiscal de Pemex a la brevedad posible y terminará la indefinición, la cual, independientemente de las razones jurídicas esgrimidas por el Ejecutivo, que siembran dudas sobre la constitucionalidad de dicha facultad para el Congreso, es nociva para las finanzas de la paraestatal.
En el otro punto, si bien las comisiones coinciden con el Ejecutivo en cuanto a mejorar la posición financiera de la empresa, el incluir los ingresos adicionales en la meta de balance financiero no le ayudaría porque no se permitiría a la paraestatal destinar sus ingresos adicionales al pago de deuda o a inversión, que es el espíritu original del cambio de régimen fiscal.
Respecto de las observaciones enviadas por Vicente Fox, las comisiones decidieron ampliar a seis años, como lo sugirió el presidente, el periodo de amortización de las inversiones, originalmente definido para cinco años.
También le dio la razón respecto de la permanencia de los límites de deducción de costos, y se establecerá un programa al respecto, que mejore la eficiencia por parte de Pemex y se mantengan dichos limites por cuatro años hasta 2009 y si en ese momento no se han hecho reformas legales para eficientar y transparentar a la empresa, el Congreso decidirá si los mantiene o si los ajusta a una propuesta de la Secretaría de Hacienda.
También se aceptó la observación de modificar el destino de los recursos en el fondo de estabilización de los ingresos petroleros, punto en el que el gobierno federal defendió que había un exceso en la acumulación de ingresos en dicho fondo y escasez en los recursos presupuestales. Sin embargo, se condicionó que la administración federal pueda tomar recursos del fondo, pero siempre y cuando los destine a gastos de infraestructura primaria y no a gasto corriente.
A pesar de que se le dio la razón de manera parcial al Ejecutivo, el presidente de la Comisión, el panista Gustavo Madero, afirmó que el presidente Fox podría interponer una controversia constitucional en el capítulo relativo a las facultades del Congreso para fijar la plataforma máxima de explotación.