Incurre el gobierno mexicano en desacato al desafiar la orden de la CIDH

Retira PGR protección a abogados cercanos a la extinta Digna Ochoa

La decisión se tomó por la falta de acción penal en el caso, señala la dependencia

BLANCHE PETRICH

A cuatro años del asesinato de la abogada Digna Ochoa, y con una decisión sobre el hecho como "suicidio simulado" por parte del Gobierno del Distrito Federal, tres defensores de derechos humanos -Pilar Noriega, Leonel Rivero y Bárbara Zamora-, que fueron amenazados de muerte en el mismo contexto que lo fue en sus últimos años de vida la litigante veracruzana, tienen aún órdenes de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de que, según determinó este órgano en su resolución de 2004, todavía persisten las condiciones "de riesgo y extrema gravedad y urgencia" para su integridad.

A pesar de que este mandato sigue vigente y es de carácter obligatorio para el Estado mexicano, a mediados de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) retiró de manera unilateral las escoltas de la AFI que custodiaban a Rivero desde el atentado constra su esposa (marzo, 2003), y que vigilaban el despacho de Zamora. Solamente Pilar Noriega, primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conserva aún las escoltas asignadas por la instancia de procuración de justicia en esta capital.

En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno mexicano incurrió en desacato, en abierto "desafío a la competencia" de la Corte; consideró que el retiro unilateral de las medidas cautelares es legalmente "improcedente", y debe ser revertido de inmediato, según un comunicado del secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, emitido el 30 de septiembre.

Minimiza amenazas de muerte

La Corte, a su vez, requirió el 7 de octubre a las autoridades "la continuidad inmediata" de los operativos de protección y le recordó al gobierno su obligación de investigar, identificar y sancionar a los responsables de las amenazas dirigidas en contra de Pilar Noriega, Rivero y Zamora, así como los padres y hermanos de Digna.

A 12 días de este llamado de atención de la Corte Interamericana, firmado por el juez Alirio Abreu Burelli, presidente en funciones, la PGR no ha restituido los escoltas asignados a Rivero ni la vigilancia en torno a las oficinas de Zamora.

Al igual que Bárbara Zamora y varios activistas de organizaciones humanitarias, Leonel Rivero, abogado que litigaba algunos de los casos que llegaban al despacho de Pilar Noriega y Lamberto González, y donde Digna Ochoa laboró pocas semanas antes de su muerte, siguió recibiendo amenazas de muerte aún después del 19 de octubre del 2001.

La cadena de hostigamiento incluye amagos telefónicos en febrero de 2003, un atentado en el cual la esposa de Rivero resultó gravemente herida en marzo del mismo año, nuevas amenazas en marzo de este año (averiguación previa CUH-6T2/403/05-03) y una persecución al automóvil de los escoltas de la AFI asignados a la protección de Rivero la noche del 11 de abril pasado. Todos estos hechos fueron denunciados y tienen abiertas investigaciones penales.

Pese a la falta de resultados en estas averiguaciones, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, informó a la subprocuradora del Distrito Federal, Margarita Espino -en un documento fechado el 26 de septiembre y clasificado "de carácter urgente y reservado"-, que en virtud de que en estas investigaciones se concluyó el no ejercicio de la acción penal -resultado que no ha sido notificado a los afectados-, la PGR retiraba su servicio de protección y le solicitaba a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tomar medidas. Este comunicado es posterior al retiro de la vigilancia en ambos casos.

El 22 de septiembre, cuatro días antes de la carta de Sepúlveda a Espino, cerca de las 10 de la noche, Rivero recibió una llamada de uno de sus escoltas. Le informaba que por órdenes superiores al día siguiente ya no se presentarían a su servicio. Fue un aviso oficioso ya que ninguna autoridad le comunicó oficialmente la determinación de la PGR.

"Creo -dice Rivero en entrevista- que este es un paso al vacío. El gobierno toma las amenazas y agresiones en contra nuestra muy a la ligera. Yo sigo muy preocupado por la seguridad de mi familia y la mía. Mientras los ataques no hayan sido aclarados, mientras el agresor de mi esposa -ya identificado- siga prófugo, nosotros seguimos en peligro. De una vez aviso. No pienso suicidarme ni pienso defenderme por si alguien intenta asaltarme".

En el caso de Bárbara Zamora, ella fue citada en Gobernación, donde Sepúlveda le informó que como su denuncia por amenazas "ya fue enviada al archivo", la PGR no podía seguir "justificando administrativamente" la vigilancia en el entorno de su despacho Tierra y Libertad por parte de miembros de la AFI. "Fue una decisión arbitraria y unilateral", señala la abogada que, entre otros casos, defiende a cinco ciudadanos vascos en proceso de extradición y de los hermanos Cerezo.

El gobierno mexicano ya había promovido, sin éxito, en tres ocasiones levantar las medidas de protección a Noriega, Zamora y Rivero, alegando que, después de cuatro años, "no existe evidencia" de que persista "un riesgo a la vida o integridad personal" de los abogados amenazados.

La CIDH rechazó en tres ocasiones esa petición, indicando que la falta de resultados en las investigaciones sobre las amenazas y el propio deceso de Digna Ochoa crean una situación en la que los abogados "no se encuentran libres de riesgo".

Por ello, informa la comisión, pedirá a la Corte que "ante la gravedad de la situación por el desacato del Estado mexicano" a la "orden de la Corte", este tribunal declare el incumplimiento y cite a las partes a una audiencia de carácter de urgente.

"Sólo la Corte -recuerda la misma instancia- es competente para determinar si ha cesado el riesgo de daño irreparable que constató para ordenar la adopción o levantamiento de medidas".

Ante estas negativas, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una notificación señalando que sólo sabía sobre la "modificación" de las medidas cautelares. Tanto Zamora como Rivero rechazan que se trate de una "modificación" sino de una suspensión unilateral de las acciones de protección, ya que la policía -dice el gobierno mexicano- mantendrá sus "rondines policiacos". En el caso de Zamora, también permanece una cámara de circuito cerrado en su despacho.

Las abogadas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes legales de los defensores mexicanos ante la Corte, sostienen que estas supuestas modificaciones constituyen de facto una suspensión de la protección aun necesaria