La restricción tiene una justificación jurídica que viene desde la Reforma, advierten
Rechazan académicos intento de curas para aspirar a cargos de elección popular
La restricción para que los ministros de culto puedan ser votados tiene una justificación plenamente jurídica, puesto que un Estado democrático constitucional de derecho tiene que garantizar la equidad entre los contendientes y, por lo tanto, nadie que goce de una situación de privilegio -como es el caso de los sacerdotes- debe influir en la orientación política de los ciudadanos, expresó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdova.
El especialista en derecho electoral y constitucional indicó que lo anterior no significa conculcar los derechos políticos de los sacerdotes, ya que ellos pueden aspirar a un cargo de elección popular en el momento en que renuncien a su ministerio.
Por su parte, Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, consideró que en realidad lo que buscan los ministros de la Iglesia católica es ''eliminar una legislación que viene del proceso de Reforma''.
Pero por otra parte hay un sector del Episcopado Mexicano que consideró que los de Pastoral Social le estaban ''tomando la iniciativa'' y los primeros tratan de ganarla. De manera que hay que preguntarse hasta qué punto todo este ruido es una ''estrategia'' para llevar la delantera en este planteamiento.
En entrevistas por separado, Lorenzo Córdova manifestó que independientemente de la justificación histórica, permeada por una larga tradición de conflicto Iglesia-Estado, la restricción para que los ministros de culto puedan ser electos obedece a que todos ellos, sin excepción, ejercen ''un poder ideológico'' sobre aquellos ciudadanos que son sus fieles.
Por lo tanto, gozan de una situación de privilegio como consecuencia de su investidura religiosa, que los coloca en una posición de incompatibilidad con la sana equidad que debe existir entre los contendientes a un puesto de elección. Y así como la ley establece restricciones para éstos, también las impone para otros ciudadanos como los secretarios de Estado, que tienen que renunciar a sus cargos con antelación, recordó.
Respecto al planteamiento de que puedan obtener concesiones en medios de comunicación, recordó que México es un Estado laico, lo que significa que debe garantizar que cualquier individuo pueda profesar la religión que quiera. Y esto se traduce en una "imposibilidad para que el Estado otorgue concesiones a la Iglesia".
En síntesis, lo que se busca es que este poder ideológico no gravite en la base de la convivencia democrática. En una democracia, insistió, los ciudadanos deben orientar sus decisiones de manera libre y autónoma, y si hay alguien que les sugiere desde una posición de autoridad, como la de un cura, se tiene entonces una voluntad heterónoma, lo que es contrario a los valores democráticos.
Por su parte, Elio Masferrer, especialista en temas religiosos, señaló que el derecho canónico prohíbe a los sacerdotes tener cargos de elección popular y de carácter político. Y la limitación vigente para que puedan ejercer esos puestos viene de 1857 y de la Constitución promulgada en 1917, por lo que consideró que la polémica se debe insertar en ese contexto.
El profesor-investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) precisó que sus encuestas realizadas en 1997, 2000 y 2003, arrojan que, en general, la población no está de acuerdo con que los ministros de culto participen en cuestiones electorales.